Los economistas proponen medidas para evitar desviaciones presupuestarias en las administraciones públicas

Esta décimo segunda edición ha puesto el foco en el ámbito del Sector Público, por ser un sector que se encuentra en un proceso de transformación como consecuencia de la pasada pandemia y la necesaria transformación digital de sus instituciones, y porque, en opinión de los economistas auditores del REA, su enorme peso en nuestra economía –un 43% de nuestro PIB y casi 3 millones de trabajadores, el 17% del empleo, según los datos a cierre de 2023 que se han expuesto en el Foro– hace que sea necesaria la colaboración de estos profesionales con dicho sector en los procesos de licitación, contratación y ejecución de los proyectos, lo que podría ayudar a garantizar que el gasto realizado se traduzca en inversión con una óptima capacidad de retorno económico maximizando los recursos disponibles.

A este respecto, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha hecho hincapié en la importancia que tiene para nuestra economía la contratación con el sector público y la necesidad de que esta sea más eficiente, tanto para el órgano de contratación como para los potenciales licitadores. Pich ha insistido en la necesaria colaboración de los agentes económicos que operan en estos procesos fomentando las consultas preliminares sobre el mercado a los profesionales y organizaciones específicas de cada campo, ya que, “el órgano de contratación puede no disponer de un conocimiento profundo de los requerimientos y de las condiciones de ejecución del contrato, así como del precio ajustado a mercado que sirva de base para determinar el presupuesto adecuado del contrato”. Para el presidente de los economistas, “ello permitiría dimensionar el alcance del objeto del contrato, determinar recursos equilibrados para la ejecución del proyecto y asegurar la prestación en condiciones de calidad y precio óptimas”.

Por último, Valentín Pich ha señalado que “se precisa la concienciación por parte de los órganos de contratación de la conveniencia de contar, con carácter previo al inicio del expediente de licitación, con una memoria justificativa que permita identificar a priori las necesidades del proyecto y la forma más favorable de atenderlas, para así poder pedir luego las garantías más adecuadas y evitar desvíos de presupuesto”. En este sentido entiende que “sería beneficioso fomentar acuerdos marco que coadyuven a la racionalización de la contratación con las administraciones públicas, para dotar de un plus de transparencia al procedimiento y simplificar la contratación de servicios recurrentes y discontinuos”.