-“La contratación pública representa aproximadamente el 17% del PIB y la mejora de la e-Administración ayudará a que se presten más eficientemente los servicios públicos”-

Pregunta: El pasado 15 de enero, el Parlamento Europeo aprobó unas directivas que obligan a todos los Estados miembros a adaptar su legislación para que toda la contratación pública sea electrónica. ¿Cómo ha sido el proceso de esta nueva normativa y cuáles son los plazos que prevé Europa para su implantación real?

Respuesta: La Unión Europea lleva años debatiendo cómo mejorar el sistema de contratación pública los Estados miembro. Sus mayores preocupaciones han sido eran la reducción de costes, el control de la corrupción a través de sistemas que aportasen transparencia, y posibilitar y facilitar el acceso a cualquier empresa a presentarse a una licitación, independientemente de su tamaño y país. Numerosos estudios han demostrados que todos estos objetivos se consiguen a través de la licitación electrónica.

En cuanto a los plazos, a pesar de haber hitos intermedios, la licitación electrónica será obligatoria para todo tipo de procedimientos de contratación en 2018.

Esta fecha, que parece lejana, no lo es tanto. Desde la Comisión de Contratación Electrónica de ANEI estamos convencidos que tenemos que avanzar rápidamente en esta dirección. Los beneficios que se han demostrado tras implantar la licitación electrónica en España, en aquellos expedientes de contratación que han optado por usar los medios electrónicos no aconsejan ni justifican agotar el plazo.

Pregunta: ¿Cuál ha sido la postura del Gobierno español ante esta propuesta de licitación pública electrónica, qué contactos-negociaciones se ha mantenido desde ANEI?

Respuesta: Desafortunada e inexplicablemente, seguimos a la espera de una respuesta oficial. Nuestra asociación representa a los principales operadores del sector, cuyas propuestas y soluciones están siendo ya utilizadas por más de 3.000 entidades públicas en toda Europa, incluyendo España. Nuestra experiencia demuestra –y así lo vienen afirmando también los organismos públicos que han contratado nuestros servicios- que nuestro know how está ayudando a mejorar la eficiencia de la contratación pública en nuestro país.

Entre otras cuestiones hemos constituido un Foro Nacional de la Contratación Pública Electrónica que permita y facilite la colaboración público-privada en esta materia. Esta iniciativa responde a uno de los objetivos fijados por la Agenda Digital para España presentada recientemente, el de “mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos”. Si tenemos en cuenta que la contratación pública representa aproximadamente el 17% del PIB nacional, cualquier mejora de eficiencia en este campo representará un importantísimo ahorro para las arcas del Estado español.

Pregunta: Quedándonos en España, ¿qué necesita nuestro país para estar al día en materia de contratación electrónica?

Respuesta: La actual Plataforma de Contratación del Estado ha demostrado a lo largo de los últimos años ser una excelente herramienta de transparencia y centralización administrativa. PLACE ha significado la constitución de un punto único de información de la contratación pública del Estado. Un nodo central de intercambio de información de contratación, que sirve como punto de encuentro entre compradores del Sector Público y licitadores.

Sin embargo, desde la Dirección General de Patrimonio se está yendo más allá de lo razonable, y se han puesto manos a la obra para desarrollar un módulo de licitación electrónica. Dicha solución será implantada en una fase inicial para dar servicio gratuito a la AGE y no sabemos si a continuación será “comercializada” entre el resto de sector público español.

En este sentido, debemos incidir en que la implantación de la licitación electrónica no es una cuestión meramente tecnológica. La gestión del cambio y el apoyo a los licitadores será la clave para obtener los resultados deseados.

Sin entrar a considerar la oportunidad o no de esta iniciativa, claramente intervencionista y perturbadora de la iniciativa privada, desde la Comisión de Contratación Electrónica de ANEI creemos que la Dirección General de Patrimonio, debería asumir otras funciones para garantizar la correcta implantación de la licitación pública electrónica en todo el territorio nacional, y apoyarse en la tecnología y know how del sector privado para implantar la licitación electrónica en la administración pública española.

