Por otra parte, además de ese amplio sector pseudo público del chiringuiteo, están la propia Administración y el Sector Público, que suelen adolecer de falta de eficiencia. Un ejemplo evidente de ello es el desmontaje que se ha ido haciendo del Sector Público español y en particular, de su referente clave, el conglomerado de empresas del Instituto Nacional de Industria.
El INI fue creado, en la posguerra, para contribuir a la reconstrucción nacional, mediante la constitución de grandes empresas públicas en el ámbito de la siderurgia, la energía, las comunicaciones, el transporte, etc. En esos momentos no había un sector privado dispuesto y capaz de acometer la realización de esas tareas. Las circunstancias, en particular el bloqueo internacional al régimen de Franco hasta principios de los años cincuenta, llevaron a la autarquía y a crear el INI, tomando como referencia el “Istituto per la Riconstruzione Industriale”, el IRI de Mussolini, a fin de que el Estado crease y dirigiese un gran conglomerado de empresas públicas capaces de producir los bienes y servicios básicos antes citados.
Posteriormente, llegada la democracia, se fue siendo cada vez más consciente de que la economía de mercado no se armoniza bien con las empresas públicas, porque estas tienen, por un lado, una dependencia directa del poder político y, por otro, porque se enfrentan a un marco muy rígido de control, que no garantiza su eficiencia, sino que además las hace incapaces de tomar decisiones rápidas, lo que es incompatible con operar en una economía de mercado.
Por ello, tanto el socialismo moderado del presidente González como la derecha moderada del presidente Aznar, fueron procediendo a privatizar las empresas del INI, para que así se pudieran ajustar realmente a la dinámica de la economía de mercado.
Por su parte, está la Administración Pública, presente en todos los niveles territoriales, que es el gran órgano ejecutor de las políticas estatales, autonómicas y locales y que tiene una dimensión muy superior en empleo, coste e impacto a la del Sector Público.
A finales del siglo XIX y principios de XX, existía una práctica política, las cesantías, que consideraba a la Administración como una gran oficina de empleo que colocaba a los amigos del partido de turno y cesaba a los amigos del partido perdedor. Estos cambios constantes tenían terribles efectos, primero porque los distintos trámites administrativos necesitan de personas que tengan los conocimientos suficientes de las leyes y normas aplicables en cada caso y, segundo, porque ello dejaba el poder de la toma decisiones (contratos públicos, adjudicaciones, concesiones, autorizaciones, etc.) en manos de quienes habían nombrado al funcionario, que teóricamente tenía que resolver al respecto pero que obedecería ciegamente a quien lo nombró.
Por ello se optó por profesionalizar y dar estabilidad a los empleados públicos, para garantizar que tuvieran conocimientos suficientes para realizar los trámites, controlarlos y mejorarlos. De esta manera los ciudadanos podían acceder al empleo de funcionario, tras pasar por un sistema de oposiciones que, por muchos defectos que tuviera, ofrecía grandes garantías de imparcialidad a la hora de seleccionar entre los candidatos
El sistema de carrera administrativa, al dar estabilidad en los puestos de trabajo, resultó muy ventajoso para los propios ciudadanos frente al sistema de cesantías. La estabilidad y profesionalidad de los funcionarios aumentó de forma considerable su imparcialidad, posibilitando que pudieran aplicar con mayor objetividad lo que la normativa administrativa hubiese establecido.
De hecho, con un sistema de carrera profesional y leyes claras que den autoridad y responsabilidad al funcionario, se pueden evitar la práctica totalidad de casos de corrupción, por amiguismo u otras razones. Ello no requiere impedir la discrecionalidad que es muchas veces imprescindible para dar agilidad a la gestión directiva, pero que no tiene nada que ver con la arbitrariedad, que es intrínsecamente corrupta.
Estoy plenamente convencido de que se puede frenar la corrupción, lo que no excluye que puedan aparecer casos puntuales. Durante el periodo 2014 a 2017, en el que están constantemente en los medios los casos de la GÜRTEL o los ERE. publiqué seis artículos sobre este tema y, en 2018, un último cuyo título dejaba muy clara mi postura “Me comprometo a acabar con la corrupción”.
