Según la Premier League, el cuadro inglés cometió, durante 14 temporadas (desde 2009 hasta 2023), irregularidades contables e incumplió el Fair Play Financiero tanto de la liga inglesa como de la UEFA.
Los “Sky blues” fueron imputados en febrero de 2023 con hasta 115 cargos, y será durante las próximas 10 semanas - en caso de que una Comisión Independiente los confirme - se les impondrá la sanción pertinente.
Entre las posibles sanciones que pudieran afectar al club inglés, caso de ser considerado culpable de los cargos que se le imputan, se encuentran: suspensión de participar en partidos de liga; deducción de puntos; expulsión de la liga al club demandado; ordenanza de indemnización a los clubes y liga; anulación o denegación de la inscripción de jugadores; amén de cualquier otra orden que considere la comisión considere oportuna.
El Manchester City ha sido considerado, durante el transcurso de las últimas 14 temporadas, una de las mayores amenazas para los equipos de fútbol en Europa, ya sea por su capacidad de superar a la mayor potencia futbolística inglesa (Manchester United) o por la tendencia de incorporar a estrellas mundiales a sus filas. Lo cierto es que el equipo, ahora dirigido por Pep Guardiola, ha consolidado un dominio de vértigo. Precisamente durante el periodo los años objeto de acusación, el club acumula, aproximadamente, 2.195 millones de euros en fichajes y 26 títulos, de los cuales se destacan las 5 Supercopas de Inglaterra, 8 Premier Leagues y 1 Champions League.
Al club “citizen” se le culpa, también, por su falta de cooperación con la Premier League y la UEFA en lo referente a la transparencia económica y entrega de documentos que favorezcan y agilicen la averiguación de los hechos.
El reglamento del Fair Play Financiero (FPF) sobre el que se apoyan las acusaciones al Manchester City especifica que la normativa es aplicable específicamente para controlar la diferencia entre gastos e ingresos por traspasos, con un límite de déficit de hasta 100 millones de euros.
La nueva reglamentación se destaca por la introducción de límites graduales al gasto en salarios, estableciendo que, a partir del tercer año, no más del 70% de los ingresos podrán destinarse a sueldos. También obliga a los clubes a tener un patrimonio neto positivo y asegurar que los ingresos sean mayores que los gastos. Además, aunque ya no se penaliza el exceso de ingresos inflados, estos se tratarán como aportaciones de capital, lo que beneficia a los "clubes-estado".
Estas reglas se aplican a los clubes en competiciones de la UEFA, mientras que en competiciones domésticas como la española (LA LIGA) tienen normativas propias. La nueva reglamentación busca una mayor transparencia y control financiero sin castigos económicos tan estrictos, pero impone mayor responsabilidad en la gestión.
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