En el expediente de Licitaciones de material militar se sancionó con más de 6 millones de euros a varias empresas del sector de la defensa por su implicación en dos cárteles para el reparto de licitaciones del Ministerio de Defensa. Se ha sancionado asimismo a seis directivos de las empresas responsables por su participación en los hechos.
En el expediente de Amazon/Apple Brandgating, la CNMC multó a Apple y Amazon con 194 millones de euros por restringir la competencia en el marketplace de Amazon en España.
Podría seguir enumerando multitud de casos que sufrimos en España que socavan los beneficios de un mercado de la contratación pública justo, transparente, basado en la competencia y orientado a la inversión. Conductas anticompetitivas que se producen en todo el mundo.
En los Estados Unidos un asunto de presunta colusión implicó a varias grandes empresas farmacéuticas, con la fijación artificial de precios para una serie de fármacos genéricos hasta un 1000 % por encima de su precio normal de mercado. Un ejemplo de caso de colusión en un procedimiento de adjudicación multimillonario que costará al contribuyente europeo millones de euros de pagos en exceso, en detrimento de un gasto público eficiente y responsable.
Todos los casos tienen algo en común, multas irrisorias, beneficios extraordinarios. Un expolio de lo público creado por estos “grandes empresarios”. No les vale con enriquecerse a través de los servicios públicos, sino que, con la formación de cárteles y la constitución de oligopolios, amañan los concursos para repartirse el dinero público con el fin de aumentar aún más sus millonarias ganancias.
Lo primero que hacen es calcular la rentabilidad esperada de la pertenencia a un cártel. Evalúan la gravedad de la infracción que premeditadamente cometerán, las probabilidades de que las autoridades detecten la ilegalidad, la sanción que podrían recibir, las diversas reducciones que lograrían, y así ya pueden comparar la rentabilidad esperada y decidir si quebrantan la ley.
Como vemos, amañar concursos públicos y sangrar al sistema público resulta para algunos de los empresarios más ricos del Estado español barato e incluso eludible, cuando examinamos la ejecución de las sanciones. No sólo las sanciones resultan una miseria en comparación con el beneficio que obtienen, sino que tampoco se lleva hasta el final la prohibición de participar en nuevas licitaciones públicas, lo que resulta en la práctica una vía libre para la constitución de oligopolios, a la par que capitalizan y precarizan servicios e instituciones públicas.
Estás malas prácticas anticompetitivas, como en este caso la colusión, socavan los beneficios de un mercado de la contratación pública justo, transparente, basado en la competencia y orientado a la inversión, al restringir el acceso de empresas a ese mercado y limitar las posibilidades de elección para los compradores públicos. En un mercado de la contratación pública afectado por la colusión, muchos operadores económicos que son respetuosos de la ley se ven disuadidos de participar en los correspondientes procedimientos de adjudicación o de invertir en proyectos del sector público.
Esto tiene un efecto especialmente perjudicial sobre las empresas que desean y necesitan desarrollar su actividad, especialmente las pymes y las micropymes. La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, arremetió en el Congreso, hace escasas fechas, contra el “exceso brutal de burocracia” que sufren las pymes, que las está “ahogando” y está “frenando muchísimo la actividad económica”. “No solamente tienen que cumplir las legislaciones de 17 comunidades autónomas, también tienen que cumplir las de 27 Estados miembros”.
Respecto a la contratación pública, Fernández recordó que el Tribunal de Cuentas europeo ha manifestado que las pymes no concurren a más de la mitad de los contratos públicos en Europa. Y confía en que la nueva Comisión Europea tome medidas al respecto y flexibilice “mucho” la normativa de contratación pública.
En España la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo que promueve y preserva el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas. Durante estos años, desde su nacimiento, ha desmantelado innumerables cárteres. La extraordinaria labor que realizan es imprescindible para acabar con las prácticas anticompetitivas, y para conseguirlo, es necesario concienciar y divulgar de forma efectiva la importancia de la competencia en la economía y en la sociedad como objetivo vital.
Hace tiempo que los acuerdos anticompetitivos entre empresas, abusos de posición de dominio y otras prácticas prohibidas que perjudican a la competencia en los mercados, como la colusión, se vienen considerando y tratando como un importante factor de riesgo para la eficiencia del gasto público. Se estima que aumenta en hasta un 60 % los costes que pagan los compradores públicos en comparación con lo que pagarían en condiciones normales de mercado.
Los ciudadanos tenemos derecho a exigir que el dinero público se gaste de la manera más eficiente, transparente, responsable y justa posible, para poder utilizar servicios públicos de calidad. Para ello es necesario que organismos como la CNMC estén dotados del máximo de recursos posible. Es el mejor camino para que podamos seguir depositando nuestra confianza en las instituciones públicas.
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