Políticas ecológicas a costa de los pobres
Justo cuando Europa estaba asolada por una elevada inflación, en la primavera de 2023, las instituciones europeas decidieron ampliar su impuesto climático ETS a más sectores -incluidos el transporte marítimo, los edificios y el transporte por carretera-. Todo ello a pesar de las advertencias de los grupos de lucha contra la pobreza de que podría tener "consecuencias sociales devastadoras para los hogares con bajos ingresos", ya que "dependen en gran medida de los combustibles fósiles para la calefacción y el transporte". Para hacer frente a esta situación, la UE está preparando un nuevo "Fondo Social para el Clima", que, por supuesto, volverán a pagar los mismos contribuyentes ya afectados por las políticas climáticas de la UE.
Posiblemente sea aún más extraño que la UE se dé cuenta de que está cargando a su propia industria con una gran desventaja, porque al mismo tiempo que se decidió ampliar el impuesto climático de la UE, los Estados miembros de la UE decidieron introducir el llamado arancel climático, o Mecanismo de Ajuste de las Fronteras de Carbono (CBAM). Dicho de otro modo: En primer lugar, la UE se dispara en su propio pie, sólo para quejarse de que su propia industria está en desventaja competitiva, después de lo cual decide imponer aranceles adicionales a los competidores extranjeros. A los responsables políticos parece escapárseles el hecho de que estos costes simplemente se repercutirán a los consumidores europeos, pero es evidente que los socios comerciales de Europa tampoco están nada contentos con ello.
El Ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, advirtió en diciembre de que India tomaría "medidas de represalia" contra lo que considera aranceles aduaneros injustos, ya que éstos afectarían a las exportaciones indias de metales hasta en 8.000 millones de dólares anuales. Junto con Sudáfrica, Taiwán y varios países en desarrollo, India está estudiando impugnar este Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Además, India está trabajando en su propio mecanismo fiscal sobre el carbono, que pretende gravar las importaciones de los países desarrollados por lo que India considera sus emisiones históricas de carbono. Esto revela cómo el modelo de política climática de la UE de gravar y regular corre el riesgo de acabar en guerras comerciales y proteccionismo, con el clima como excusa.
Los países más pobres se ven especialmente afectados por el CBAM. Según un estudio de la Fundación Africana del Clima y la London School of Economics, el arancel climático proteccionista CBAM de la UE costaría a África 25.000 millones de dólares, es decir, casi cuatro veces lo que la UE donó en ayuda al desarrollo a África en 2021. Los países africanos se quejaron ante la OMC de que esta "medida medioambiental unilateral" corre el riesgo de reducir el PIB africano en más de un 1%, al tiempo que hace poco por el clima.
Alternativas
Por tanto, debe quedar claro que se necesita urgentemente un enfoque diferente. La "Coalición Internacional Clima y Libertad", un grupo de académicos y políticos, elaboró una alternativa a las actuales políticas de planificación central y al colectivista "Acuerdo de París". Para ello, el grupo elaboró una propuesta de tratado internacional, basado en la premisa de confiar en el libre mercado para encontrar soluciones neutras en carbono.
En pocas palabras, este modelo alternativo se reduce a la idea de poner fin a la intervención pública a gran escala en el sector energético y, por tanto, suprimir también todas las subvenciones a la energía convencional. La idea es fomentar la inversión en tecnologías más nuevas y limpias.
Los Estados que ratifiquen este tratado disfrutarán entonces de ventajas comerciales, siempre que adopten políticas de libre mercado respetuosas con el clima. Entre las sugerencias para ello figuran el fomento de recortes fiscales selectivos ("recortes fiscales limpios"), concretamente en los cuatro sectores responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero -transporte, energía y electricidad, industria y sector inmobiliario- y recortes fiscales dirigidos a la desmonopolización. Esto último significa suprimir los impuestos sobre los beneficios para los inversores que adquieran empresas en monopolio y empresas estatales, todo ello con el fin de fomentar la liberalización del mercado energético entre las partes del tratado.
