Según el acuerdo aprobado el miércoles en el Congreso, Navarra recibirá el 1,6% del total de los ingresos que estos nuevos gravámenes temporales generen en España entre 2023 y 2024. Es más, la Comunidad foral contará con competencia para gestionar íntegramente la definición y la gestión de las ayudas estatales que vengan financiadas por la recaudación de ambos impuestos.
Por su parte, el Congreso también ha aprobado el Concierto Económico con el País Vasco y el Cupo para el próximo quinquenio, también con los votos en contra de Ciudadanos y Vox, que han calificado el procedimiento como “estafa” y “chantaje”. Según lo estipulado en la Comisión Mixta del 27 de diciembre entre el Gobierno de España y el del País Vasco, las Haciendas vascas, de un modo similar a lo que ocurre en Navarra, podrán gestionar nuevos gravámenes especiales: el impuesto sobre los Envases de Plástico no Reutilizables y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. En aquella Comisión de diciembre también se acordó que el índice de imputación sea del 6,24%, además de aprobar que la aportación provisional del País Vasco al Estado durante este año base será de 1.472 millones de euros (una cantidad parecida a la desembolsada el ejercicio anterior). Estas órdenes se aplicarán a lo largo del quinquenio entre 2022 y 2026.
Sin embargo, en este cupo base no se trata como carga asumida la valoración de las políticas activas de empleo, que actúan cada año como compensación del cupo líquido a pagar al Estado.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que el Concierto y el Convenio con el País Vasco y Navarra son partícipes "de la pluralidad de España". No obstante, Pilar Garrido, diputada de Podemos por Guipúzcoa, ha echado en cara a los socialistas que "no se puede ser constitucionalista a ratitos".
Por su parte, Mertxe Aizpurua (EH Bildu), se ha mostrado afín al acuerdo llegado. Sin embargo, opina que este Cupo sigue exigiendo demasiados millones a los ciudadanos.
Idoia Sagastizabal, portavoz del PNV, ha señalado que Vox y Ciudadanos han llevado a cabo "apelaciones injustas" que "demuestran su desconocimiento y poco rigor". Para demostrar la seriedad del sistema, afirmó que “está amparado en la Constitución y ha sido avalado por la Unión Europea".
Carlos García Adanero, que fue expulsado de UPN por no seguir la disciplina de voto de su partido en la votación de la reforma laboral, ha identificado el acuerdo como legal y constitucional. En cambio, Joan Baldoví (que se abstuvo en la votación), de Compromís, ha pedido un sistema de financiación renovado que tome el lugar del actual, que es "injusto, arbitrario y abusivo".
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