Pero no es la acreditada incompetencia ni la referida y acusada psicopatía lo que está hoy en disputa sino si hay sentido para que la jurisdicción penal intervenga por las actuaciones (acciones y omisiones) de las que ha de derivarse claramente negligencia criminal con consecuencia de ni se sabe aún cuántos pobres hombres muertos.
Y para acreditar esa negligencia criminal, no cabe sino formularse varias cuestiones:
- ¿Ignoró Sánchez los riesgos evidentes de su comportamiento sin tener en cuenta la vida de otras personas?
- ¿Hasta qué punto Sánchez ha cometido a sabiendas actos peligrosos que conocía que podían dañar o acabar con la vida de otras personas?
- ¿Ha sido ese comportamiento de Sánchez no una decisión o acto aislado sino un patrón que se ha sostenido en el tiempo durante varios días y aun semanas?
- ¿Ha sido ese patrón de actuación de Sánchez no el esperado en las circunstancias sino otro, opuesto, enteramente irracional?
- ¿Hasta qué punto Sánchez ha tomado conscientemente riesgos sustanciales e injustificables con resultado de muertes masivas?
- ¿Son las acciones y omisiones de Sánchez fruto de un error de juicio, de una desatención, de un simple descuido… o hay algo más?
- ¿Cómo podría compensar y resarcir Sánchez el dolor y el sufrimiento físico, la angustia o incluso las muertes que se pudieron evitar y no se evitaron?
Lo primero es y así habrá de ser en el futuro más inmediato la atención a las víctimas. Pero hay un trabajo paralelo irrenunciable, inexorable, le guste más o menos a los patanes que han actuado como bastante más que pésimos gestores. La rendición de cuentas, en suma, hay que llevarla, más allá del parlamento, a los juzgados y tribunales. Tantos atropellos y tan fatales nunca deberían quedar impunes.
Si (
No(
