“Lo único que ha provocado es que los propietarios de viviendas sufran esta pérdida al habérseles trasladado un prejuicio que debería haber sido asumido por el Gobierno”, explica la abogada, quién también pone en duda la efectividad de las propuestas que plantea el Gobierno de aumentar su intervencionismo mediante, por ejemplo, la creación de zonas tensionadas.
“No son soluciones nuevas, de hecho, en Cataluña se han aplicado y se ha demostrado que en vez de incentivar el mercado lo ha perjudicado. Intervenir el mercado no es la solución, la clave pasa por incentivarlo y ayudar a que todo el mundo pueda tener una vivienda digna, a través de políticas públicas y no a costa de los particulares”, asegura.
Incentivos fiscales y un mayor parque de viviendas
Para la experta, el principal problema reside en la falta de estímulos que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler. Así, Goenaga sugiere que la Administración opte por una serie de “incentivos fiscales”, que pueden ir desde asumir el alquiler hasta desgravaciones fiscales, como los que plantea el Gobierno sobre el IRPF de los arrendadores.
“Del mismo modo, también son necesarias medidas de agilización de los trámites cuando el inquilino deja de pagar un inmueble o bien cuando se produce una ocupación. Esto es algo que no sucede en la actualidad y un motivo por el que muchos propietarios deciden no alquilar”, detalla la abogada.
Por último, la abogada de Círculo Legal Barcelona apunta también a la falta de inversión para aumentar el parque público de viviendas, que en la actualidad representa a penas un 2% del total. “Uno de los derechos que garantiza la Constitución es el derecho a la vivienda y, por tanto, aquellas personas vulnerables que no pueden acceder al mercado inmobiliario en condiciones normales deben ser ayudadas por la Administración, y qué mejor forma de hacerlo que con un parque público potente”, concluye.
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