La corrupción es muy desgastadora para los demócratas pues les impulsa a perder la confianza en la democracia, lo cual es un error. Recordemos que Elon Musk ha sido nombrado Director del Departamento de Eficiencia Gubernamental y que su nombramiento para ese puesto, dure lo que dure, es el resultado de la elección democrática del presidente Trump.
Ahora bien, la lucha contra la corrupción, no es más que la guinda del pastel (¡vaya pastel!) que ha asumido voluntariamente Elon Musk, ya que su auténtica función consiste en implantar una cultura de eficiencia en toda la Administración Pública de Estados Unidos.
Abordar el tema de la Eficiencia en la Administración Pública es uno de los retos más importantes que tienen hoy todos los países modernos. La izquierda, que tiene fuertes resabios marxistas, es muy crítica con la empresa privada. La derecha, que entiende más de la complejidad de la gestión económica, es menos beligerante y más contemporizadora con la empresa privada. Pero a ambos, a la izquierda y la derecha, les lanzo una pregunta sencilla, ¿quién es la mayor empresa de España, por número de empleados y coste?
A estas alturas del artículo, supongo que todos los lectores tienen ya la respuesta: la “empresa” más grande del país es la Administración Pública, cuyo coste de funcionamiento (funcionarios, empleados, instalaciones, mantenimiento, etc.) ha sido de 311.527 millones de euros en 2024, de los cuales 212.500 millones son salarios. El resto de asalariados percibe 557.980 millones de euros, lo que nos indica que, del total de salarios de España, los funcionarios y empleados públicos de las Administraciones Publicas (Administración Central del Estado, Administraciones Autonómicas y Administraciones Locales) perciben el 27,6% del total de la masa salarial de España.
Esto equivaldría a decir, en base a su coste, que la Administración y el Sector Público, son la gran empresa de la nación española, una empresa que paga el 27,6% de la masa salarial total mientras que el resto de empresas grandes, medianas y pequeñas (incluyendo los autónomos que tengan asalariados a su cargo) pagan el 72,4% restante)
Tras estas consideraciones, hagamos unas sencillas preguntas: ¿Cómo podemos tener certeza los ciudadanos que ese 27,6% de masa salarial, que pagamos con nuestros impuestos, da lugar a una actuación eficiente y productiva? ¿Cabe poner a la Administración Pública como ejemplo de eficiencia para todas las demás empresas españolas? ¿Cabria que la derecha, en la línea de Elon Musk, hiciera estas preguntas? ¿Cabría que la izquierda, que tanto aclama la justicia social, las hiciera también?
Las empresas privadas, sean del tamaño que sean, si no son eficientes, son expulsadas del mercado por la fuerza de la competencia, ¿no sería justo, también, que se distinga dentro de la Administración Pública a aquellas instituciones que sean ineficientes, para reconducirlas o disolverlas? ¿Debemos los ciudadanos hacernos esas preguntas y reclamar que nos expliquen si esos 311.527 millones de costes de funcionamiento de la Administración Pública realmente producen ese valor, o si se está despilfarrando el dinero de nuestros impuestos?
Deseo terminar diciendo que he sido funcionario público durante 40 años y que siempre he tenido un gran deseo de mejorar la eficiencia para dar más y mejores servicios al ciudadano y para que los funcionarios públicos sintamos que tenemos un trabajo valioso. Creo, sin ingenuidad, que ese es el sentir de una gran mayoría de funcionarios y empleados públicos. De hecho, tan solo me he encontrado con alguno que no quería hacer nada de nada. La gran mayoría, si sabes escucharlos, envolverlos y fomentas su creatividad, responde de forma extraordinaria.
Creo rotundamente que el problema está en el sistema y no en el individuo. No es cierto que los funcionarios y empleados públicos “se dediquen a estar en el bar y a tomar café”, lo cual no quiere decir que no ocurra eso cuando la cultura de la pasividad se instaura en cualquier institución pública.
Cabría finalizar respondiendo a la pregunta ¿cómo hacer el cambio hacia una cultura de la eficiencia en lo público? Pero permítanme que no alargue en demasía este artículo. Dejémoslo aquí, si bien me pongo a disposición de quien quiera que profundicemos seriamente en este tema, para que estemos preparado por si Elon Musk llegara a la política española.
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