Pero lo cierto es que este problema no se soluciona con soflamas o con planteamientos extremos. Cuando alguien no tiene nada que perder, no le importa el riesgo que tenga que asumir, y seguirá metiéndose en los cayucos o nadando hasta Ceuta pase lo que pase, por lo que las soluciones coercitivas no van a funcionar como tales.
Este es un tema bastante controvertido, sobre todo ideológica y políticamente, pero no puedo dejar de dar mi opinión sobre este tema, aunque sé que mucha gente no estará de acuerdo. Desde la izquierda se dice que necesitamos inmigrantes para sostener la Seguridad Social, habida cuenta de que las españolas cada vez tienen menos hijos, pero una cosa es trabajar legalmente y cotizar y otra vivir ilegalmente sin papeles. Desde luego estos últimos no van a cotizar. Por tanto, el argumento de la izquierda es fútil, aunque hasta el recientemente nombrado Gobernador del Banco de España, Sr. Escrivá, llegara a afirmar en su anterior etapa de ministro que necesitábamos 250.000 nuevos inmigrantes cada año para apuntalar el sistema, lo cual obviamente supondría que nuestra economía, que no es capaz de dar trabajo a 2,5 millones de parados, tendría que encontrar además empleo a estos nuevos. Me parece que el Sr. Escrivá no tuvo en cuenta ese detalle.
La solución no pasa por tener un actitud pasiva y seguir creando centros de Menas por toda España, con el rechazo social que suele provocar o seguir permitiendo que sigan brujuleando en las grandes ciudades consiguiendo sobrevivir como pueden. Al final, nos quedamos con los inmigrantes, no recibimos ni impuestos ni cotizaciones sociales y generamos rechazo social y broncas parlamentarias y en los medios de comunicación.
Vamos a ver si somos capaces de proponer algo diferente. Otro de los problemas graves que tiene la economía española es la desertización rural, especialmente en las dos Castillas y en Aragón. Ya nadie quiere en España labrar el campo o criar ganado en pequeñas unidades familiares, y la emigración a las grandes ciudades es un hecho irreversible. ¿Qué ocurriría si contratáramos un millón de inmigrantes africanos, latinoamericanos y asiáticos que tuvieran experiencia en agricultura y ganadería y les firmáramos contratos indefinidos con el único objetivo de repoblar la España despoblada? Tendrían la misión de retomar los antiguos huertos y alquerías y volver a dar vida a los pueblos de la España profunda. Con su trabajo se ganarían la vida y contribuirían legalmente a desarrollar nuestro país y a cubrir unos puestos de trabajo que para nada quieren los españoles.
La contratación de los inmigrantes se realizaría en origen, es decir, se haría la propuesta a los diferentes países elegidos estableciéndose cuotas por países, y la selección se realizaría en las embajadas españolas, previa comprobación de currículos en los que se comprobara que efectivamente se están contratando agricultores y ganaderos. Por ejemplo, si nuestro excelso Presidente acaba de estar en Gambia, podría ofrecer mil puestos de trabajo a los gambianos; eso, además, puede utilizarse como moneda de intercambio para otras relaciones económicas y empresariales con estos países.
Establecido el mapa de contrataciones y realizada la selección, se entraría en la fase de ubicación. En este caso, habría que hablar con las comunidades afectadas y establecer el mapa de radicación. Existen muchos pueblos fantasmas en España y otros que tienen una población envejecida que llevan camino de desaparecer. No habría problema en establecer ese mapa, respetando situaciones de rechazo vecinal que habría que comprender y tratar con mano izquierda (no me refiero a la del Sr. Sánchez).
En el mapa de radicación se evitaría expresamente la creación de guetos. No se pueden poner juntos a los magrebíes, por un lado, a los latinoamericanos por otro y a los asiáticos por otro; hay que mezclarlos para evitar comunidades cerradas islámicas o con bandas tipo Latin Kings. Si vienen a España a trabajar que trabajen pero que asuman nuestro modo de vivir, nuestro idioma y nuestra cultura. Hace años supe de una mujer que la habían traído veinticinco años atrás a un pueblo catalán y el marido la había metido en la casa y sólo había estado pariendo y cocinando para él; no sabía una palabra de castellano y no se había relacionado con nadie; de hecho, no podía salir de su casa. No es ese el objetivo de esta propuesta. Se pueden colocar dos familias magrebíes, dos familias peruanas y dos familias pakistaníes en un pueblo con treinta vecinos, y para sitios más grandes mantener esa proporción; los alcaldes vigilarían la interacción y solicitarían en su caso el traslado de inmigrantes conflictivos.
