Es un desastre redondo. No. No se trata de una regulación de un mercado que ya de por sí lo está. Se trata de aplicar la receta matemática del desastre, de forma increíble, produciendo efectos exactamente distintos y opuestos a los anunciados. Pero, por si fuera poco, y trascendiendo a las personas, los experimentos que normativamente se pretenden sacar adelante significan un ataque frontal a la propia libertad de empresa de las más de 55.000 agencias inmobiliarias que hay en nuestro país, generando éstas de forma directa más de un cuarto de millón de puestos de trabajo.
¿Qué sentido tiene incluir las políticas de acceso a la vivienda en el cogollo de un plan de ‘Recuperación, Transformación y Resiliencia’? ¿A cuento de qué, de golpe y porrazo, parecen haberse descubierto -para automáticamente ser estigmatizadas- las denominadas, en clave cursi, ‘zonas tensionadas’? ¿Qué demonios pinta, en un Estado democrático y de Derecho, en la Europa desarrollada del siglo XXI, un gobierno estableciendo oficial e indiscutiblemente un ‘índice de referencia de precios’, de nuevo con sus correlativas clausulas y tasadas agresiones para los propietarios?
El fracaso del gobierno de España, durante toda una legislatura, a la hora de reordenar el mercado inmobiliario, es tan clamoroso como innegable. Y, por desgracia y de forma muy previsible, está teniendo como continuación el lanzamiento, de manera precipitada y arbitraria en su esencia, de una serie de ocurrencias (cuesta catalogarlas de ‘medidas’) que sólo traerán desconcierto y problemas por doquier. Pierde la libertad y avanza el populismo, que tiene las patas muy cortas pero que genera deplorables estragos en su atolondrado avance. Deberemos frenarlo cuanto antes.
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