Degradación democrática, imposturas y descredito constitucional

Impostura política, parlamentaria e institucional

Alguien se imagina algún otro Estado europeo secuestrado por un partido que cuestiona la Constitución, que pretende segregar su integridad territorial y derogar la Monarquía parlamentaria como forma de gobierno. Ítem más, ¿algún presidente comunitario formaría un ejecutivo sustentado por un prófugo de la justicia tras haber violentado la ley, exigiendo una amnistía para sí mismo y los condenados por proclamar un “Estado independiente en forma de República” que pretenden refrendar con otra consulta popular?

Semejante impostura política, parlamentaria e institucional está a punto de fraguarse con el beneplácito del partido perdedor de las elecciones, junto a las cinco formaciones 'progresistas' y 'plurinacionales' que negocian contra reloj la investidura del candidato Pedro Sánchez, tras su desprecio también al líder del partido ganador, Núñez Feijóo. Desde tiempo inmemorial, nuestra agrietada piel de toro ha visto pasar por sus instituciones todo tipo de personajes autoritarios, histriónicos, estrambóticos, títeres, déspotas, e incluso embaucadores ávidos de poder que, afortunadamente, no consiguieron eclipsar la dignidad y honradez de gobernantes que, junto al pueblo, supieron apuntalar la democracia.

Recesión democrática y voladura de Montesquieu

La encrucijada que de nuevo vive el país, con un parlamento coaccionado por Puigdemont, vuelve a tensionar la vida pública al exigir la desjudicialización de los desmanes políticos que pretenden acabar con el principio de igualdad ante la ley y, lo que es peor, dinamitar el equilibrio de poderes consagrado por Montesquieu, en beneficio del poder Ejecutivo subyugando al Legislativo y Judicial.

Ante semejante realidad, no son pocos los que advierten del peligro de una recesión democrática, o post democracia, que el catedrático Juan Pablo Fusi describe como “democracia sin moral, en la que lo único que cuenta es el asalto al poder mediante la pura aritmética parlamentaria”. Algo que el reconocido historiador considera “legal, pero no ético”, al “no interesar ni valores, ni principios, y donde parece haberse perdido todo sentido de Estado y de nación”.

Decenas de ex ministros y ex altos cargos socialistas se han movilizado también para denunciar el traspaso de líneas rojas constitucionales y el giro de un partido que en su opinión ha dejado de representar “los intereses de la mayoría de los españoles”. La actitud del “viejo” Psoe contrasta con el renuncio de once ministros actuales, e incluso el Presidente, que en los últimos meses se oponían a la medida de gracia con rotundidad – “no está reconocida" (Marlaska), “no es posible en ninguna democracia” (Calvo), “no entra en la Constitución (Sánchez) -y ahora negocian para posibilitar su investidura.

Hasta la más alta magistratura judicial, el Tribunal Supremo, alerta de que la amnistía abre un boquete “irreparable en el Estado de Derecho", "vulnera la igualdad entre españoles" y "legitima el intento de secesión".

Imposturas y osadías en el Parlamento

La ‘osadía’ de Feijóo de intentar la investidura siendo el partido más votado (8 millones) y con mayor número de escaños (137), contrasta con el primer intento de Sánchez de acceder a la Moncloa en 2016, con apenas 90 diputados y el único apoyo de Ciudadanos (40). La abstención de Coalición Canaria, no impidió entonces una votación en contra del resto de la cámara (219 diputados) que hicieron decaer las aspiraciones del entonces candidato.

Siete años después, el presidente del Gobierno en funciones ‘consiente’ a regañadientes -por imposición constitucional del Jefe del Estado- que el líder del partido ganador se someta a una investidura testimonial en busca de los cuatro escaños que le faltan para gobernar. La soledad parlamentaria de Feijóo, apoyado solo por Vox, UPN y CC, hacen imposible el concurso del nacionalismo vasco y catalán -trasmutados hoy en soberanismo secesionista- que sostienen desde a hace 30 años los gobiernos de la nación.

Desde 1993, tanto PNV como la entonces denominada Minoría Catalana (Convergcia i Unió) engullida por Pujol -imputado hoy por asociación ilícita y blanqueo de capitales-, han venido sosteniendo el bipartidismo socialista y popular de manera invariable a cambio de jugosas prebendas. La excepción fue el voto del diputado canario, Luis Mardones, que salvó la perdida mayoría absoluta de Felipe González en 1989, a cambio de mejorar las carreteras, aeropuertos y subvencionar al transporte.

Durante tres décadas, la costumbre se ha convertido en cuasi consuetudinaria para investir al presidente del Gobierno de turno sin la mayoría suficiente, a cambio de exigencias partidistas, financieras o económicas de las formaciones que apoyan su acceso al poder.

Históricas prebendas como la cesión del 15% del IRPF a las autonomías, el traspaso de todo tipo de competencias como tráfico, prisiones y puertos (Pacto del Majestic), sistema de Financiación a la carta, nuevo Estatuto Catalán o incluso el ‘cuponazo’ vasco, dan paso hoy a la exigencia del indulto a los condenados del ‘procés’, derogación de la sedición y hasta la reforma del delito de malversación.

