Una gloria incierta y tufo pestilente en Cataluña

Una de estas pestilencias, que está empezando a correr de boca en boca y alarma a todos, es la forma que ha surgido en Cataluña para entender las normas de convivencia que tenemos. O, lo que es lo mismo, la muy especialísima manera de aceptar y respetar la ley.

Hace unos días, se ha sabido cómo el expresidente Jordi Pujol aceptaba las leyes tributarias (en su beneficio) mientras encabezaba la clase política catalana. Al día siguiente, su sucesor, Artur Mas, también al frente de la política catalana y en una posición muy frágil, pedía al Presidente del Gobierno unas leyes, hechas a medida, para satisfacer la apetencia de un referéndum ilegal (en provecho de no se sabe quién). A la vez, se ha empezado a conocer lo que ocurre en la Biblioteca Nacional de Cataluña a la hora de respetar las leyes españolas (que puede que beneficie a alguien pero que parece va en contra del bien común).

Todo ello revela una forma de comportarse frente a la ley que, grandilocuencias y casos de renombre al margen, tiene un ejemplo nítido en lo que ha ocurrido, en la Biblioteca de Cataluña, una institución que depende de la Generalitat, que “asume la recepción, conservación y difusión del Depósito Legal de Cataluña” y que sirve de muestra para analizar la situación. Allí, como se ha denunciado, y se aclarará si ha lugar, se han utilizado unos modos que ponen de relieve una forma de hacer que parece improcedente. Por la forma de acatar (o no acatar) y entender (o burlar) las leyes españolas, además, se ha puesto en peligro (y puede que siga poniéndose) la seguridad de las personas y la integridad del patrimonio cultural español que se guarda en ella.

La situación en la Biblioteca de Cataluña, que no es única, se ha descubierto por un litigio en el que está implicada Segur Ibérica S.A., una empresa de seguridad en la que hizo carrera profesional, hasta llegar a presidirla, el actual ministro de Defensa Pedro de Morenés y Álvarez de Eulate.

En principio, parecía que las querellas que interponían una empresa de informática y la Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción (ASPACOM) contra Segur Ibérica S.A. no tenían otro interés que el meramente económico. Pero, al avanzar el proceso, lo que al comienzo parecía una simple disputa entre empresas está revelando un conjunto de irregularidades que ya han merecido sustantivos rotundos que merecen atención: Estafa. Cohecho impropio. Falsedad en documento mercantil. Delito contra los derechos de los trabajadores. Omisión del deber de Perseguir Delitos. Querellas. Uso de los Servicios Jurídicos de la Generalitat para defender intereses supuestamente opuestos a la Biblioteca de Cataluña. Revisión de comportamientos de funcionarios, abogados de la Generalitat, políticos, fiscales e incluso algún juez.

De momento, además de la disputa entre empresas, han empezado a salir a la luz las querellas que ya se han interpuesto contra personas de relevancia en la vida catalana por sucesos ocurridos en la Biblioteca de Cataluña: La Jefa del Servicio Jurídico de la Generalitat de Cataluña (Margarida Gil i Domenech, esposa del vicepresidente cuarto del Congreso de los Diputados y diputado por Tarragona Jordi Jané i Guasch), la Jefa del Servicio de Administración de la Biblioteca de Cataluña (Margarita Valverde Hernández) y el Responsable de Mantenimiento de la Biblioteca de Cataluña (Ferran López San Juan). También han aparecido las acciones judiciales que se han iniciado contra el delegado de Seguridad Ibérica SA en Cataluña y Baleares (Eric Cabezuelo Pey). Y, sotto voce, se filtran algunas estrategias procesales, Informes de detectives sobre actuaciones varias de personas relevantes, y se transcriben Actas Notariales y Declaraciones de testigos que ponen de relieve lo que parece una realidad alarmante.

Sin detenerse en personas, porque tiempo y lugar habrá de hacerlo, y formato más adecuado que un artículo de opinión para recogerlos, parece oportuno citar, siquiera someramente, los hechos que provocan la situación, la actividad que se desarrolla, los peligros que se generan y las normas que se mencionan en las acciones que ya se han emprendido ante los órganos jurisdiccionales que entienden sobre el caso.

Los hechos se refieren a la actividad de vigilancia y seguridad que una empresa, Segur Ibérica S.A., ha prestado en la Biblioteca Nacional de Cataluña a lo largo de unos años, tras ganar las licitaciones oportunas. Como es obvio, y no debería ser de otra manera, las licitaciones y los contratos de servicios se hicieron según las leyes vigentes, y esas leyes deberían ser respetadas por todos.

Sin embargo, se ha denunciado que algunas de esas leyes han sido tenidas en cuenta de una forma tal que el resultado, además de un tufo que huele a corrupción, produce toda una serie de consecuencias que se citan o intuyen en las querellas y que parece oportuno reproducir: Peligros para las personas que guardan y visitan la Biblioteca Nacional de Catalunya. Falta de seguridad en los tesoros culturales que allí están depositados. Certificaciones de funcionarios sobre hechos no totalmente comprobados. Uso de los Servicios Jurídicos de la Generalitat en defensa de personas con intereses supuestamente opuestos a la institución. Autos judiciales de difícil entendimiento para profanos. Pagos de cantidades importantes, que se denuncian como indebidos, por servicios no realizados según leyes y contratos. Y, lo que no es cuestión menor, comportamientos personales que, en un Estado de Derecho como el que creemos disfrutar, merecen un examen detallado, en beneficio de las personas implicadas e imputadas, de los intereses generales de todos, y del buen ser y hacer que se espera de todas las instituciones oficiales (también las catalanas).