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El coste de la investidura para Puigdemont

El prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont.
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El prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont.

· Solitamente al analizar el esquizofrénico panorama político de estos días dirigimos nuestras miradas hacia la Moncloa y su inquilino en funciones a pesar de que el modus operandi de Pedro Sánchez sea más que conocido.

sábado 28 de octubre de 2023, 08:36h
Los notorios “cambios de opinión”, eufemismo calibrado y mediatizado por él mismo y su guardia pretoriana en surrealistas apariciones televisivas y radiofónicas, se suceden de forma interrumpida para quitar trascendencia al escándalo anterior y posibilitar su caída en el olvido. Estrategia que solivianta a Felipe González, Alfonso Guerra, José Luis Corcuera y otros históricos de la formación, y sólo justifica el anodino José Luís Rodríguez Zapatero con razonamientos y argumentaciones espurias que harían palidecer a cualquier docente medianamente formado.

Pero el secretario general del PSOE – más bien convertido en Partido Sanchista (PS) – ni mucho menos es quién más se está jugando el futuro político a corto y medio plazo. Las negociaciones para facilitar la investidura y la renovación del proyecto Frankenstein “terminaron a mediados de agosto”, detalla uno de los asesores de EH Bildu. La coalición liderada por Arnaldo Otegui es la que mejor ha entendido las artimañas del actual gobernante rentabilizándolas de cara a las autonómicas vascas de 2024. Fíjense en la instantánea que retrae al mismo Sánchez, el consejero áulico Santos Cerdán y Mertxe Aizpurúa, actual portavoz de Sortu y condenada por apología del terrorismo.

Como señalado, alea jacta est y desde entonces los firmantes maniobran para fabricar un producto ad hoc y lograr venderlo a su electorado sin causar revuelos internos. Una fuente de total solvencia de RTVE sugiere que la investidura de Sánchez “se televisará a mediados de noviembre” y los hechiceros de cada partido se afanan para distribuir el brebaje mágico que anestesie a los discrepantes.

Sin lugar a duda quién más trajina entre fogones es Carles Puigdemont. El gerundense se enfrenta a una complicada disyuntiva: seguir alimentando el mito del David catalán que se enfrentó al Goliat estatal y atrincherarse en el chalet de Waterloo o aprovechar la cábala electoral y regresar sin haber conseguido ninguna de las exigencias planteadas en una delirante alocución el 5 de septiembre. Desde entonces todo parece jugar en su contra.

La decisión univoca de liquidar la Asamblea de Representantes del espectral Consell de la República (CdR), chiringuito personal disfrazado de órgano fiscalizador, indignó a una tercera parte de sus miembros. Para aquietar a los discrepantes el prófugo les emplazó a votar a favor o en contra del reajuste bicameral. La participación fue mínima, alrededor de un 7%, y el resultado por mayoría absoluta validó la reestructuración orgánica.

Sin embargo el núcleo disidente no se dio por vencido e impulsó una moción para votar en contra de la investidura del líder socialista al reunir el número suficiente de avales que marca el reglamento interno. Los partidarios del bloqueo se impusieron por goleada en una consulta en la que tan solo participó el 4,4% del censo. Ninguno de los dos resultados era vinculante, pero que se homologara el primero e ignorara el segundo es más que llamativo.

Según uno de los asesores del fugado, el CdR se impulsó para “centralizar la fase de internacionalización” y “actuar fuera del ordenamiento legal español”. El experimento ha fracasado por las reticencias de ERC a someterse al dictamen de un organismo externo y tampoco encandiló a los antisistema de la Candidatura de Unidad Popular (CUP). En un primer momento dieron el visto bueno la ANC y Demócrates de Antoni Castellà, pero los tonos altivos de Toni Comín, segundo de bordo, ocasionaron más que un disgusto a los responsables de la plataforma separatista. “Pretendieron fagocitarnos y que la Asamblea trabajara exclusivamente para ellos”, detalla un ex miembro del Secretariado Nacional. En 2018 causas similares desbarataron el proyecto de la Crida impulsado por el historiador Agustí Colomines y otros pesos pesados de JxCat.

Las formas dictatoriales de la ejecutiva en Bélgica han provocado el malestar de quienes integran los consejos locales, núcleos operativos en Cataluña, y de algunos representantes en el extranjero que han optado por darse de baja. Tampoco se ha disparado el apoyo social. El número de afiliados al CdR nunca ha superado los cien mil. Números decepcionantes y alejados de las expectativas iniciales de rebasar el millón de inscritos. Cuantía que hubiera asegurado a Waterloo un importante y continuado sostén económico al pagarse un mínimo de 10 euros por cada adhesión.

A menos de un mes de la obligada convocatoria electoral Puigdemont necesita argumentos para justificar su eventual regreso y evitar que el sector más radical le tache de botifler. Hasta la fecha no ha logrado ninguna de sus exigencias, tampoco el reconocimiento del catalán como idioma comunitario. Aún resuenan por los pasillos de Waterloo las declaraciones de los ministros de Asuntos Exteriores de Letonia y Lituania priorizando “la geopolítica y la posición estratégica de Europa en el futuro”. Palabras sangrantes que vienen de cancillerías hipotéticamente sensibles al embate independentista.

Según el periódico “El Mundo” el fugado exigiría el reconocimiento de Cataluña como nación en un acuerdo paralelo a la amnistía. Munición para alimentar la batalla del relato que debería ser acompañada de la oficialización de los separatistas como Grupo Objetivamente Identificable (GOI). El problema radica en que tal definición se reserva en la UE a grupos de determinada afinidad étnica como los gitanos y, a pesar de los presuntos beneficios jurídicos, fortalecería las teorías de grupúsculos supremacistas como el Movimiento Identitario Catalán (MIC), el Frente Nacional de Cataluña (FN) o Alianza Catalana de la xenófoba Silvia Orriols, alcaldesa de Ripoll.

Tampoco el gerundense ha conseguido el anhelado fichaje de un mediador internacional. Rechazó con acierto la candidatura del mismo Zapatero, los pésimos resultados en Venezuela le anteceden, e informaciones periodísticas señalan que en Moncloa tampoco aceptarían al cardenal Juan José Omella, que en el pasado guiñó el ojo al proyecto nacionalista catalán. Resulta curioso que el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco García Magan, recientemente criticara en rueda de prensa cualquier medida de desjudicialización.

En Barcelona el sector más pragmático de JxCat que líder Jaume Giró desea “regresar a la política de todos los días, y no depender de alguien que ni pertenece a la ejecutiva del partido” concreta un mando intermedio. Tampoco desisten los valedores de la cuarta lista en su afán de protagonismo de cara a las próximas elecciones autonómicas. No es baladí que recayera en Josep Costa, otrora persona de máxima confianza del fugado, la tarea de introducir a la presidenta de la ANC Dolors Feliu en un almuerzo informativo de Foro Europa celebrado en el Hotel Palace de la Ciudad Condal el 18 de octubre.

A Puigdemont le crecen a diario enanos diferentes. Y es incuestionable que desde Moncloa han logrado tomarle medida y caballera. Como ha redactado Ignacio Varela, ex colaborador de Felipe González y fino analista, solo le queda confiar en que “una buena épica siempre resulte funcional para vestir un ridículo”.

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