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CARTA DEL PRESIDENTE

Cortar los suministros a los okupas: llegó la hora

· Por Alfonso Merlos, Presidente del Grupo "El Mundo Financiero"

domingo 16 de marzo de 2025, 11:11h
Cortar los suministros a los okupas: llegó la hora
No hay que acometer lo que es una urgencia nacional ahora, por alguna razón especial, sino que debió acometerse hace años, siendo así que no habrían quedado desamparados, robados y humillados numerosos propietarios de viviendas que han sido víctimas dobles: primero, de los delincuentes que las han tomado por la fuerza; y segundo, de un Estado de Derecho postrado, cobarde e, indiscutiblemente, inoperante. Y aun así, parece que asoma la luz con la decisión de jueces catalanes que podría extenderse a toda España. Es sencillamente una vergüenza que, según las estadísticas del CGPJ, el tiempo medio para desalojar de manera legal a un okupa sea de 12 meses, un plazo que se hace absolutamente interminable, un verdadero calvario para quienes ven vulnerados sus derechos y el día a día de una ruina económica que en ocasiones, además, origina importantísimos trastornos de salud personales y familiares: la rabia y la impotencia irreprimibles.

Pero hay más en el marco de esta delirante y deleznable situación, porque no son pocos los casos en los que si se le añaden las apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales, el referido plazo puede extenderse hasta casi los dos años. La legislación española, extremadamente penosa e indolente en este sentido, establece que cualquier intento de echar a un okupa sin la intervención de las autoridades puede considerarse un delito de coacción; y, por descontado, que cortar el agua, la luz o el gas, considerados suministros básicos, estaría dentro de este supuesto, que convertiría al propietario legal y legítimo de una vivienda… en un delincuente. ¡Bochornoso!

Precisamente por ello, los magistrados de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona y la de Gerona han abierto una puerta a la esperanza, al acordar en sus reuniones del pasado 7 de marzo y del 22 de noviembre de 2024, unificar criterio, de modo que “en caso de que el titular de una finca (en régimen de propiedad o cualquier otro título que habilite su uso), ocupada o que ha sido objeto de allanamiento de morada, no mantenga el alta de los suministros o el abono de los mismos, no será constitutivo de un delito de coacciones”.

El problema estaría en vías de solución con la aplicación de esta doctrina. Habría que levantarles un monumento a estos hombres de Derecho que han fijado, de manera diáfana, dónde está la raya que separa a los delincuentes de sus víctimas: sin borrones, sin confusiones, sin paradojas.

El acuerdo de los magistrados de Barcelona precedía al adoptado por los de Gerona, que además de avalar el corte de suministros autorizaba lo que se ha definido como “desalojo exprés” sin autorización judicial previa si la policía actúa en las primeras 24 horas; justamente, la base tomada para que los Mossos actuaran y sacaran de la que no era su propiedad al imán de Salt, una intervención que desencadenó varias noches de graves incidentes en la localidad.

Hecho lo hecho y sentenciado lo sentenciado a través de las correspondientes sentencias, ¿qué más necesita nuestra timorata casta política para, ahora sí, actuar en complicidad no con los ‘okupas’ sino con quienes pueden recuperar de un día para otro sus viviendas, compradas y pagadas con el sudor de su frente? ¿no ven los miembros de esa timorata casta política cómo de grande es la ventana que se abre para que, sin luz, sin agua, sin calefacción o refrigeración, salgan de sus agujeros como ratas quienes, en tantas ocasiones, se comportan peor que las propias ratas causando dolor, sufrimiento y tanta injusticia a tantas familias honradas?

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