A eso, añade la AP que el análisis de las diferentes denuncias ni siquiera permite entender la existencia de indicios racionales criminalidad, de un delito de lesiones imprudentes y/o estafa, conforme se expresan en denuncia las integrantes del colectivo de supuestas víctimas. La propia Fiscalía había interesado la no acumulación de las diligencias.
El pasado mes de agosto, la asociación que conformaron varias pacientes aprovechó la trágica situación de Silvia Idalia para hacer presión al centro del que es dueño Rafa Tena. Así, se imputó por extorsión a cuatro de las supuestas afectadas por CEME que exigían, para no denunciar a la clínica, significativas cantidades de dinero.