A nuestro juicio, desde la Dirección General de Patrimonio se debería debe ejercer una labor de gobernanza, no de competencia hacia el sector privado, para guiar y supervisar la implantación de la licitación pública electrónica entre el Sector Público español, garantizando los máximos índices de eficiencia y transparencia, homologando las soluciones aportadas por los operadores privados, aportando así seguridad al sector público a la hora de implantar soluciones operadas por el sector privado. Esta homologación servirá para garantizar la seguridad, interoperabilidad y adecuación legal de dichas soluciones.

Pregunta: Usted ha manifestado que la contratación pública olvida a las Pymes, por favor, deme razones.

Respuesta: Según nuestra experiencia, uno de los principales problemas de las pymes y autónomos que quieren dar el salto a los concursos públicos es el alto grado de burocracia que implica, cargado de papeleo y con criterios dispares en función de cada administración. Estas circunstancias, unidas a unos pliegos de condiciones que en ocasiones no son del todo claros al determinar las exigencias del concurso, hacen que muchas pequeñas empresas desistan en su empeño antes incluso de comenzar.

No hay que pasar por alto que la generalización de la licitación electrónica entre la Administración General del Estado y las entidades de las administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no sólo agilizará los trámites, reducirá la burocracia administrativa, optimizará las gestiones y, por ende, el gasto, sino que también contribuirá a aumentar la concurrencia y la transparencia en las adjudicaciones de los concursos, beneficiando significativamente al tejido empresarial.

En un momento en el que nueve de cada diez licitadores son precisamente autónomos o pymes, el uso de la licitación electrónica impulsará la dinamización de la actividad empresarial. Dicho sistema permite difundir de forma mucho más activa la convocatoria de concursos, simplificar enormemente los trámites necesarios para presentar las ofertas y garantizar la seguridad de todo el proceso de evaluación y adjudicación.

Pregunta: Según cálculos de ANEI la contratación pública podría suponer un ahorro de 7.500 millones, pero imaginamos que habrían una importante inversión inicial para resolver este problema informáticamente, ¿cuánto se calcula podría costar el paso a la contratación electrónica y quién soportaría esta inversión inicial?

Respuesta: Esto sería así de adoptarse modelos tecnológicos no justificables en la actualidad. La licitación electrónica, como así se ha demostrado, se puede gestionar desde plataformas en la nube, cumpliendo con todos los requisitos en materia legal y de seguridad. Existe un amplio mercado de soluciones en España que ofrece estos servicios. Este modelo resulta mucho más económico, ya que se paga según su utilización. Además, se reducen los plazos y los riesgos a la hora de implantar un proyecto como este.

Pregunta: A partir de la normativa europea ¿cuál es el escenario que ahora se abre a nuestro país en esta materia y cuál es la postura del Gobierno?

Respuesta: Ahora a España le toca decidir cómo implantará la obligatoriedad de los medios electrónicos en la contratación pública. Desde la Comisión de Contratación Electrónica de ANEI estamos convencidos de que la colaboración público-privada será crucial para que la licitación pública electrónica sea una realidad en España. Existen diferentes formas de abordar esta cuestión y, entre todos, Administración Pública y Sector Privado, debemos encontrar la que mejor se adapta a nuestras necesidades y a nuestra realidad territorial, administrativa y económica. La regulación no puede, ni debe, realizarse de forma unilateral.

Sin esta imprescindible coordinación de esfuerzos asistiremos al nacimiento de diferentes modelos (nacionales, autonómicos o locales) que harán ineficaz esta transformación, gravando aún más a Entidades Públicas y licitadores. Asistiremos, como ya lo hacemos en la actualidad, al nacimiento e implantación de iniciativas inconexas y, en muchos casos, no interoperables, que, de generalizarse, convertiría en imposible cualquier intento posterior de regulación, con graves perjuicios para las empresas, sobre todo las Pymes. En un momento como el actual, debemos estar decididos a impulsar un modelo de contratación electrónica racional, que premie la eficiencia de empresas y administraciones. Métodos que favorezcan el acceso de las empresas licitadoras a concursos públicos a nivel nacional e internacional.