Todos con el campo
PP, Vox y hasta ERC y Junts eluden interpelar al Gobierno sobre la amnistía en beneficio del campo. Feijóo y Abascal arremeten contra el “dogmatismo ambiental” del ejecutivo, mientras socios como Sumar y Podemos reclaman mayores esfuerzos para los sufridos agricultores. Sánchez y su ministro del ramo, Luis Planas, echan mano de las ayudas millonarias de los últimos años -hasta 1.400 m. en concesiones directas-, con el compromiso de fortalecer la Ley de la Cadena Alimentaria e implementar la reciprocidad en las condiciones de importaciones agrícolas. El independentismo tampoco se queda atrás, con Junqueras subido al tractor para reclamar precios ‘justos’, mientras recrimina que “las políticas ambientales” no pueden hacerse de espaldas al sector.
A ira del campo no tiene visos de amainar hasta hacer valer la mayoría de sus exigencias, entre ellas, mayor flexibilidad de la PAC, menor papeleo y burocracia, cambio de las exigencias normativas ambientales o ayudas por la sequía. De momento, la masiva y contagiosa movilización ha conseguido que la Unión Europea retire el plan para recortar los pesticidas en un 50% y la obligación de mantener parte de las tierras cultivables en barbecho
Amnistía, trama rusa y plante de la fiscalía
El gobierno de Sánchez se encuentra cada día con más escollos y preocupación en su intento de domesticar a la judicatura y allanar la amnistía a los autores del procés. A la inédita rebelión de la judicatura contra la norma, se suma la creciente preocupación en Europa, que no solo envía a la Comisión de Venecia para emitir un dictamen, sino que, además, incluye el pronunciamiento de instituciones como la Comisión y el Parlamento Europeo. La euro cámara exige a España investigar los vínculos de Rusia con el independentismo catalán y sus lazos con Puigdemont, por lo que esta “sumamente preocupada”, además de “deplorar todos los ataques a los jueces”. El vicepresidente del ejecutivo comunitario, MargaritisSchinas, advierte a su vez, del intento de “interferencia de Rusia y otras fuerzas autoritarias” en una democracia fuerte como la europea, en referencia a la eurodiputada letona, TatjanaZdanoka, acusada de espiar durante años para los servicios de inteligencia rusos.
De puertas adentro, nada menos que 12 fiscales del Tribunal Supremo defienden los indicios de terrorismo en la causa de Tsunami Democratic para investigar tanto a Puigdemont como al diputado -y aforado- de ERC en el Parlament, RubenWagensberg, expatriado en Suiza para “preparar” su propia defensa. Aunque el criterio da la vuelta a la doctrina oficial del Fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz, se trata de una decisión no vinculante para la Sala de lo Penal del Tribunal, que complica, y mucho, el futuro del ex presidente de la Generalitat. El Gobierno avisa de que la última palabra la tendrá el organismo subordinado cuya argumentación cuenta con un peso evidente que tendrá que ser valorado por los magistrados. La decisión vendrá del informe que redacte la número dos de la Fiscalía, Ángeles Sánchez, a las órdenes de su superior jerárquico. Mientras García Ortiz tilda de “traición” la filtración de un borrador interno de la fiscalía, otro fiscal del TS, Salvador Viada, acusa a la cúpula de ejecutar un “155 encubierto” para mantener la línea del Gobierno.
En el caso Volhov, el titular del juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, mantiene la prorroga sobre investigar supuestas conexiones de dirigentes independentistas con Rusia para lograr su apoyo al procés. La causa apunta “estrechas relaciones personales” de algunos investigados con diplomáticos vinculados con los servicios secretos rusos o miembros de la extrema derecha alemana o italiana, para establecer relaciones de influencia política y económica con la Generalitat, “si Cataluña se independizaba de forma unilateral de España”.
Respaldo a García Castellón
El resultado da un espaldarazo al juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, el mismo que ha soportado acusaciones desde el Parlamento tras ampliar seis meses más la instrucción de la causa que señala a Tsunami como organización jerarquizada cuya finalidad era “subvertir” el orden constitucional y la responsabilidad de la FundacionÒmnium al informar "directamente” al ex president de la Genralitat del desarrollo posterior de sus acciones.
Tanto el socio del gobierno, Sumar, como sus aliados independentistas en el Congreso, Junts y ERC, rechazan la propuesta inicial de Sánchez para reducir los plazo a de instrucción de las causas judiciales. La vicepresidenta, Yolanda Díaz, acentúa las discrepancias internas del Ejecutivo al considerar que los justiciables deben tener derecho a un proceso con garantías, y evidenciar la complejidad del debate sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). La diputada republicana, Teresa Jordà, insiste tanto a Junts como al PSOE la necesidad de aprobar la ley de amnistía, “cuanto antes”, aunque no sea "perfecta", sin entretenerse con otras modificaciones de procesos diferentes.
Feijóo advierte a Sánchez que “no es nada” sin Puigdemont, tras recordar que de los cuatro grandes asuntos presentados en el Congreso, dos fueron “tumbados” por sus socios, además de haber metido el dedo en la llaga de los Presupuestos del Estado, que “ni siquiera” están a la vista. Ante semejante panorama y sin la senda de déficit, rechazada también en el Senado, el líder de la oposición vaticina la “caída” del presidente como hubiera caído cualquier gobierno europeo. El jefe del Ejecutivo acusa al líder del PP de ser “tan tóxico como el metanol” y de no tener argumentos.
Todos fachas
El nuevo fichaje y diputado del PP, -procedente de UPN-, Sergio Sayas, recrimina al ministro Bolaños su acusación de haber traicionado a los votantes y su particular adscripción a la fachosfera, en la que el ejecutivo incluye a los jueces que no dictan las sentencias “que quieren”, los fiscales que no se someten al Gobierno, los periodistas que no les bailan el agua o los españoles que les votan.
Culebrón de Sumar y campaña gallega
El tormentoso culebrón de las formaciones de Díaz y Belarra añade un nuevo capítulo tras la denuncia policial de Podemos por la “entrada forzosa” a los despachos de sus cuatro diputados en la Cámara, cuyas pertenencias fueron "sacadas de sus espacios personales de trabajo” y depositadas en el pasillo. Lo que la formación morada considera de extrema gravedad, por si fueran hechos "constitutivos de delito", el pentapartito de Sumar niega tener algo que ver con el traslado de documentos, dispositivos electrónicos y otros objetos de quienes fueron sus compañeros de candidatura.
La campaña electoral en Galicia continúa pasada por agua con las encuestas mas que ajustadas. El CIS de Tezanos contradice los restantes sondeos y rebaja las opciones de mayoría absoluta del PP al otorgarle entre 34 y 38 escaños. El organismo estatal obvia el reparto de diputados por provincia y sitúa la suma de las candidaturas de izquierda entre 35 y 42 parlamentarios. Otras encuestas como la de Sondaxe estima 39 escaños para PP, 21 para BNG, 14 para el PSdeG y 1 asignado a Democracia Orensana.La Junta electoral sanciona por tercera vez al presidente Sánchez por saltarse la neutralidad en campaña y anunciar inversiones gubernamentales.
Si (
No(
