Democracia y decencia

Por ejemplo, se entiende que en una democracia asentada en un Estado de Derecho el Fiscal General del Estado no puede ejercer si está investigado por la máxima autoridad judicial del Estado: el Tribunal Supremo. Permanecer en el cargo es impedir que se haga justicia creíble (le tiene que acusar un subordinado) y ataca la igualdad como valor fundamental, entre otros. Por eso esa situación no se ha dado en la historia de las democracias occidentales de nuestro entorno. Pero el dislate es mucho más grotesco: resulta que al buen señor (por decir algo) Fiscal General del Estado se le ha ocurrido ni más ni menos que asegurar en pública televisión nacional que tiene datos e información cómo para llevar ante la justicia a tropecientos miembros de la política española, si bien él, responsable y magnánimo, no piensa usar esos conocimientos.

¿Cómo? Si precisamente su labor principal y casi exclusiva es llevar ante la justicia a cualquiera (igualdad) del que tenga pruebas de delito contra el bien común. Algunos han reparado en la actitud chantajisto/amenazante, de puro matonismo, de esas declaraciones. Pues no es eso lo radicalmente peor, lo trágico es que la mayor autoridad fiscal del Reino se atribuye la autoridad de qué ley va a aplicar o no, de a quién va a inculpar o no, de cómo será la seguridad jurídica o no según su capricho. Es decir él es la justicia y hace lo contrario de lo que es su deber, y lo reconoce “cándidamente”. Eso es frecuente en el mundo, desde Venezuela a Corea del Norte, pero es incompatible radicalmente con cualquier democracia occidental al uso. No es sólo que no dimita, es que no le han expedientado para cesarlo.

Pero es que el que debería cesarlo, nuestro telendo Doctor Sánchez, también reclama que le echen de comer aparte de los valores democráticos. En una semana en que SU Fiscal General del Estado es investigado por el Supremo, primer caso de la Historia , gran aportación española, y en la que queda fuera de toda duda que su Gobierno incumplió la legalidad internacional y la normativa europea al permitir la estancia de una antidemocrática violadora de derechos civiles en espacio Schengen, gravísimo fallo diplomático presuntamente ligado a corrupción económica, Pedro Sánchez invita a la sociedad española (sic) a preocuparse por la situación de la pareja de una líder regional, la señora Díaz Ayuso. El grave atentado contra el bien común democrático por parte del compañero de la señora Ayuso ha sido incumplir dolosamente con Hacienda, y por lo tanto llegar a un acuerdo sobre la sanción a pagar.

Un incidente personal e individual frecuente y por el que han pasado recientemente Raúl Morodo o la inolvidable o maravillosa Montserrat Caballé. Es decir ¡el Presidente de Gobierno tiene el cuajo de invitar al votante medio a centrarse en una anécdota fiscal, dolosa, en vez de en una bomba atómica en el corazón de las Instituciones Democráticas y en un desprecio a las Instituciones Europeas! Nadie puede ver ahí un sentido de responsabilidad hacia las Instituciones que sostienen la democracia ni el más mínimo respeto a la decencia y la ética democrática, no digamos al votante medio.