Según el SEPLA, la Administración trata eludir su responsabilidad en el accidente del helicóptero de Torallola

El Abogado del Estado ha pedido la
absolución de los tres imputados por el accidente del helicóptero de Torallola,
en el que, en junio de 2002, murieron ocho personas mientras se realizaba el
servicio de revisión de las líneas de alta tensión de dicha localidad ilerdense.

Los tres acusados se han defendido estas últimas semanas ante la Justicia de
ocho presuntos delitos de homicidio imprudente y delitos contra los derechos
de los trabajadores.

En la misma línea, el Ministerio de Fomento figura como responsable civil
subsidiario, ya que fue bajo su supervisión cuando se realizaron todas las
irregularidades que, en última instancia, desembocaron en fatal accidente el 14
de junio de 2002. Con la inconcebible petición de absolución de los tres
imputados –el cuarto inicial ha sido absuelto al determinar el Juez que
respondía a órdenes de sus superiores- la Abogacía del Estado parece buscar
eludir la responsabilidad del Ministerio en este accidente.

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas quiere recordar que la
Dirección General de Aviación Civil de aquella época expidió un certificado de
aeronavegabilidad a un helicóptero que, a todas luces, no se encontraba en
situación de volar con una mínima garantía de seguridad. De hecho, la absoluta
falta de diligencia de Aviación Civil llevo a ésta, en un inicio, a emitir un
certificado de aeronavegabilidad que no se correspondía siquiera con el
modelo real del helicóptero, por lo que el programa de mantenimiento que se le
aplicaba no era el correspondiente y por tanto el adecuado a sus
características.

Posteriormente, fue la Dirección General de Aviación Civil francesa quien
advirtió de esta irregularidad a sus homólogos españoles, recomendándoles al
mismo tiempo que restringieran la capacidad operativa del helicóptero, dadas sus características defectuosas. Aviación Civil se limitó a suspender el
certificado, aunque sin paralizar el helicóptero.

Dicha inhibición de funciones permitió a la postre que, el 14 de junio de 2002, el
helicóptero fuera a revisar las líneas de alta tensión de la localidad de Torallola
con ocho personas a bordo, incluida la tripulación. Durante el vuelo, la cola del
aparato de separó del resto de la nave debido a su deficiente mantenimiento,
haciendo que ésta se precipitara contra el suelo. Los ocho ocupantes del
helicóptero fallecieron a consecuencia del impacto.

“Aviación Civil es la responsable última de las condiciones en las que operan
todas las aeronaves de matrícula española”, denuncian desde SEPLA. “Fue
Aviación Civil quien expidió certificados basados en falsedades, y quien
permitió, que ese helicóptero construido a base de chatarra estuviera volando
tanto tiempo. Por eso, no entendemos que ahora traten de eximirse de sus
responsabilidades hasta el punto de pedir la absolución de los responsables
directos del accidente”.

Sucesión de chapuzas según en SEPLA

La historia de la aeronave que se estrelló en Torallola es la máxima expresión
de los males de los que adolece el sector de helicópteros en nuestro país. La
sucesión de chapuzas, negligencia, mala praxis y permisividad de las
autoridades permitieron que se materializaran las condiciones para un trágico
accidente.

El helicóptero fue adquirido por uno de los imputados, P.M.S. Maturana, en una
subasta del Ejército del Aire, y se entregó sin elementos clave como el motor,
las palas o el rotor de cola. Su reconstrucción, realizada por el propio imputado
en un centro de su empresa Helieuropa, se hizo con piezas obtenidas en
diferentes museos. Una vez montado el aparato, Maturana consiguió que el
Subdirector General de Transporte Aéreo de Aviación Civil le expidiera un
certificado de aeronavegabilidad que no se correspondía con el modelo del
aparato.

A partir de ahí, y durante años, el programa de mantenimiento que se aplicó a
la aeronave no se correspondía con sus características reales, lo que a la larga
provocó que el helicóptero fuera deteriorándose, disminuyendo su capacidad
para volar. A pesar de las evidencias, Aviación Civil no inmovilizó la máquina y
se limitó a ir solicitando a diferentes departamentos un certificado adecuado
para el helicóptero, que finalmente se partió en pleno vuelo.

Sentar un precedente

Nueve años después del accidente, parece que el proceso judicial toca a su
fin. El TMA encargado del aparato ha sido absuelto de sus cargos al
considerar que se limitaba a cumplir órdenes. Sin embargo, la investigación ha
demostrado que el resto de imputados tuvieron conocimiento directo de los
defectos de la aeronave y no hicieron nada para remediarlo. Sólo así se explica
que durante años se aplicara un mantenimiento inadecuado para el modelo de helicóptero, algo a todas luces perceptible para un encargado de
mantenimiento.

De la misma manera, resulta especialmente importante destacar el papel que
Aviación Civil jugó en todo este entramado de chapuzas. “La Justicia tiene
ahora la importante misión de sentar un precedente que obligue a las futuras
administraciones a velar de manera efectiva por que se cumplan las
condiciones de seguridad exigidas por la ley”, manifiestan las fuentes de
SEPLA. “Esperamos que la irresponsable petición del Abogado del Estado de
absolver a los imputados no prospere. Sólo así podremos decir que hemos
ayudado a la seguridad aérea”.