Desde entonces han transcurrido ocho años, y la imagen de la ANC como entidad funcional y perfectamente organizada ha ido lentamente deteriorándose. El mismo activista, hoy alejado de la política, no esconde “el cansancio y la decepción por haber sido engañado (…)”. Durante el mandato de Carme Forcadell, ex presidenta de la cámara autonómica, “nos convertimos en un modelo a seguir por cualquier movimiento”. No le falta razón, la Asamblea logró movilizar a centenares de miles de personas gracias al compromiso de decenas de voluntarios.
Aquel proyecto embrionario originado durante la Conferencia Nacional por el Estado Propio el 30 de abril de 2011 en Barcelona se convirtió en un movimiento perfectamente estructurado, con un organigrama interno ágil y pragmático. Desde la imponente sede central, ubicada en el barrio del Poblet, se trazaban hojas de rutas y se emanaban directrices que luego eran acatadas por las decenas de filiales tanto en Cataluña como en el extranjero. La contratación de profesionales de diversos ámbitos fue “una consecuencia lógica, superamos toda expectativa”. Un ex asesor en diplomacia pública precisa que “semanalmente recibíamos la visita de entidades que pretendían copiarnos”.
Quienes asistieron a la celebración de la Díada el 11 de septiembre desde 2012 hasta 2017 quedaron sorprendidos por el despliegue logístico y la gestión organizativa. Centenares de miles de catalanes ocuparon los lugares más emblemáticos de la Ciudad Condal en un ambiente jaranero, alegre pero al mismo tiempo fraudulento. La tan decantada “revolución de las sonrisas” maquillaba un fanatismo exacerbado y una profunda inquina hacia quienes no compartían el proyecto de división territorial.
Los líderes de la plataforma supieron alimentar el necesario caldo de cultivo recurriendo a mensajes engañosos y promesas incumplidas que a su vez eran cotidianamente reforzadas por la inepta clase dirigente. La ANC se encargó de muscular los desfiles y las protestas callejeras y de transmitir la imagen de un movimiento falsamente pacifista y acogedor. Vestir una de las camisetas ofrendadas por la Asamblea derivó en un lascivo acto de tribalismo. Aquellos que optaban por prendas alternativas o se desmarcaban de las concentraciones eran catalogados de enemigos y unionistas.
Como indicado, la plataforma logró articular una red de sucursales operativas en las grandes capitales y urbes de varios continentes. Según Belén Murillo, ex responsable de la filial madrileña, “lo logramos contra viento y contra marea”. Inicialmente “desde Barcelona no entendían la necesidad de que nuestras reivindicaciones se escucharan fuera de Cataluña”. Pero en 2012 se fundó la primera sede exterior en Bruselas y “desde entonces”, precisa uno de los impulsores, “la internacionalización del procés adquirió una enorme trascendencia… Nos fuimos multiplicando allá dónde había catalanes deseosos de aportar su granito de arena”. Pertenecer a la Asamblea se convirtió en una obligación, quienes no comulgaban con el anhelo separatista sufrieron “arrinconamientos y marginación social. Nos marcaron como botiflers (…)”. Lo denuncian un ex responsable de la peña barcelonista en Francia y una monitora del esplais de Bruselas.
El quehacer encomendado a estas sucursales consistía en erosionar la imagen del Estado mediante una estudiada actividad paradiplomática. La ANC actuaba dónde no podían operar las delegaciones de la Generalitat, cuyo funcionamiento estaba siendo monitorizado por los consulados y las embajadas españolas. Los resultados cosechados “fueron sorprendentes”, detalla un ex trabajador de la entidad. Durante el quinquenio 2012–2017 el Ministerio de Asuntos Exteriores no logró contrarrestar la labor demagógica y engañosa perdiendo por goleada la batalla informativa. Únicamente con la llegada de Josep Borrell a la Plaza del Marqués de Salamanca y el despliegue de España Global se logró remontar.
Durante la presidencia de Jordi Sánchez surgieron “las primeras grietas”, afirma un ex miembro del Secretariado Nacional. Aquella maquinaria perfectamente engrasada que operaba en simbiosis con “otras entidades como la Òmnium Cultural (OC) de Muriel Casals” empezó a sufrir “la injerencia de las formaciones políticas”. Forcadell encontró cobijo en el Parlament gracias a Esquerra Republicana (ERC), y “eso molestó… La ANC nunca debió utilizarse como trampolín personal hacia cargos bien remunerados”. También Sánchez, una vez indultado por los delitos cometidos en vísperas del 1-O, optó por el transformismo sustituyendo los tan decantados ideales de izquierda por el aburguesamiento y la xenofobia latente de la posconvergencia. Decisiones que, añade un voluntario, “contravenían el espíritu fundacional de la Asamblea”.
Desde entonces la situación ha ido degenerando a pasos agigantados. El doble mandato de la economista Elisenda Paluzie se caracterizó por “los tonos autoritarios, la nula autocrítica y el narcisismo de sus compinches”, precisa un ex miembro de directiva. La relaciones con OC, “que habían sido magníficas con la dupla Forcadell – Casals y se habían reforzado gracias al tándem Sánchez – Cuixart”, saltaron por los aires y empeorando drásticamente “a raíz de la antipatía que se profesaban la misma Paluzie y el vicepresidente Marcel Mauri”. Las sonrisas y los abrazos exhibidos en decenas de concentraciones “fueron un ejercicio de sumo cinismo”, detalla un entrevistado.
Christophe Bostyn, ex asalariado de origen belga, en primavera de 2020 denunció el régimen de terror, nepotismo y los tratos vejatorios que la ejecutiva dispensaba a los trabajadores de la ANC. En sus redes sociales desnudó “la esclavitud sufrida y el boicot” por parte de los dirigentes capitaneados por la misma Paluzie y “sus acólitos que exigen sumisión incondicional”.
La llegada de Dolors Feliu a la presidencia de la entidad únicamente ha contribuido a acelerar el deterioro de la misma. “Los niveles de politización son inasumibles”, precisa un ex miembro de la territorial de Gerona. Tanto Junts per Cataluñya (JxCat) como ERC se adueñaron de las riendas de la Asamblea “convirtiéndola en un campo de batalla partidista (…). Toda actividad es subordinada a intereses políticos”. Lo corrobora un activista de un movimiento transalpino que intentó organizar un acto en homenaje a los dirigentes encarcelados en 2019: “Todo estaba organizado, la estancia de los familiares de los presos había sido sufragada pero nos comunicaron a última hora que la dirección había vetado su participación”. La lucha vengativa entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras lo condiciona todo.
La actual directiva pretende concurrir a las elecciones autonómicas de 2025. Feliu es partidaria de confeccionar una lista para hostigar a los partidos tradicionales culpables de haber abandonado la unilateralidad en el camino hacia la independencia e incumplido todas promesas. La aparición de un cuarto actor inquieta Waterloo y los fieles de Puigdemont están maniobrando para restar toda credibilidad a un espacio que lideraría, según los medios informativos, la díscola Clara Ponsatí. También los republicanos miran de reojo, aunque las preocupaciones son inferiores.
Recientemente ex secretarios y dirigentes de la ANC han redactado un manifiesto muy crítico con la dirección de Feliu. Una vez más el independentismo se boicotea a sí mismo. De su incapacidad para actuar conjuntamente y de la fortaleza de la mayoría social no partidaria de rupturas territoriales dependen el apaciguamiento y la concordia que se ha vuelto a respirar en Cataluña. No de ignominiosas política que entierran las valiosas enseñanzas de Montesquieu.
Si (
No(
