Es posible que el enfoque del trabajo bibliográfico de Luisgé Martín, titulado “El odio”, no sea el más acertado ni es el tipo de ensayo que elegiría para leer en mi tiempo libre, pero voy a defender de manera vehemente la libertad del autor de abordar de la forma que estime oportuna y conveniente su investigación y de que la misma pueda ver la luz sin que se vea sometido a un escandaloso escarnio público. Me ha sorprendido, ciertamente, escuchar a renombrados periodistas y escritores “progresistas” defender tan alegremente y sin paliativos la proscripción de un ensayo criminológico en una democracia consolidada como la nuestra. Considero que este tipo de prohibiciones son propias de regímenes dictatoriales y autoritarios, que lamentablemente aún existen a lo largo y ancho del planeta.
Si el sufrimiento de una madre es motivo suficiente para que se vete una publicación, cabe preguntarse dónde está el límite legal o cuál es el parámetro para permitir o no que se aborde cualquier tipo de temática. ¿No tendríamos que descatalogar entonces libros sobre el holocausto, ya que podríamos molestar a quienes lo padecieron? ¿Debemos plantearnos acaso revisar los trabajos que analizan los perfiles psicológicos de asesinos o criminales? Yo creo firmemente que no. La libertad de expresión debe prevalecer.
En nuestro ordenamiento jurídico, ningún derecho es absoluto y hay límites establecidos taxativamente por la ley. En el caso que nos ocupa, únicamente los impedimentos para que el libro “El miedo” no pueda publicarse son que el asesino, José Bretón, se lucre económicamente o que en su contenido se menoscabe flagrantemente el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los niños asesinados. Ninguno de estos dos supuestos concurren aquí, más allá de que algunos piensen que es inmoral dar voz a un criminal de este calibre.
Es evidente que no se incumple la normativa vigente cuando se intentó, haciendo un ejercicio de equilibrismo jurídico, acusar a José Bretón de incumplir la orden de alejamiento contra la que fue su mujer y su víctima, Ruth Ortiz, por el testimonio que el autor recoge en la obra.
Pese a ello, la editorial Anagrama sucumbió a las presiones mediáticas y paralizó su distribución, quizás por una cuestión reputacional. “Anagrama considera que, en una sociedad democrática, debe existir un equilibrio entre la libertad creativa como derecho fundamental y la protección de las víctimas. Las obras que se inspiran en hechos reales, como es el caso de ‘El odio', requieren de una dosis doble de responsabilidad y de respeto. Por eso, en un ejercicio de prudencia y de forma voluntaria, la editorial ha decidido mantener la suspensión de la distribución de la obra de manera indefinida”, expresó en un comunicado público zanjando la situación.
Sin desmerecer ni un ápice la tragedia personal y el inmenso sufrimiento de Ruth Ortiz, considero que lo ocurrido es un precedente muy peligroso para la creación literaria, que debe respetarse, aún cuando no nos guste lo que leamos. Prohibir libros es algo muy serio.
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