A pesar de que no hay datos, los expertos consideran que más del 70% de las empresas de 250 trabajadores o más cuenta con este canal, pero el porcentaje cae de forma importante cuando se analizan las casi 12.000 empresas con plantillas entre 50 y 100 personas. No más del 20% de las empresas medianas de menor tamaño cuentan con este tipo de canal.
Desde el legislativo han respondido al expediente sancionador abierto por las autoridades europeas por el retraso en la aplicación alegando que el mismo se debe a que para activar la creación de estos canales deben modificarse diversas leyes: la de jurisdicción contencioso-administrativa, la de prevención de blanqueo de capitales, la de financiación del terrorismo, la de contratos del sector público y la de protección de datos.
A lo largo de 2022 muchas empresas han iniciado los trabajos para crear estos canales de denuncia que deben garantizar confidencialidad, ausencia de represalias, accesibilidad y facilidad de uso, formación a los empleados sobre el uso del canal, derecho del informador a saber los resultados de su denuncia y conservar los documentos. Además, los procesos abiertos mediante el canal de denuncia tendrán un plazo máximo de resolución.
En este sentido, Enric Vilamajó, CEO de Winterman, consultora de investigación corporativa, inteligencia y seguridad, que lleva ya más de 80 canales implantados y gestiona luego junto a los gabinetes de compliance las denuncias que se reciben, afirma que: "El canal de denuncias es un elemento diseñado para promover el comportamiento ético en las empresas y facilitar el debido control interno a sus propietarios y directivos. Es un medio para asegurar que cualquier persona tenga a su disposición un instrumento que le facilite la revelación de posibles infracciones o irregularidades que puedan estar ocurriendo en su empresa o entorno de trabajo”.
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