Según establece el escrito, esta asociación fue creada antes de la mediatización del caso de Silvia Idalia pero se utilizó posteriormente para hacer presión a CEME obteniendo a cambio una contraprestación económica. Es la razón por la que, ahora, el juez ha imputado por extorsión a cuatro de las mujeres supuestamente afectadas.
Esta actuación judicial llega después de que trascendiese, ya hace semanas, y según establece un informe pericial, que la muerte de Silvia fue causada por una infección “ajena a la clínica” y que “no hubo mala praxis".
Las ahora imputadas “amenazan incluso, no con una demanda judicial, sino con comentarios negativos sobre la clínica y quieren como contraprestación una indemnización de más de 30.000 euros”. El hecho es que la base para que el juez haya procedido contra este grupo de supuestas afectadas está en conversaciones de whatsapp, reseñas negativas en Google y llamadas telefónicas, que podrían tener como resultado una calificación de delito de extorsión.
Igualmente, la autoridad judicial ya conoce los perjuicios causados a la clínica por las acciones que habrían producido las mujeres miembros de esta 'asociación': “Varias mujeres, después de acceder al Instagram de las afectadas de CEME han cancelado su cita. Incluso una paciente nos ha manifestado que 'la estaban presionando para que no se operara' con nosotros”.
Desde la clínica se confía en que los tribunales pongan fin a una campaña que tiene un impacto directo e inmediato en forma de daños y perjuicios a la compañía, que acumula años de éxito y experiencia contrastada, a través de profesionales altamente cualificados, en un sector tan sensible a la rumorología.
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