El botín de Puigdemont

El botín de Puigdemont

Chantajes, presiones, desaires, interrupción y repetición de votaciones hasta en tres ocasiones, y las amenazas cruzadas entre todas las bancadas, e incluso entre socios ideológicos a izquierda y derecha, convierten el parlamento en un zoco bursátil de compraventa de voluntades en el que las formaciones minoritarias imponen sus condiciones.

El independentismo periférico consigue hasta ocho cheques en blanco por prestar sus siete votos a cambio de la gestión “integral” de la inmigración para Cataluña, el compromiso de publicar la balanzas fiscales -para justificar una nueva financiación-, la eliminación del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que afectaba a la aplicación de la ley de amnistía (todavía en trámite) y revertir la marcha de empresas del territorio catalán. El ex presidente de la Generalitat se apunta también dos cuestiones no menores, como asumir el coste de la bonificación del transporte público y bajar el Iva del aceite -el oro de la cesta de la compra- al 0%.

No es ni mucho menos menor el botín conseguido por Puigdemont en la primera sesión plenaria del año, en la que Junts consigue eclipsar a su rival republicano, ERC, como benefactor de Cataluña y en su estrategia de volver a la Generalitat. Su alter ego y portavoz en Madrid, Miriam Nogueras, no deja de proclamarse como referente del secesionismo "para cambiar la relación con España".

“Así es difícil gobernar”

Con semejante escenario, Sanchez se vanagloria de hacer "política útil" para la ciudadanía mediante acuerdo y dialogo, satisfecho de salvar los muebles en una negociación que cada semana será un calvario. No lo ve así la oposición, cuyo líder considera que lo ocurrido es una “deshonra”, puro “esperpento” y sobre todo “humillación”. Se pregunta Feijoo, “cómo se puede gobernar así”, con un ejecutivo que no gobierna y sólo “mercadea” con una coalición de intereses personales, mientras España está en manos de decenas de partidos que no se fían entre ellos.

Similar lamento proclama la vicepresidenta del gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, aunque por la traición de sus antiguos socios de coalición de Podemos, por tumbarle el decreto de subsidios a los desempleados enviado por el Ministerio de Trabajo. La dirigente podemita, Ione Belarra, se venga así de su expulsión del Gobierno y del veto a la ex ministra Irene Montero. Su intención es actuar en consonancia con ERC y Bildu a lo largo de la legislatura sin perder protagonismo político. De momento, han cumplido su advertencia de que harán ‘sudar tinta’ al Gobierno y fiscalizar cada una de las iniciativas de los ministros de Sumar: desde Yolanda Díaz (Trabajo) hasta Sira Rego (Juventud e infancia), pasando por Mónica García (Sanidad), Ernest Urtasun (Cultura) y Pablo Bustinduy (Derechos sociales, Consumo y Agenda 2030)

En la bancada socialista no pocos diputados expresan su malestar por el continuo chantaje del independentismo a la gobernabilidad, cuyas consecuencias en la militancia y en los propios feudos territoriales comienzan a aflorar. El secretario general del PSC, Salvador Illa, criticado que a Junts "le guste convertir cada votación en un Vietnam" y ha rechazado este "estilo de hacer política"

Mientras el PP se prepara para recurrir los Decretos aprobados, por transferir las competencias de inmigración, la urgente necesidad y el reconocimiento de los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local; el Gobierno replantea su estrategia legislativa para evitar un continuo desgaste con reducción del numero de Decretos-Ley y el envío de mas proyectos de ley al Parlamento.

Estabilidad y deuda publica

Con los Presupuestos de 2023 prorrogados, el Gobierno consigue aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, un primer paso en la tramitación de las cuentas de 2024, que el PP podría tumbar con su mayoría absoluta en el Senado.

La intención de la ministra Montero es aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 antes de abril. Para ello ya tiene listo el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, que se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea. En la última reunión del Consejo de Política Fiscal, Hacienda propuso un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.