Nos encontramos con que la mayoría de las universidades privadas (CEU, Universidad Europea, UNIE, CUNEF, ESIC, Villanueva, etc.) fueron anteriormente centros adscritos a universidades públicas, y sus alumnos recibían un título de universidades públicas muy reconocidas, como la Universidad Complutense, la URJC o la Universidad de Barcelona, entre otras. Mientras estas instituciones eran centros adscritos, impartían su formación en sus propias aulas y con su propio profesorado, estando bajo el “control” de calidad de las universidades y de los organismos de calidad de las CCAA, que certificaban sus títulos y a las que pagaban un canon que podía situarse en torno al 20% de los ingresos, aunque en algunos casos lo superaba. El centro adscrito asume los costes de profesorado, aulas, marketing, ventas y operaciones, mientras que la universidad se encarga de elaborar el certificado del alumno.
Esto supone que las universidades públicas ingresen unos 248 millones de euros cada año, y que cuatro de las últimas universidades privadas de Madrid dejarán de pagar unos 10,5 millones de euros a las universidades Complutense y URJC.
Por otro lado, las CCAA transfieren unos 10.115 millones de euros a las universidades públicas, recursos que se asignan en función del número de alumnos, unos 9.340 € por alumno (dependiendo de si son de grado o de máster). En el cómputo de los 1.082.900 alumnos se incluyen también los 82.737 pertenecientes a centros adscritos (7,6%), por los que, aunque no pasan por sus aulas ni ven a sus profesores, las universidades públicas reciben la transferencia de sus CCAA. Concretamente, esto supone unos 688 millones de euros, que junto con los 99 millones de los certificados hacen que los centros adscritos aporten unos 787 millones a las universidades públicas, lo que supone una muy importante ayuda.
No es extraño que existan tantos reparos a la aprobación de estos centros como universidades independientes, ya que supondría perder dichos suculentos ingresos. Antes, su calidad como centros adscritos no era mala, pero como universidades se les acusa de carecer de calidad y de ser “chiringuitos”.
Lejos de corregir los privilegios ocultos del sistema, el nuevo Real Decreto refuerza la posición de las universidades públicas, particularmente en regiones como Cataluña, con 73, y Madrid, con 40 centros adscritos, donde se concentra más de la mitad. El artículo 13, apartado 11, permitirá, si se aprueba, a las universidades públicas imponer unilateralmente precios máximos a los centros adscritos, bajo el argumento de proteger el "bien social" y garantizar matrículas accesibles.
Las empresas están valorando cada vez más a los egresados de universidades privadas, como lo demuestra el hecho de que su salario medio al terminar los estudios es un 18% mayor, además de obtener un mayor número de contratos indefinidos y a tiempo completo. Un mayor control y seguimiento de los alumnos, así como la posibilidad de exigir un mejor desempeño a los profesores que no son funcionarios, pueden ser parte de los motivos.
Nuestro modelo universitario no es perfecto, como se refleja en los rankings mundiales: los alumnos de universidades públicas españolas no son tan reconocidos internacionalmente, a diferencia de nuestras escuelas de negocios privadas. La colaboración y la competencia público-privada, pueden ayudar a mejorar nuestro modelo educativo en los albores de la transformación que la inteligencia artificial va a traer al sector. Fijémonos en otros países y aprendamos de la relación público-privada, tanto en las instituciones educativas, también entre la empresa y la universidad para que la investigación se transforme en patentes e innovación.
Si (
No(