Además, se propone animar a empresarios y financieros de los Estados firmantes del tratado, mediante "bonos CoVictory" exentos de impuestos, a realizar inversiones en "Property, plant, and equipment (PP&E)", activos que son importantes para las empresas a largo plazo. El objetivo es reducir así el coste de los préstamos en al menos un 30%, para incentivar una mayor innovación.
Tensiones con los socios comerciales
No sólo las políticas climáticas de la UE, sino también otros aspectos de su política medioambiental provocan cada vez más tensiones con sus socios comerciales. Rebeca Grynspan, Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, advierte ahora incluso de que las políticas medioambientales occidentales perjudican el desarrollo de las economías emergentes. A propósito de la Ley de Reducción de la Inflación de EE.UU., que concede numerosas subvenciones a la producción de coches eléctricos estadounidenses, y de medidas europeas similares de fomento de la tecnología verde, afirma con razón: "Los países en desarrollo consideran proteccionistas muchas de estas políticas", esto mientras "el comercio y la inversión... son importantes para un crecimiento dinámico y sostenible" en esos países.
También critica en particular la nueva directiva de la UE sobre deforestación, que considera demasiado restrictiva: "Si sólo se castiga a la población y no se le ayuda a tener unos ingresos sostenibles procedentes de un bosque sostenible ... ¿cuál es el camino a seguir?".
Precisamente por este motivo surgió el año pasado un conflicto comercial entre la UE y Malasia e Indonesia, grandes exportadores de aceite de palma, que se enfrentaron a nuevos requisitos burocráticos como consecuencia de las nuevas normas comunitarias. El ITC, organismo conjunto de la ONU y la Organización Mundial del Comercio, advirtió de que estas políticas de la UE podrían tener un efecto "desastroso" en el comercio mundial, ya que los pequeños productores, en particular, corren el riesgo de quedar "aislados" del acceso al mercado.
El quid del problema es que la UE se niega rotundamente a confiar en las normas de sus socios comerciales. En el caso de Malasia, por ejemplo, se trata del programa de certificación del aceite de palma sostenible de Malasia (MSPO). Recientemente, el país fue elogiado por la ONG Global Forest Watch por reducir la deforestación. En contraste con el planteamiento de la UE, la Comisión de Comercio y Agricultura (TAC) del Reino Unido también ha confirmado ahora oficialmente declarar equivalentes las normas de Malasia. Ha declarado que "se ha determinado que el riesgo de que el CPTPP provoque un aumento de las importaciones de aceite de palma procedente de tierras deforestadas es bajo". La promesa del Reino Unido de reconocer aquí las normas de sus socios comerciales del Sudeste Asiático fue una razón importante para que el Reino Unido obtuviera acceso al Acuerdo Comercial Transpacífico CPTPP, el mayor acuerdo comercial para los británicos desde el Brexit.
Socavar el libre comercio
También en otros ámbitos políticos la UE intenta cada vez más imponer a sus socios comerciales opciones y condiciones políticas específicas, lo que provoca tensiones, como por ejemplo con su nueva directiva sobre "diligencia debida". Ésta exige a las empresas importadoras que investiguen no sólo si sus proveedores violan los derechos humanos, sino también si respetan todo tipo de normas sociales y ecológicas específicas. Una federación industrial alemana la criticó duramente, advirtiendo que "con esto, la UE está poniendo el siguiente clavo en el ataúd de la competitividad internacional de la industria europea".
Una de las razones por las que la UE no ha logrado hasta ahora cerrar el acuerdo comercial de Mercosur con las economías latinoamericanas es precisamente que sigue intentando utilizar las negociaciones comerciales para imponer todo tipo de opciones políticas específicas a sus socios comerciales. Al menos eso es lo que sostienen expertos como Marcela Cristini, economista senior de la Fundación Argentina de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Según ella, los requisitos medioambientales de la UE son "excesivos" en comparación con los beneficios económicos que el acuerdo tendría para Argentina.
A pesar de todos sus defectos, cuando se trata de abrir el comercio con el resto del mundo, la Unión Europea ha sido capaz de mostrar algunos resultados decentes en las últimas dos décadas. Sin embargo, también eso está sufriendo ahora una presión cada vez mayor, debido a unas políticas ecologistas casi obsesivas. Quizá las próximas elecciones al Parlamento Europeo cambien esta situación.
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