Estos conceptos, que formarían parte de las propuestas de los aliados para la reconstrucción de Europa tras la II Guerra Civil europea, tuvieron un gran apoyo teórico en los trabajos de William Beveridge. También él, pese a su origen liberal, formuló nuevos objetivos para el Estado, sobre dos ideas o programas básicos: lograr el pleno empleo y construir su sistema de protección social para asegurar a todos los ciudadanos rentas mínimas y servicios sociales básicos. No se trataba de una ampliación de la legislación social para los trabajadores ni una ampliación de la asistencia social para los indigentes sino un nuevo paradigma para el Estado y un nuevo concepto de ciudadanía.
Aunque el término “Estado de Bienestar” no sea en español muy feliz, ya que permite fáciles caricaturas para sus críticos, resulta más definidor y preciso que otros términos alternativos. Por eso, quizás una definición que podríamos utilizar y que abarcaría con precisión el concepto, sería la de considerar al Estado de Bienestar como un conjunto de instituciones públicas, proveedoras de políticas sociales, dirigidas a la mejora de las condiciones de vida y a promocionar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Dicho de otro modo y en el más puro estilo intervencionista, es el conjunto de medidas adoptadas por el Estado para proteger a los ciudadanos contra aquellos riesgos frente a los cuales el mercado no ofrece una cobertura, ni eficiente ni equitativa.
Los Estados de Bienestar históricamente fueron resultado combinado de diversos factores, entre los cuales cabe destacar el reformismo socialdemócrata, el socialismo cristiano y la élites políticas y económicas conservadoras ilustradas. Todas estas fuerzas políticas y sociales, junto con los sindicatos de clase, impulsaron reformas de seguro obligatorio, protección al trabajo, salario mínimo, expansión de los servicios sanitarios y educativos, y alojamientos subvencionados estatalmente. Pero el aspecto más significativo del Estado de Bienestar no se reduce a la regulación del mercado, sino que se expresa y se reconoce en el principio de la seguridad social. A través del seguro social, el Estado intervino en las relaciones laborales haciéndose cargo de la precarización y la inseguridad que hasta ese momento se expresaron en el fenómeno de la cuestión social.
Las herramientas características que utilizan estos nuevos Estados para lograr garantías sociales mínimas son la intervención en la economía con el objetivo de lograr el pleno empleo y el desarrollo de las políticas de seguridad social. A este objetivo se añade la reducción de la desigualdad económica o la redistribución de la renta, instrumentalizada por medio del sistema impositivo y los gastos sociales.
La ecuación keynesiana de compaginar la justicia social con la acumulación de capital funcionó relativamente bien en la Europa de los 50 y 60 del siglo XX, pero a partir de la década de los 70 el crecimiento económico sostenido y el pleno empleo que se habían logrado, empiezan a disminuir de forma repentina. Con ello comienza un proceso de desmoronamiento del modelo de desarrollo del Estado de Bienestar keynesiano y, paralelamente, aumentan los requerimientos de prestaciones hacia el Estado y disminuyen los cotizantes al sistema de seguridad social. La crisis se verá agudizada por la subida del petróleo derivada de la guerra del Yom Kippur de 1973 que va a producir una contracción económica en gran parte de los países de Europa.
El escenario mundial derivado de la globalización hace complejo pensar en un retorno del Estado como principal agente productivo y generador de bienes y servicios, que sustente políticas universalistas y que garantice los derechos civiles, sociales y políticos. El papel del Estado en la actual crisis crediticia e hipotecaria, incluida la explosión de la burbuja inmobiliaria, es francamente controvertido. Muchas de las características que hacían que un Estado fuera “de Bienestar” han sido desmanteladas con las privatizaciones, externalización de servicios y subcontrataciones de empresas y servicios que antes otorgaban los Estados y que ahora deben costear los ciudadanos.
En los últimos años se está generando una fuerte corriente de opinión, tanto a nivel político como académico, sobre si Europa se puede permitir un Estado de Bienestar como el actual .Los argumentos más manejados son, por un lado, que el envejecimiento de la población hará insostenible el grado de generosidad de algunos programas, principalmente las pensiones. Por otro lado, que el actual Estado de Bienestar no es compatible con el nuevo modelo económico de la globalización, expuesto a la competencia internacional y basado en la implantación de las nuevas tecnologías.
Debiéramos interrogarnos acerca de si las sociedades capitalistas de bienestar están destinadas a ser más ricas materialmente, pero más pobres moralmente. Aunque los expertos europeos y norteamericanos suelen estar de acuerdo en que el Estado de Bienestar atraviesa una profunda y seria crisis financiera,”lo más grave –como ha escrito el filósofo Michael Novak- es la crisis espiritual, porque el capital más importante es el capital humano”.
- Luis Sánchez de Movellán es Doctor en Derecho y Director de la Vniversitas CEU Senioribvs
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