Con el fin de establecer una práctica judicial unificada, el Tribunal Supremo y el Tribunal Económico Superior se han fusionado en el Tribunal Supremo de la República de Uzbekistán como autoridad judicial suprema única en procedimientos civiles, penales, administrativos y económicos. Se ha introducido un nuevo procedimiento de selección y nombramiento de candidatos a puestos judiciales, que sirve para garantizar la verdadera independencia del poder judicial. Se amplió la institución del habeas corpus para aumentar la confianza pública en el sistema judicial y se reforzó el control judicial sobre las investigaciones. La transferencia al tribunal de la facultad de imponer medidas preventivas en forma de prisión preventiva o prórroga de la detención fue el primer paso en esta dirección, y las reformas se aceleraron en los años siguientes.
También se han transferido a los tribunales una serie de competencias de la fiscalía. Con el fin de acelerar el proceso judicial, mejorar su calidad, eliminar los retrasos injustificados a la hora de dictar sentencias definitivas en los casos y reforzar el papel de los tribunales en los procesos penales, se ha abolido la institución de la devolución de los casos penales a los tribunales para que continúen investigando.
La institución de la conciliación en los procedimientos penales se ha ampliado y es aplicable en todas las fases de los procedimientos judiciales. Se han introducido las instituciones de las audiencias judiciales preliminares, las audiencias preliminares en los tribunales civiles y económicos, los procedimientos simplificados y la mediación.
En los últimos años también se han realizado importantes esfuerzos para reforzar el marco legislativo, organizativo y jurídico de protección de los derechos humanos, aplicar las normas internacionales en la legislación nacional y cumplir las obligaciones internacionales.
El periodo de detención de personas sospechosas de cometer un delito se ha reducido de 72 a 48 horas, y el periodo máximo de detención y arresto domiciliario, así como de investigación preliminar, de un año a siete meses.
Se han introducido mecanismos eficaces para prevenir la comisión de actos que impliquen el uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y para reforzar la responsabilidad por tales actos. Se ha establecido la responsabilidad penal por la falsificación de pruebas y el uso de pruebas obtenidas ilegalmente.
Además, para reducir la excesiva implicación de los ciudadanos en los procesos penales y acortar los procedimientos en casos no complicados, se ha introducido la institución de la negociación de los cargos y la condena, que se concluye en casos de delitos que no suponen un gran peligro público, delitos menos graves o graves, con un fiscal sobre la base de una petición de un sospechoso o acusado que ha aceptado la sospecha o el cargo que se le imputa, ha contribuido activamente a la detección del delito y ha compensado el daño causado.
En el marco de las reformas institucionales en curso en el ámbito judicial y jurídico, se han adoptado amplias medidas para crear condiciones favorables para los presos condenados y en activo, respetar sus derechos y libertades, así como su honor y dignidad.
Por razones humanitarias, se han cancelado las restricciones al derecho de los familiares a visitar a los presos menores de edad. Se ha establecido un procedimiento especial para las visitas de reclusas con hijos y se ha aumentado el número de visitas y llamadas telefónicas de los reclusos.
Al mismo tiempo, el hecho de que se haya establecido un sistema de amnistía y de que se mantenga de forma sistemática demuestra que las reformas que se están llevando a cabo en el país están en plena consonancia con los principios de humanidad.
Gracias a esta política, el número de presos se redujo a la mitad en poco tiempo. Como resultado, seis mil personas que cumplían condena tuvieron la oportunidad de estar bajo el control de su mahalla y con sus familias. Más de veinte mil ciudadanos han sido retirados de las "listas especiales". Se han revisado conceptualmente los enfoques de la aplicación de las medidas de lucha contra el extremismo en Uzbekistán.
En octubre de 2020, Uzbekistán fue elegido por primera vez miembro del Consejo de Derechos Humanos, uno de los principales órganos de las Naciones Unidas. Se trata de un reconocimiento internacional de que los derechos humanos y las libertades están garantizados en nuestro país. El Departamento de Estado de Estados Unidos también anunció la retirada de Uzbekistán de la Lista Especial de Seguimiento de las Libertades Religiosas.
Estas reformas permiten elevar las actividades del sistema judicial del país a un nivel cualitativamente nuevo, garantizar la protección fiable de los derechos, libertades e intereses legítimos de los ciudadanos y reforzar la confianza pública en la justicia.
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