“No basta con aplicar la Ley (y IV)”

Habíamos quedado en que la manera estable de convertir por fin España en una Nación moderna, ilustrada, solidaria, respetable y potencialmente próspera reposaba en la Educación en el sentido más amplio y noble. En ese sentido habría que tomar urgentemente las siguientes medidas: recuperar lo antes posible por parte del Gobierno de la Nación las competencias en Educación, muy particularmente las del contenido esencial y la alta inspección que deberá ser muy severa.

Se deberá dar a luz una asignatura de formación cívica y democrática en la que se aclaren conceptos claves de nuestra Constitución, como la citada de la creación activa y permanente de una sociedad de libres e iguales, pero también otras nociones, como que siempre será más importante luchar por lo que une que por lo que separa, que el idioma español nos une y ha de ser preservado como lengua de comunicación propia y universal, que es un absurdo intolerable hablar de decisiones bilaterales entre regiones y el Gobierno de todos, que las regiones son divisiones administrativas y cambiantes en el tiempo y España es una Nación, que el patriotismo integrador debe imponerse a regionalismos y “nacionalismos” excluyentes, arcaicos y destructores de nuestra convivencia, también debe imponerse a “patrioterismos” de cualquier ámbito, que el “autogobierno”, suponiendo que sea necesario, tiene un límite infranqueable que se alcanza en el momento en que daña a la solidaridad e igualdad “de facto” entre españoles, que el mayor y más obligado defensor de cualquier región de España es el Gobierno de la Nación, que cualquier diputado elegido lo es para defender toda España y no sólo una parte, y un largo etc… claramente identificable por el sentido común y ciudadano y que es moneda común en democracias avanzadas de nuestro entorno. Se acompañaría de una asignatura Historia de España cierta y académica que se daría en todos los colegios de España, y en Español.

Perfectamente compatible con asignaturas regionales que explicasen, desde la verdad científica, la historia y cultura de la región en que habite el alumno, temporal o permanentemente. Sería indispensable que esas asignaturas fueran elaboradas por el mundo de la Academia, en áreas de la Historia, de la Pedagogía, de la Sociología, etc... y muy alejadas del mundo de los Partidos. La participación de científicos extranjeros de prestigio sería muy recomendable. Por supuesto, será también indispensable educar en la riqueza cultural de España y potenciarla y mantenerla con los impuestos de todos como tesoro común, pero sin atribuirle ninguna fuente de mayor poder político.

Este sería el primer gran paso, arrumbar desde la escuela la mentira y la manipulación y educar en valores de convivencia democrática de ciudadanos libres y solidarios por encima de todas las cosas. Ya avisamos que, por supuesto, es tomar partido activamente. Otros modelos de sociedad son posibles. Pero éste es el que restablece los valores constitucionales que elegimos en el 78. No son derechos de territorios, son derechos de todos los españoles.

Pero la escuela y la formación ciudadana no lo es todo en la Gran Educación, como advertimos. Y, aún más, las otras acciones educativas deben permitir y crear el marco para que el instrumento propuesto pueda utilizarse con armonía y eficacia. Citemos dos actitudes urgentes a tomar, y una a medio plazo. En primer lugar, hay que decir muy alto y claro que aplicar la Ley sin dubitaciones, y más en los temas de trascendencia nacional es una potentísima vía de educar. Trascendental vía. En cambio, inhibirse por miedo o interés, o, sencillamente, ser cómplices de delincuentes desde posiciones de gobierno, es deseducar, además de constituir una de las peores formas de corrupción. Con toda claridad: la no aplicación del artículo 155, en la proporción adecuada, hace al menos diez años, es el mayor atentado que ha sufrido la democracia española desde el golpe de Tejero. No lo es el cuasi-golpe de Estado grotesco del 27-S, digo bien: el no aplicar a tiempo el 155. Eduquemos todos inminentemente aplicando la Ley y cumpliéndola, y exigiendo que se cumpla.

La segunda acción es asegurar una libertad de expresión realmente plural y diversa. Aunque esta libertad, como todas, tiene sus límites (p.e. no se pueden mantener propósitos racistas o negacionistas, y me parece muy bien) conviene restringirla lo menos posible y sería mal camino. El drama de los últimos decenios en España, es que por los medios, televisiones y activismos públicos, se ha deseducado porque ha sido inmensamente preponderante la altavocía de los valores destructivos frente a la inhibición de los que debían replicar. Por cierto, tanto dentro de España como fuera. No vean lo que la diplomacia española ha permitido intoxicar sin réplica en las Instituciones Europeas, problema con el que me enfrento cada día. No se puede ni debe impedir que los estrafalarios destructivos, interesadamente, cuenten sus mentiras a lo Goebbels, intenten lavar cerebros, adoctrinar en la falsedad etc… pero cada acción en ese sentido tiene que tener una réplica inmediata de intensa difusión y del más alto nivel intelectual y con “auctoritas”. Eso también es una manera esencial de educar. Para no alargarme, dos ejemplos, entre muchos: ¿Cuántos debates televisivos han visto Ustedes entre el presidente de la Academia de la Historia, o el egregio Joseph Pérez y cualquiera de los extravagantes historiadores felones? ¿Les han explicado a Ustedes qué es eso del hecho diferencial, la importancia que tiene para la convivencia, y por qué tiene que ser más diferencial que el andaluz o el castellano-manchego? Pues eso.

Entiendo que con las medidas anunciadas, de puesta en marcha inmediata, España empezaría una larga andadura en la buena dirección de hacernos a todos más libres, solidarios, fraternales y partícipes de un gran proyecto común secular, alejado de todo racismo y etnicismo. A mayor plazo, será sin duda muy útil revisar la Constitución para hacerla más sólida, menos manipulable, más moderna y más justa. Deberán desparecer algunas aberraciones como apelar a derechos históricos, a veces inexistentes, pero absolutamente impropios de una democracia de ciudadanos del siglo XXI o la introducción de privilegios medievales para algunas regiones que han supuesto un grave error que ha hecho metástasis imposibilitando de facto la igualdad indispensable entre españoles. También se deberían revisar, sin duda, las fronteras interiores de nuestras regiones, adaptándolas a las posibilidades técnicas y económicas de nuestro tiempo, para unos 50 años, y no dibujarlas en función de intereses caciquiles o de Partido. Mucha tarea, pero para dentro de un tiempo. Empecemos por lo urgente, pues la renovación constitucional siempre será más fácil entre todos cuando estemos desintoxicados, mejor educados e informados y los destructores se enfrenten al peso de la Ley.

Esa es mi modesta propuesta, sin duda mejorable por cualquiera de Uds... Honradamente no soy capaz de ver otra solución profunda. Lo que no funciona, lo que nos lleva al abismo, es lo que hemos hecho hasta ahora. Esperemos que los ciudadanos retomen, para los próximos siglos, el timón de esta España que zozobra.