Estos inmigrantes tendrían hijos y con una mayor tasa que los españoles y eso haría que los pueblo semiabandonados pudieran volver a tener escuelas y ambulatorios y eso generaría mucho empleo indirecto, en este caso español, procedente de los 2,5 millones de parados. Muchos tendrían en una primera etapa que aprender el idioma, y ello generaría muchos puestos de trabajo para profesores de lengua.
Pero no sólo es el idioma, también tienen que aprender cómo son las costumbres españolas, así como las obligaciones legales y fiscales. Probablemente, eso supondría empleo para maestros y sociólogos durante una serie de meses. Es preciso tener en cuenta que el protocolo de inserción precisaría de gasto público, puesto que los ayuntamientos no van a poder sufragar este coste, así como el de alimentación y estancia durante una serie de meses, hasta que se produjera la puesta en marcha de las explotaciones rurales. Además, habría que acondicionar unas 250.000 viviendas rurales, así como comunicaciones, alcantarillado, colegios, ambulatorios, etc. Por si acaso, es preciso recordarles a los miembros del gobierno que esto no es gasto sino inversión.
Una vez materializado el protocolo de inserción y la puesta en marcha de las granjas, el Estado comenzaría a recibir ingresos, tanto por IRPF e IVA, como por cotizaciones sociales, y no sólo de los inmigrantes, sino también los procedentes de los profesores, albañiles, fontaneros, etc., que serían necesarios tanto para la puesta en marcha de las explotaciones, como para su mantenimiento y los servicios de educación y sanidad necesarios para que estas comunidades estuvieran en funcionamiento. Tendríamos que recordar a nuestro gobierno cómo se produjo la colonización del Oeste norteamericano, ofreciendo tierras gratis a fin de conseguir que acudieran inmigrantes para colonizarlas. Dos generaciones después, aquellas comunidades eran florecientes y, hoy en día, son un emporio de riqueza.
Además, si damos preferencia a la contratación de parados, el Estado se ahorraría el coste del desempleo y de la cotización de desempleados a la Seguridad Social, En total, podríamos estar hablando de unos 400.000 trabajadores inmigrantes que estarían legalizados con un contrato indefinido, sujeto a las condiciones que se establecieran, y probablemente unos 25.000 nuevos puestos de maestros, médicos, enfermeras y empleados de servicios indirectos, como bares y tiendas que se reabrirían en los pueblos. En suma, una catarata permanente de impuestos y cotizaciones sociales que superarían muy ampliamente los costes de inserción.
Obviamente, el acondicionamiento o construcción de las 400.000 viviendas para unidades familiares inmigrantes no invalidaría para nada la necesidad de construcción de un millón de viviendas que precisa España para adecuar la oferta a la demanda en las denominadas zonas tensionadas. Ese sería otro proyecto separado que deberían acometer el Gobierno y las Comunidades Autónomas cuanto antes (sí, ya sé que soy un iluso).
Sinceramente, creo que es un planteamiento al que habría que darle una vuelta y que los dos partidos mayoritarios deberían crear un grupo de trabajo conjunto para el desarrollo de un proyecto que duraría dos legislaturas. Salvo planteamientos xenófobos, que no vamos a considerar, la población española debería entender que volvieran a reabrirse los viejos huertos de los abuelos y que vuelvan a explotarse, aunque sea en régimen de concesión administrativa por un conjunto de años con opción a compra. Si, además, el gobierno promoviera un Marketplace digital para que estas comunidades rurales y otras pudieran vender sus productos directamente a las tiendas que venden al detalle con una aplicación B2B que evitara el oligopolio de la cadena alimentaria, pienso que el éxito podría ser total (vale, vale, dejad de reíros, un iluso total).
Habida cuenta de la capacidad de gestión demostrada por el equipo del Gobierno, estoy dispuesto a hacerles altruísticamente un plan de tesorería a cinco años con ingresos y egresos tanto de gasto como de inversión para mostrar la viabilidad de la propuesta. De esa forma, evitaríamos “éxitos” como el de los PERTEs.
Pero, que esté tranquilo el Sr. Abascal, lo que acabo de plantear es una utopía que no se puede llevar a cabo con el nivel que tiene nuestra clase política en la actualidad, así que podríamos volver a titular este artículo como “El Sueño de una Noche de Verano”.
Si (
No(
