Tras una década de intervenciones estéticas de toda índole, desde operaciones faciales, de pecho o injertos capilares, Clínica CEME, constituida en 2013 y con la amplia experiencia de su veterano y cualificado equipo de profesionales, ha tenido que salir al paso, como ha trascendido en los últimos días, de las actuaciones presuntamente extorsionadoras protagonizadas por un pequeño grupo de personas supuestamente afectadas por mala praxis, o así lo denuncian. Las actuaciones judiciales que ha emprendido CEME no sólo se basan en acciones de presunta extorsión de este grupo de mujeres, sino que en el escrito se denuncian hechos que podrían ser constitutivos de delito de descubrimiento y revelación de secretos y de un delito de presentación de testigo falso en juicio en grado tentativa del artículo 461 el Código Penal.
De otro lado, y como igualmente acreditan los propietarios de la clínica ante la Administración de Justicia, de este grupo de ex pacientes o alguna de sus integrantes nació la iniciativa de ‘comprar’ a una ex empleada de CEME, perfectamente identificada, para que declarase según los intereses dictados ante un tribunal.
De hecho, fue precisamente esta trabajadora quien se puso en contacto con la dirección del centro estético para alertar de que incluso a través de Instagram se estaban haciendo esos contactos, que ella había rechazado, a pesar de que se le ofrecía dinero a cambio de su testimonio.
Por si la gravedad de los hechos presuntamente perseguibles fuese poca, CEME ha denunciado que en concreto se le ‘cada una de las supuestas afectadas ha llegado a reclamar 30.000 euros, sin justificación, a cambio de autodisolverse y borrar cualquier rastro de comentarios negativos en Google.
El centro estético ya ha puesto en manos de la Justicia nombres y apellidos de quienes estarían liderando en las últimas semanas una campaña que ya ha producido acreditables daños y perjuicios a sus propietarios. Está por ver hasta qué punto, y a qué ritmo, avanzará la investigación.
Si (
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