El porcentaje más elevado de las denuncias recibidas están relacionadas con la corrupción y el conflicto de interés. Empleados que montan empresas de la misma actividad que sus empleadores para ir desviando clientes hasta que consolidan ilícitamente la continuidad y en ese momento crean situaciones laborales insostenibles para forzar despidos y así acabar de capitalizar la nueva empresa.
Seguidamente se encuentran aquellas que hacen referencia a los actos de corrupción de responsables de departamentos de compras. En estos casos, empleados con gran capacidad de aprovisionamiento crean empresas interpuestas a las que asignan los pedidos con un importante sobrecoste actuando solo como intermediarios. También son habituales las denuncias sobre robo de información confidencial y acoso.
La Directiva Whistleblowing entró en vigor en diciembre de 2021 pero España no ha tenido la normativa adaptada hasta ahora. En este sentido, Enric Vilamajó, CEO de Winterman, afirma que: "las empresas han tenido margen para poner en marcha el canal de denuncias, que es una obligación. El reto ahora no es la implantación si no la gestión de estos canales de denuncia que deben garantizar confidencialidad, ausencia de represalias, accesibilidad y facilidad de uso, formación a los empleados sobre el uso del canal, derecho del informador a saber los resultados de su denuncia y conservar los documentos. Además, los procesos abiertos mediante el canal de denuncia tendrán un plazo máximo de resolución".
Según datos del INE de 2022, en España existen aproximadamente 24.700 empresas con más de 50 empleados que están obligadas a contar con un canal de denuncias. El no cumplimiento de la ley puede acarrear sanciones económicas con multas de entre 1.001 euros (infracciones leves) y hasta un millón en los casos más graves.
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