El partido que se niega a guardar un minuto de silencio en memoria de los servidores públicos, se rompe a pedazos con profunda preocupación de sus bases, por la dependencia absoluta de quienes se hartan de proclamar la ruptura con España y por los continuos errores en la forma de gobernar. Sánchez y los 22 ministros de su gabinete están decididos a hacer de gobierno y oposición a la vez, convirtiendo el conclave ministerial en una arenga mitinera contra sus adversarios, además de utilizar el Parlamento para zurrar al resto de poderes del Estado.
Ego de liderazgos
Los rescoldos de la quinta mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia, enfrenta de nuevo a Sánchez y Feijóo, con reivindicación de sus respectivos liderazgos y el reproche mutuo de “mentiras”. El líder popular presume de haber ganado un plebiscito por 40 diputados territoriales, frente a 9 del PSG, mientras el presidente del Gobierno le afea haber conseguido un triunfo de liderazgo, pero dentro del PP.
El patinazo socialista en la comunidad gallega no desalienta al inquilino de la Moncloa que, lejos de compungirse, está dispuesto a agotar la legislatura hasta 2027, con la advertencia de tener “todo el tiempo del mundo”. Sánchez está convencido de que "habrá amnistía" para los encausados por el referéndum ilegal del 1-O, "con garantías jurídicas", sin detallar el estado de las negociaciones con Junts.
Preocupación socialista
Tanto en el ejecutivo como en Ferraz, hay una preocupación creciente por la deriva de una legislatura necesitada de estabilidad, pese a sostener que se puede gobernar en minoría. En el PSOE aflora la autocrítica interna a la que se suman no pocos diputados socialistas, además de los escasos barones territoriales que consideran que “así no se puede seguir”. La preocupación sube de tono, sobre todo tras el escándalo de las mascarillas que salpican al chófer del exministro de Transportes, y después de perder 50.000 votos y cinco escaño en Galicia, lo que lleva a su secretario general a “rearmar” la estructura territorial del partido para “atraer talento ajeno” y “consolidar los liderazgos territoriales”.
El batacazo gallego hace que los socialistas vean con preocupación el horizonte electoral, la misma que trasmiten sus socios de investidura -ERC, PNV, Bildu o BNG- ante las dudas de que Sánchez sea capaz de navegar un mandato de cuatro años. El presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, le recuerda que “llevamos un ciclo muy difícil desde 2020, adverso y muy hostil, que debería provocar una reflexión profunda para evitar un ciclón electoral que arrase mucho más”.
Los próximos comicios vascos y europeos serán un nuevo termómetro para el Psoe que en esta última convocatoria sufrirá el sorpasso del PP. El 9 de junio, los socialistas perderían un escaño, obteniendo 19, por 25 del PP, 7 de Vox y 6 de Sumar. El desplome de la coalición Ahora Repúblicas, integrada por ERC, EH Bildu y BNG, lograría un eurodiputado, igual que Junts. En las elecciones del País Vasco, adelantadas 21 de abril, el PNV mantendría un empate técnico a 27 escaños con su principal adversario, EH Bildu, tras perder 4 escaños según las encuestas. Ello le permitiría, sin embargo, repetir coalición con los socialistas vascos que conseguirían 11 diputados. El PP ganaría un parlamentario, hasta los 7, con la desaparición de Podemos y la irrupción de Sumar con 3.
Golpe de gracia sanitario
Hasta la vicepresidenta y socia del Gobierno, Yolanda Diaz, considera “gravísimo” el presunto fraude del chofer del exministro y diputado socialista, José Luis Ábalos, que habría obtenido hasta 10 millones en comisiones por gestionar la venta de mascarillas durante la pandemia del Covid.
La detención de Koldo García y dos familiares destapa una investigación de la Fiscalía Anticorrupción de al menos 40 millones de euros por tres contratos relacionados con el ministerio de Transportes por el cobro de supuestas comisiones en contratos sanitarios. En total, tres operaciones por el suministro de mascarillas para Puertos del Estado por valor de 24,2 millones, otra para ADIF por 12,5 m. y una tercera adquisición de material de protección para el ministerio del Interior por 3,4 millones. A ello se suman dos contratos más con las comunidades de Canarias y Baleares. El gobierno asegura desconocer la supuesta "trama de mordidas" y ofrece la "máxima colaboración" con la justicia para “que caiga todo el peso de la ley” si se demuestra la corrupción; mientras la oposición de PP y Vox exige la dimisión de Ábalos, con el compromiso de poner en marcha una comisión de investigación en el Senado.
Amnistía, independencia y candidatura de Puigdemont
PSOE y Junts ganan tiempo para desencallar la amnistía ante las exigencias de Puigdemont, después de ampliar los plazos de la comisión de Justicia, cuya fecha límite se retrasa al 7 de marzo. La portavoz de la formación independentista en Madrid, amenaza con tumbar los presupuestos del Estado, si no se cumplen sus exigencias, con la advertencia de no ser su partido el que “tensa la cuerda”. Señala Nogueras que son muchos los que desean la independencia, porque se sienten catalanes y no españoles y porque tienen "un sentimiento de pertinencia mucho más fuerte que cualquier propuesta que ustedes nos puedan hacer". El apoyo de Junts en el Parlament permite tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para declarar la independencia de Catalunya con el apoyo de la CUP, la abstención de ERC y el rechazo del PSC. Los republicanos justifican el sentido de su voto para no "alimentar callejones sin salida" para resolver el conflicto político. Ciudadanos ultima una denuncia penal contra los miembros del órgano rector de la cámara, por los delitos de "prevaricación y desobediencia".
Puigdemont, doble candidato
La estrategia del ex presidente catalán pasa por presentarse como candidato a la Generalitat, además de ser cabeza de lista de JxCAT en las elecciones europeas del 9 de junio, siempre que la aprobación de la amnistía se lo permita. Para conseguir esta última pretensión, Puigdemont ha dado orden de blindar con el gobierno los cambios necesarios en la ley que tramita el parlamento antes del 7 de marzo. Se trata de una exigencia difícil de cuadrar para eludir su detención, en caso de que su situación jurídica no esté completamente despejada, ante la previsión de la judicatura de presentar cuestiones prejudiciales sobre la amnistía ante el Tribunal de Justicia europeo (TJUE) que le impidan regresar con la suficiente seguridad jurídica.
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