Desde que el expresidente del BCE Mario Draghi pronunció en 2012 las palabras de que su institución haría "lo que fuera necesario (...) para preservar el euro", desaparecieron las especulaciones del mercado de que la construcción política podría derrumbarse de forma inminente. Aun así, esta preocupación no ha desaparecido del todo, lo que es visible en el "diferencial" que los inversores cobran a los Estados miembros de la eurozona cuando les conceden préstamos. Solo en junio, este diferencial entre Francia y Alemania alcanzó el nivel más alto desde 2012. Esto se produjo tras una rebaja de la calificación crediticia y la inestabilidad política, que continúa, ya que no se ha formado ningún gobierno francés tras la gran derrota del presidente Macron en las elecciones europeas y al Parlamento Nacional.
¿Está el BCE a punto de relajar de nuevo su política?
La mayoría de los economistas que siguen de cerca la cuestión esperan que el BCE recorte los tipos de interés en septiembre, según una encuesta del ZEW. Y eso a pesar de que la primera economía de la eurozona, Alemania, no necesita una bajada de tipos. Según la llamada "regla de Taylor", una regla de orientación de la política monetaria desarrollada por el economista estadounidense John B. Taylor para ayudar a los bancos centrales a fijar los tipos de interés a corto plazo con el fin de minimizar la inflación, el tipo de interés justo debería ser del 5,75%. Es decir, 150 puntos básicos más que el 4,25% actual, no menos.
Uno de los principales motivos es que la "inflación subyacente" de la eurozona, que excluye la energía y los alimentos, sigue siendo elevada (3,3%), muy por encima del objetivo del 2% fijado por el BCE.
Además, el gran aumento del coste de transporte por barco -también consecuencia de los continuos ataques de los Houthis a los buques que utilizan la ruta del Mar Rojo- provocará un aumento de los precios de importación, según Kevin Thozet, miembro del comité de inversión de la gestora de fondos Carmignac.
Decir que la dirección del BCE no inspira precisamente confianza es decir poco. A mediados de julio, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtió de que "los fenómenos meteorológicos extremos, y el desarrollo de la crisis climática en general, podrían hacer subir los precios de los alimentos". Puede que sea así, pero, obviamente, resulta un poco extraño no centrarse en las políticas monetarias laxas del BCE, que sirven para apuntalar unos Estados del bienestar europeos ebrios de gasto, sino en la "crisis climática" que estaría provocando la inflación. Tales comentarios están muy en consonancia con el preocupante grado de fanatismo climático de la institución. A principios de este año, Frank Elderson, alto funcionario del BCE, dijo a sus empleados que si no eran ecologistas, ya no los querían: "¿Por qué íbamos a querer contratar a gente a la que tenemos que reprogramar? Porque proceden de las mejores universidades, pero aún no saben deletrear la palabra 'clima'". Y añadió: "Ya no quiero a esa gente".
Los comentarios provocaron indignación dentro y fuera del BCE, especialmente por el uso del término "reprogramar", pero Elderson, que el año pasado incluso se atrevió a intervenir en un debate de política legislativa de la UE sobre la ley de restauración de la naturaleza, no se vio obligado a dimitir.
Mientras tanto, los precios inmobiliarios subieron con fuerza en toda Europa, en parte porque los préstamos se abarataron mucho, debido a las políticas del BCE.
No sólo el BCE es responsable
Las políticas monetarias laxas son un factor que impulsa los precios al alza, pero, por supuesto, también hay otros factores. En Europa, las políticas energéticas experimentales son clave, pero también las nuevas medidas proteccionistas, como el Mecanismo de Ajuste de las Fronteras de Carbono (CBAM) de la UE, que impondrá gravámenes a la importación de productos como el acero, el cemento y la electricidad, en función de las emisiones de dióxido de carbono incorporadas a su producción.
Contrariamente a lo que algunos políticos intentan hacer creer, los aranceles -como todos los impuestos sobre las ventas- los paga el comprador, no el vendedor. Por tanto, los consumidores europeos acabarán pagando la factura.
Por si fuera poco, la nueva normativa comunitaria, supuestamente "verde", es un factor más que hace subir los precios a los consumidores europeos, ya de por sí en apuros. Recientemente, un nuevo informe de GlobalData revelaba que la nueva normativa de la UE sobre deforestación (EUDR), que impone burocracia adicional a todo tipo de importaciones que se considere que empeoran la deforestación, puede añadir 1.500 millones de dólares en primas de cumplimiento sólo para productos como el aceite de palma y el caucho. También en este caso, los consumidores pagarán la factura.
Al mismo tiempo, es poco probable que esta normativa de la UE aborde eficazmente la deforestación. Ya se calcula que el 93% del aceite de palma que importa Europa es sostenible y no contribuye a la deforestación, mientras que ONG como Global Forest Watch han informado de una fuerte reducción de la pérdida de bosques en países como Malasia e Indonesia. La UE podría optar por reconocer simplemente la norma nacional de Malasia para evitar la deforestación, algo que hace el Reino Unido, pero esto fue un "no va más".
El asunto no sólo ha alterado las negociaciones comerciales con el Sudeste Asiático, sino que Estados Unidos exigió en junio a la UE que retrasara la aplicación del reglamento. Al menos el Partido Popular Europeo (PPE), ya ha respaldado un retraso de dos años.
Conclusión
La inflación sigue siendo alta en Europa, y las instituciones de la UE tienen mucha culpa de ello. La política monetaria del BCE y la política energética y climática de la UE han contribuido a la presión al alza de los precios. Afortunadamente, el comercio en curso y la innovación tecnológica son factores que ejercen un efecto a la baja sobre los precios, pero no está en absoluto garantizado que puedan compensar la actual negativa a abandonar una serie de políticas de la UE profundamente equivocadas.
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