Sin embargo, todos entendemos que la capacidad de endeudamiento tiene un límite y que cuando se sobrepasa, cabe el riesgo de que estalle la burbuja financiera, individual o colectiva, y que la economía del individuo, o de la colectividad, se vea gravemente afectada, con las consecuencias familiares, o colectivas, correspondientes.
Algo parecido ocurre, aunque con ciertos matices, en la economía de los países, si bien las consecuencias de los excesos pueden diluirse, a la fuerza, mediante las tensiones inflacionistas y las devaluaciones así como mediante las crisis económicas que trasladan a los ciudadanos las consecuencias de decisiones tomadas por los gobiernos de turno.
Por ello, todo gobernante tiende a actuar con “pólvora de rey” dejando al siguiente el encargo de atender y paliar los daños. Para evitar ese traslado de la carga a los sucesores, a veces los países han limitado la capacidad de sus Gobiernos para endeudarse, incluyendo límites constitucionales o estableciendo trámites y circunstancias especiales para poder emitir deuda.
Los españoles hemos ya casi olvidado la modificación constitucional que el Gobierno de Zapatero tuvo que hacer del artículo 135 de la Constitución como condición para evitar el riesgo de que la Unión Europea interviniese la economía española.
La modificación del artículo 135, introdujo cláusulas como las siguientes:
“El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario”
“Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.
“El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”
El montante total de la Deuda Pública española ha pasado de 392.497 millones de euros en 2005 a 966.181 millones en 2013, estimándose que en 2014 se acercará a los 990.000 millones.
El significado de estas cifras se pone de manifiesto si se comparan con el PIB español, pues en 2005 la deuda representaba el 43% pero llegó en 2013 al 94,5% y se prevé que en 2014 ronde el 97% del PIB y que, incluso en 2015 pueda llegar al 100% del PIB.
Estos porcentajes son inferiores a los de otros países europeos. En 2013, los superaron Grecia, 175,1%; Italia, 132,6%, Portugal, 129% e Irlanda, 123,7%, pero recordemos que tres de ellos fueron los países intervenidos por la Unión Europea, lo que implicó que tuvieron que dejar una parte muy importante de sus decisiones económicas en manos de la Unión Europea.
También es cierto que hay otros países europeos, no intervenidos, además de Italia, que nos superan en porcentaje de deuda frente al PIB, como es el caso de Bélgica, 101,5% y de Francia que parece ha alcanzado ya un porcentaje de deuda superior al de España en 2014.
Por otra parte, las altas cifras de deuda en 2013 de otros dos países europeos tan importantes como Reino Unido (90,6%) y Alemana (78,4%) inducen un poco a bajar la guardia pues al ser un mal generalizado parece que siempre habrá soluciones comunes.
Ello es cierto en alguna medida. Sin embargo, no cabe olvidar que cuando estalle la burbuja, cada país deberá enfrentarse a ella partiendo de su propia realidad y de su marco estructural: normativa interna económica y laboral, capacidad de reacción rápida y centralizada, estructura de sus sectores productivos, situación económica en ese momento (recordemos que España tiene un paro del 24,4% lo que representa 5.622.000 parados oficiales, a la que según opiniones habría que añadir los subocupados y los desanimados), etc.
La situación española se enfrenta al reto inexcusable de generar empleo para lo cual hay estimular la economía para que produzca bienes y servicios de mercado y también otros bienes, sin precio de mercado, pero valiosos tales como: reforestaciones, reformas urbanísticas, mejoras medioambientales, infraestructuras, etc. En paralelo es ineludible atender como prioritario los gastos de pensiones, sanidad básica y educación básica.
Todo ello representa una gran parte del presupuesto del sector público y, en la medida en que los ingresos públicos son insuficientes, necesita equilibrarse mediante financiación adicional, es decir, mediante la emisión de deuda pública.
El problema se agrava por la acumulación con la deuda pública ya existente y su intensidad se manifiesta por el porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado que deben destinarse a pagar el servicio de la deuda (amortización e intereses).
Esa partida ha crecido considerablemente en el último decenio, pasando de 49.333,3 millones en 2005 a 100.909 en 2013. En 2005, se destinaba un 17,6% de los Presupuestos Generales del Estado para pagar esa deuda. En 2013, un 24,7%. La situación ha empeorado en los dos últimos ejercicios y para 2015 prevén un gasto para el servicio de la deuda que representa el 29% de los citados Presupuestos.
El impacto económico de la deuda pública se percibe con más claridad si se compara con la evolución del gasto de las pensiones en los últimos 10 años.
En 2005 el gasto en pensiones fue de 79.221 millones mientras que el servicio de la deuda fue de 49.333 millones, lo que representaba el 62,7% del pago en pensiones. Sin embargo, en 2015 se prevé que el gasto de pensiones alcance la cifra de 131.659 millones mientras que la cifra del pago de la deuda será de 127.4888 millones, lo que significa que representará el 96,83% del pago de las pensiones.
En breve estaremos gastando tanto en pensiones como en intereses y amortización de la deuda y a este ritmo en 2016 se sobrepasará la cifra del gasto en pensiones ya que seguirá creciendo la deuda, salvo que se consiga un equilibrio entre ingresos y gastos públicos.
Ante esta dura realidad es imprescindible, por un lado, frenar el incremento del servicio de la deuda, que ha pasado de 104.923 millones en 2014 a los ya indicados 127.488 millones previstos para 2015, es decir ha crecido en un año en un 20%.
El pago de intereses en 2015 (35.490 millones) se prevé algo inferior al de 2014 (36.590 millones) pero los pagos por amortizaciones (91.998 millones) serán muy superiores a los de 2014 (68.333 millones). Por tanto, no cabe esperar que el freno al gasto en deuda pública pueda provenir de una hipotética reducción de la prima de riesgo la cual puede, por el contrario, subir si España entrase en una situación de inestabilidad política.
Por ello, estamos abocados a tomar valientes decisiones que revisen el gasto público y supriman gastos superfluos. Esto exige mucho coraje y apoyo político pero será imprescindible.
En paralelo, para que la economía no se deprima, habrá mantener la demanda global, reorientando el gasto público tanto para estimular la creatividad de la iniciativa privada como para iniciar actuaciones como las antes señaladas (reforestaciones, reformas urbanísticas, mejoras medioambientales, infraestructuras, etc) si bien priorizando las que realmente aporten valor y generen empleo.
Lamentablemente, no queda mucho margen para incrementar el volumen de la deuda pública por lo que será necesario poner el énfasis en garantizar la eficacia (incrementar valor) y la eficiencia (minimizar costes) de las políticas de gasto, tanto en los programas de gasto pequeños como en los grandes, haciendo que los gestores asuman responsabilidad y justifiquen qué hacen y sobre todo por qué.
Obviamente, aplicar esta filosofía económica obliga a que el mantenimiento o crecimiento del gasto público no se destine a incrementar el tamaño del sector público sino a que sea el sector privado, en general más flexible y eficiente, el que asuma la ejecución de una creciente parte del gasto público. La discusión sobre lo público y lo privado a la hora de la prestación de servicios públicos debe objetivarse mediante sus respectivos datos de costes que, al final, son los que de una forma u otra recaen sobre los ciudadanos.
La deuda pública española actual es una gran losa para nuestra economía. Mirando la botella medio llena, hay que verla como un desafío, como un estímulo a realizar una gran reforma de los programas de gasto a fin de garantizar que realmente todos y cada uno de ellos aporta valor y no despilfarra los recursos.
- Enrique Miguel Sánchez Motos es Administrador Civil del Estado
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