¿Dónde está el límite? ¿Qué tiene que pasar para que lo que debería ser una estrategia de devolución a su origen de quienes infringen la ley y violan nuestras fronteras ponga fin a la actual estrategia, contraria, de tratarles ‘a cuerpo de rey’, como ciudadanos de primerísima categoría?
¿Tiene sentido y es razonable que, por ejemplo, en el caso sólo de Andalucía se hayan gastado cerca de 300 millones de euros en los últimos cuatro años para fomentar una inmigración que, en un porcentaje alarmantemente considerable, actúa e incide sobre la sociedad española sin ningún tipo de control?
¿Cómo se explica que en un barrio como el de Puente Ladrillo (Salamanca) se silencie y se ningunee a los vecinos que se oponen a la implantación de un nuevo centro de menas, temerosos, con razones fundadas por los precedentes, de la inseguridad y la delincuencia que pueden irradiar? ¿Qué clase de solidaridad es ésa que se pretende imponer (naturalmente lejos de los domicilios y la tranquilidad particular de la casta política) a golpe de BOE y de boletines de las respectivas comunidades autónomas?
Aún más, levantando ligeramente la mirada, ¿no somos conscientes aún -no lo es la referida casta política parasitaria- de los estragos y los destrozos irremediables (posiblemente ya para décadas) que en países como Francia o Bélgica o Suecia han generado los costosísimos centros de acogida de inmigrantes ilegales?
Mucho se habla de lo que ocurrirá posiblemente en pocos años cuando se eche la vista atrás y se vea el estercolero de país que, en tantos rincones, va a legar el presidente Sánchez. Más se debería de las políticas auténticamente suicidas, compartidas y casi celebradas cerril y ciegamente por la casta política bipartidista, que sólo un cambio radical y urgente podría evitar que legasen, para mucho tiempo, en muchas ciudades, en muchos pueblos, en muchos distritos y barrios, un panorama auténticamente desolador, invivible. ¿Qué ha de ocurrir para que se inicie ese imprescindible giro?
Si (
No(
