Así, el artículo 127 de la Constitución de la República de Uzbekistán establece: "Los órganos de autogobierno son asambleas de ciudadanos en asentamientos, aldeas, kishlaks y auls, así como en mahallas (distritos) de ciudades, pueblos y aldeas, que eligen a un presidente. Los órganos de autogobierno de los ciudadanos no forman parte del sistema de autoridades estatales y, de acuerdo con la ley, tienen derecho a resolver de forma independiente cuestiones de importancia local sobre la base de los intereses de los ciudadanos, el desarrollo histórico, los valores nacionales, las costumbres y tradiciones locales. El Estado crea las condiciones necesarias para las actividades de los órganos de autogobierno de los ciudadanos y les ayuda en el ejercicio de las competencias definidas por la ley. El procedimiento para las elecciones, la organización de las actividades y las competencias de los órganos de autogobierno de los ciudadanos se determinarán por ley".
Así, la Constitución no sólo proclama solemnemente la existencia de instituciones de autogobierno de los ciudadanos, sino que también expresa plenamente la garantía jurídica que asegura el desarrollo de la iniciativa popular con un alto grado de libertad de elección. Cabe destacar que estas garantías se reflejan en todo el contenido de la Constitución modificada.
El autogobierno de los ciudadanos es uno de los fundamentos del sistema democrático del Nuevo Uzbekistán. No sólo está reconocido, sino también garantizado por la Constitución y las leyes, que pueden servir de garantías generales políticas, morales y éticas, económicas, jurídicas, organizativas y de otra índole del autogobierno de los ciudadanos. Al consagrar este artículo, el Estado se compromete a apoyar y proteger el desarrollo de los órganos de autogobierno de los ciudadanos.
Históricamente en Uzbekistán, los órganos de autogobierno de los ciudadanos han desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad y han actuado como elemento unificador e integrador. Siempre han participado activamente en la elaboración y aplicación de programas de desarrollo social y económico a nivel local, y han celebrado audiencias públicas en las que los ciudadanos podían expresar sus propuestas e ideas para mejorar la vida en su barrio. Básicamente, su misión era crear las condiciones para que los ciudadanos participaran en la toma de decisiones relativas a su propio bienestar.
Las reformas a gran escala emprendidas en el país por iniciativa del Presidente han llevado las actividades de los órganos de autogobierno de los ciudadanos a un nuevo nivel. La especial importancia de los órganos de autogobierno de los ciudadanos en la vida del pueblo y del Estado viene determinada por la necesidad de aumentar su papel en las reformas a gran escala que se están llevando a cabo. Es en los territorios de los órganos de autogobierno de los ciudadanos donde, en la mayoría de los casos, se forma una opinión común sobre cuestiones de actualidad de la vida política, económica y cultural, y se determinan las normas de comportamiento de las personas en la sociedad.
Para el Estado, los órganos de autogobierno de los ciudadanos son importantes ante todo como estructura de autoridad en contacto con la población. Deben estar conectados a la cadena de mando y, al mismo tiempo, son las principales fuentes de información para la población y las autoridades públicas. En el sistema de poder estatal y autogobierno de los ciudadanos, los órganos de autogobierno son la estructura más cercana a la población, ya que sienten los estados de ánimo, los intereses y las aspiraciones de la gente. Los órganos de autogobierno brindan a los ciudadanos la oportunidad de participar activamente en la toma de decisiones relativas a sus vidas y al desarrollo de su territorio. Esto contribuye al desarrollo de la sociedad civil y refuerza la confianza entre la población y las autoridades.
En los últimos años, el control público de las instituciones estatales también se ha convertido en un aspecto importante para garantizar la transparencia, la eficacia y la responsabilidad de las actividades de los organismos estatales. El control público contribuye a prevenir la corrupción y el abuso de poder, ayuda a analizar el uso de los fondos presupuestarios y a exigir responsabilidad y transparencia en la toma de decisiones. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué decisiones se toman y si responden a sus intereses. El control público también ayuda a mejorar la calidad de los servicios prestados por el Estado en sanidad, educación y seguridad social. Los ciudadanos pueden identificar los problemas y deficiencias del sistema y proponer sus ideas y soluciones para mejorarlos.
De este modo, la creación de un sistema político abierto y responsable en el Estado es imposible sin la participación de los ciudadanos. El control público de las reformas fomenta la apertura de los órganos estatales y su disposición a responder a las necesidades de la población. El paradigma de desarrollo del Nuevo Uzbekistán, basado en la jerarquía "persona-sociedad-Estado", tiene como principal objetivo el bienestar humano y la creación de una sociedad sostenible.
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