Estos casos no son aislados y en su despacho han defendido a diversas empresas e influencers en situaciones similares, incluyendo figuras que, como los fundadores de la conocida cadena de hamburgueserías GOIKO, que han sufrido acoso en redes. En este caso, Santana explica que el despacho “ha interpuesto una querella criminal por un delito de odio, pendiente de celebración de juicio oral”, lo que demuestra el compromiso de su equipo por defender los derechos de sus clientes.
El despacho también ha llevado a cabo casos de alto perfil, como la defensa de empresarios que solicitan ejercer el "derecho al olvido" y obtienen la eliminación de contenidos que dañaban su probidad profesional. Estos ejemplos subrayan el valor de la intervención profesional en situaciones donde la imagen y reputación están en juego para permitir a los afectados defenderse y recibir compensaciones por los daños sufridos.
Santana y su equipo han logrado en varios casos la retirada de contenidos lesivos y han obtenido indemnizaciones por el daño reputacional, lo que demuestra que la defensa legal puede ser efectiva incluso en situaciones de acoso coordinado.
En España, el marco legal ofrece diversas protecciones frente a ataques en redes sociales. Los delitos de injurias, calumnias y amenazas están tipificados en el Código Penal y existen normativas específicas como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que refuerzan la responsabilidad de las plataformas digitales en la eliminación de contenidos lesivos. Aun así, Santana considera que el anonimato, en ciertos casos, actúa como una barrera para que las víctimas se defiendan: “Regular el anonimato permitiría garantizar una mayor responsabilidad en el uso de las redes y facilitaría que los afectados pudieran actuar legalmente contra quienes cometen abusos”, afirma.
La abogada recomienda que las víctimas documenten cada acto de hostigamiento en redes, como capturas de pantalla y enlaces. Esto sirve de base para presentar una denuncia formal ante la plataforma y, en casos graves, recurrir a un abogado para estudiar posibles acciones legales.
Por otro lado, la abogada enfatiza el valor del derecho de rectificación en el contexto digital actual. Este derecho, regulado en la Ley Orgánica 2/1984, permite que cualquier persona afectada por informaciones inexactas solicite una rectificación pública en el mismo medio y con la misma relevancia que el contenido original. Esta herramienta es especialmente relevante en redes sociales, donde la difusión de contenido es rápida y masiva. Santana aclara que “al ejercer este derecho, el afectado puede proteger su imagen y reputación sin necesidad de emprender acciones legales más largas”, para ofrecer así una defensa inmediata frente a la desinformación.
Aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental, tiene límites cuando se vulnera el honor, la intimidad y la imagen pública. “El límite está en la legalidad y el respeto. Expresarse con libertad es válido siempre que no se vulneren derechos de otras personas”, subraya Santana.
Asimismo, las estafas a través de la usurpación de la identidad y la réplica de cuentas son un fenómeno prolífico en el que las víctimas sufren cómo la falta de garantía y seguridad de los sistemas permiten a los ciberdelincuentes usurpar su identidad y pedir dinero a familiares y amigos de forma impune. En estos supuestos, la letrada recomienda una doble acción: denunciar y reclamar responsabilidad civil solidaria a la plataforma por su inactividad y falta de seguridad de sus sistemas, ya que estas actividades criminales se están realizando de forma masiva impunemente ante la parsimonia e inactividad de las grandes plataformas como Instagram, Facebook, X, etc; y formular una reclamación ante la Oficina Española de Protección de Datos de carácter personal y, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a fin de exigir responsabilidades tanto civiles como penales en una acción conjunta.
Si (
No(
