Estas medidas crean las condiciones legales y organizativas para el trabajo eficaz de la Agencia Anticorrupción. Su tarea no se limita al control; la Agencia se esfuerza por crear una nueva actitud hacia la corrupción en la sociedad inculcando la intolerancia hacia todas sus manifestaciones. Representantes de la sociedad civil, periodistas, blogueros y activistas participan en este empeño y se convierten en parte integrante del movimiento anticorrupción.
Para reforzar el control público sobre las actividades anticorrupción en Uzbekistán, se han creado el Consejo Nacional Anticorrupción y el Consejo Público dependiente de la Agencia Anticorrupción. Curiosamente, el 25% de los representantes de la sociedad civil están representados en el Consejo Nacional, mientras que en las unidades territoriales esta cifra alcanza el 37%. Dicha participación se ha convertido en una importante plataforma para el intercambio de opiniones entre los organismos estatales y la sociedad, ayudando a debatir y resolver problemas clave de la política anticorrupción.
El Consejo Público de la Agencia Anticorrupción, en el que la proporción de representantes de la sociedad civil alcanza el 63%, actúa como enlace, permitiendo a los ciudadanos influir en la política y evaluar su eficacia. Los miembros del Consejo participan en el debate de nuevas normativas, la formación jurídica y la supervisión de la política anticorrupción. Se abren así al público mecanismos que antes eran responsabilidad exclusiva del Estado.
Uzbekistán trabaja activamente para implicar a organizaciones internacionales y estructuras no estatales en las iniciativas anticorrupción. Un ejemplo es el proyecto «Laboratorio Anticorrupción», ejecutado conjuntamente con el movimiento nacional Yukalish y la organización internacional Diálogo Regional (Eslovenia). El objetivo del proyecto era identificar los riesgos de corrupción en ámbitos importantes como la educación primaria y la sanidad, y elaborar recomendaciones para eliminar los factores de corrupción.
Otra iniciativa significativa fue la creación de comisiones de expertos para evaluar la eficacia de las actividades anticorrupción de los organismos estatales. Dichas comisiones incluyen hasta un tercio de representantes de la sociedad civil, lo que permite una supervisión independiente y refuerza el control público.
La Fundación Pública adscrita al Oliy Majlis y socios internacionales apoyan activamente proyectos de investigación y prevención de la corrupción. En los dos últimos años, se han asignado fondos a docenas de proyectos que abarcan regiones del país, como las provincias de Syrdarya, Fergana y Navoi. Este enfoque no sólo desarrolla el compromiso cívico en las regiones, sino que también ayuda a construir la infraestructura de supervisión pública necesaria para una lucha a largo plazo contra la corrupción.
Además, el país está aplicando recursos globales de la ONU para aumentar la actividad anticorrupción de los jóvenes y los conocimientos jurídicos de los ciudadanos. Las sesiones de formación para periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales se llevan a cabo de forma sistemática para ayudarles a cubrir los procesos anticorrupción con mayor confianza y precisión.
El enfoque innovador de Uzbekistán en la lucha contra la corrupción también incluye la introducción de recompensas para quienes hayan denunciado delitos de corrupción. Desde 2022, más de 100 ciudadanos que han facilitado información sobre corrupción han recibido recompensas económicas. La plataforma E-antikor.uz y el centro de llamadas permiten a los ciudadanos denunciar delitos en línea, lo que simplifica el proceso y aumenta el compromiso público. Solo en 2023 se recibieron más de 4.500 denuncias a través del centro de llamadas, lo que demuestra la creciente actividad de los ciudadanos y la formación de una conciencia anticorrupción.
En el camino hacia un mayor desarrollo de la cultura anticorrupción en el país, está previsto crear una Academia Virtual Anticorrupción, donde todos los representantes de la sociedad civil podrán recibir formación gratuita. El programa de la Academia se basa en las mejores prácticas internacionales y se convertirá en una plataforma de formación jurídica masiva al alcance de todos los ciudadanos.
Estas medidas demuestran que Uzbekistán no sólo lucha contra la corrupción, sino que también se esfuerza por cambiar radicalmente la actitud de la población ante este problema. Los esfuerzos de la sociedad civil, las autoridades estatales y los socios internacionales ya están sentando unas bases sólidas para una sociedad libre de corrupción.
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