Ventanilla de exigencias

Cinco formaciones (ERC, JUNTS, PNV, Bildu y Bng) hacen cola en la ventanilla socialista en previsión del fracaso de la investidura del candidato popular a la presidencia del Gobierno (26 y 27-S), para negociar las condiciones de su apoyo al candidato Sánchez. La lista de exigencias del pentapartito plurinacional que apoyara la segunda edición del gobierno Frankenstein serán más que difíciles de cumplir sin vulnerar la Constitución, además de ser consideradas como una especie de botín por parte de la derecha. A saber:

• Dentro de Sumar, En Comú y Compromis, apuestan por buscar encajes para el referéndum catalán, condonar la deuda de la Comunidad Valenciana y nuevo sistema de financiación autonómica.
• El PNV pide negociar un nuevo modelo territorial, acelerar el ‘AVE vasco’y gestionar la Seguridad Social.
• Bildu incluye un nuevo modelo territorial, beneficios para los presos etarras, reconocimiento de Euskal Herria como nación, blindar el euskera y acelerar el traspaso de competencias.
• ERC reclama un Referéndum de autodeterminación, compensar el déficit en infraestructuras, traspasar las Rodalias y el aeropuerto de El Prat, y condonar la deuda autonómica.
• JuntsXCat propone un nuevo estatuto de autonomía, amnistiar a los presos del procés, uso del catalán en el Congreso y celebrar un referéndum para resolver el ‘conflicto político’ con Cataluña.
• BNG pide fortalecer el autogobierno y caminar hacia un nuevo estatus político para Galicia.
• Coalición Canaria incluye reformar la financiación autonómica, mejorar el estatuto de autonomía y crear una comisión para tratar la cuestión migratoria.

La sangre de Puigdemont

El ex presidente del Generalitat, huido la Justicia en Waterloo, tiene hasta dos meses para negociar la “sangre” que exige para facilitar la continuidad de Sánchez en la Moncloa. Aunque la proclama socialista es no transgredir la Constitución, Puigdemont mantiene una amnistía para los dos centenares de encausados del "procés", y no únicamente un indulto personal anticipado, a beneficio de inventario, con la pretensión de que “solucionar el problema político requiere solventar el judicial que nunca debió de judicializarse”. La formación soberanista está dispuesta a presionar con la amenaza del bloqueo, y de no desaprovechar la oportunidad de poner un precio de máximos a la investidura mediante la consulta popular.

Grupos parlamentarios de ERC y Junts

El independentismo de ERC y JxCAT ha conseguido ya la valiosa prebenda de tener grupos propios tanto en el Congreso como en el Senado, lo que significa más protagonismo, mayor presupuesto y visibilidad. La calderilla del apoyo a la investidura llegará en forma de subvención fija de 30.000 € al mes, más 1.700 por cada diputado, además de 15 a 30 minutos de intervención en los grandes debates y mayor capacidad de presentación de iniciativas y preguntas al gobierno.

Ambas formaciones, sortean el incumplimiento de los requisitos reglamentarios con la ayuda de Psoe y Sumar, que prestan dos diputados a cada una de las formaciones, al no alcanzar el 15 % del voto en sus respectivas circunscripciones, ni el 5% nacional. Tanto PP como Vox lo consideran un ‘faude de ley’ por lo que han presentado el correspondiente recuro interno. Más esperpéntica es la situación en la cámara alta, donde tampoco cumplen los requisitos PNV y Sumar pendientes de ser auxiliados por los socialistas, mientras extraños compañeros del hemiciclo como JUNTS y Coalición Canaria comparten grupo parlamentario por segunda vez para subsistir.

Luis Carlos Ramírez

• Periodista (Licenciado en CC. de la Información por la Universidad Complutense y Diplomado en Comunidades Europeas por la Escuela Diplomática (1980).
• Secretario general y Fundador de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) (1993).
• Cronista parlamentario de El Siglo y del semanario económico El Nuevo Lunes.
• Co-director de la Revista exparlamentarios.es. (ex Diputados y ex Senadores de las Cortes)
• Director editorial de Expresióneconomica.org y co-editor de Portal Electoral.com.
• Colaborador revistas las Cambio 16, Tiempo y Panorama
• Cronista Parlamentario RNE y TVE (1986-2006), Director de RNE Castilla-La Mancha, Director de Emisoras Territoriales y Director de Programas y Emisiones RNE.

Profesor de periodismo de la Universidad del Sur de Mississippi (campus de Madrid) y del Máster de periodismo de RNE.

Director de cursos académicos en las Universidades de Madrid, Navarra, Valencia y Extremadura. Co-director de los cursos Parlamento y Constitución (2003), Parlamento, Elecciones y Medios de Comunicación (2004), Democracia versus terrorismo (2005) y Constitución y Reforma Electoral (2006) en la Universidad Complutense de verano de El Escorial (Madrid).

Director de los cursos en la Universidad Rey Juan Carlos, sobre La España autonómica (2007), Estado de las autonomías (2008), Los políticos ante la Opinión Publica (2009), El Estado en tiempos de crisis (2010), El parlamento y la calle (2011), Constitucionalismo: 200 años después de Cádiz (2012), Ciberparlamento y democracia digital (2013), Estado y sociedad frente a la crisis y la corrupción (2014), Presente y futuro de la Sanidad (2014), El año en que España decide (2015), Constitución, Modelo Territorial y Financiación (2018), Del bipartidismo a la España diversa (2019), De la pandemia a la recuperación económica y social (2021), Parlamento y sociedad en tiempos de crisis y polarización (2022) y Elecciones, gobernabilidad y desinformación (2023).