Uno de los efectos más alarmantes de esta normativa es la imposibilidad de atender con antibióticos a mascotas sin propietario, que dependen de la buena voluntad de asociaciones protectoras, veterinarios solidarios y ciudadanos comprometidos con el bienestar animal.
Estos animales, muchas veces heridos o enfermos, requieren tratamientos urgentes que ahora enfrentan trabas burocráticas que dificultan o impiden su acceso a la medicación necesaria.
Sin un tutor legal que pueda figurar en el sistema PresVet, los veterinarios se ven atados de manos para administrar antibióticos, incluso cuando la vida del animal depende de ello.
El sufrimiento de estos seres indefensos es innegable. Una simple infección, que podría haberse resuelto con un tratamiento adecuado, puede evolucionar hacia un cuadro grave, doloroso e incluso mortal. Los veterinarios, cuyo compromiso ético es velar por la salud animal, se ven en la encrucijada de incumplir la normativa o dejar sin asistencia a estos animales, lo que genera una profunda frustración en la comunidad veterinaria.
En este contexto, es fundamental reconsiderar la aplicación del Real Decreto 666/2023 y encontrar soluciones que permitan a los veterinarios actuar con responsabilidad y humanidad. Se hace urgente establecer protocolos excepcionales para el tratamiento de animales sin dueño registrado, garantizando que el control de antibióticos no se convierta en una barrera para la protección y bienestar de estos seres vulnerables.
La salud pública y la ética veterinaria deben ir de la mano sin que ninguna quede relegada. Por todo ello, instamos a las autoridades competentes a revisar esta regulación y proporcionar alternativas viables para asegurar que ningún animal enfermo quede sin la atención que necesita por razones meramente administrativas.
La protección y el bienestar de los animales callejeros no pueden quedar al margen de la legislación.
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