El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida dispuso esta prórroga, aludiendo a las dificultades de los transportistas para renovar los vehículos por las demoras para la fabricación de vehículos industriales debido a la pandemia, la escasez de microchips a la guerra de Ucrania, excusa esta de la guerra que emplea para todo de forma indecente, y a las dificultades económicas por la inflación, a través de una enmienda en la ordenanza de Limpieza que se aprobó en el pleno municipal del pasado mes de diciembre.
Ante esta moratoria el grupo Municipal de Mas Madrid, siempre pendientes de ayudar a los pequeños empresarios, recurrió la moratoria a los vehículos industriales con etiqueta B para que entraran en el Centro de la ciudad, que fue aprobada con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. La enmienda que introducía una disposición final cuarta en la ordenanza de Movilidad Sostenible y que cristalizaba la moratoria a los vehículos de mercancías, algo que desaprobaron desde las formaciones de izquierda por ser los vehículos B contaminantes y por el modo en que se aprobaba la prórroga.
El grupo liderado por Rita Maestre argumentaba que ampliar durante todo el año 2023 la entrada de las furgonetas “B” de mercancías suponía un paso atrás en materia ambiental de los estándares establecidos en la ordenanza de ZBE.
Pero en el auto en el que rechaza adoptar medidas cautelares contra la ordenanza, el TSJM no entra en el fondo de la cuestión. El TSJ añade en el auto, “no se disminuye el nivel de protección alcanzado, sino que se mantiene la situación preexistente con anterioridad, de manera que no se produce una disminución de la calidad del aire, ya que los vehículos con distintivo ‘B’ no tenían prohibida la entrada en el Distrito Centro con anterioridad”.
Por otro lado, el TSJM considera que la defensa letrada del Ayuntamiento “ofrece unas razones que son evidentes y conocidas en la actualidad, como son el retraso en la entrega de vehículos, o la crisis generalizada en los suministros de materias primas”.
El TSJM concluye considerando que “debe prevalecer el interés general que representa el cumplimiento de la norma aprobada por la administración municipal, que coincide además con el de los ciudadanos que, con menores recursos económicos, pueden tener mayores dificultades para la adquisición de otros vehículos en sustitución de aquellos a los que se prohíbe el acceso”.
Ahora el grupo Mas Madrid puede recurrir este auto en el palzo de cinco días, independientemente que una vez que el TSJ falle le de la razón.
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No(
