La viabilidad del actual sistema público de pensiones si se puede cuestionar

A mi entender, existen una serie de dudas razonables para poner en entredicho esa seguridad de percepción de las pensiones con el actual sistema. En las próximas líneas, me centraré únicamente en el capítulo de ingresos, y no de gastos, ya que abordar los gastos con el aumento de la esperanza de vida, la inversión de la pirámide poblacional y la cada vez más tardía incorporación al mercado laboral de nuestros jóvenes, nos haría perder de vista el verdadero foco del problema actual de la seguridad social.

Para intentar argumentar mi desconfianza sobre la garantía de las pensiones con el actual sistema público , debo de remontarme al año 2000, cuando partiendo del Pacto de Toledo, y tras diferentes acuerdos en foros y ámbitos de dialogo entre fuerzas políticas y sociales, el gobierno de España estableció un fondo especial de estabilización y reserva destinado a atender las futuras necesidades en materia de prestaciones contributivas originadas por desviaciones entre ingresos y gastos de la seguridad social española, dando origen al Fondo de Reservas de la Seguridad Social. Pues bien, ese fondo que llego a tener 66.815 millones de euros en el año 2011, ha ido reduciéndose hasta el actual de 25.255 millones de Euros. Y eso se ha producido como consecuencia del déficit de la seguridad social, que para atender la cada vez mayor cuantía de la pensiones a pagar, y ante la cada vez menor recaudación del sistema, ha tenido que “echar mano” de dicho Fondo para atender las obligaciones contraídas.

Esta disminución de ingresos, se basa en la ingente salida de contribuyentes del sistema público de pensiones, que llegó a perder 3,8 millones de contribuyentes. Aquí es donde viene la primera duda razonable; Si bien es cierto que se perdieron 3,8 millones de contribuyentes en el periodo 2007-2014, desde esa fecha se han incorporado un total de 1,6 millones de nuevos contribuyentes, por lo que si los niveles de creación de empleo se mantuvieran según las expectativas del gobierno, al final de la legislatura se volverían a un número de contribuyentes similar al del inicio de la crisis y por tanto, a tener un superávit en la seguridad social y volveríamos a ir generando aportaciones al fondo de reserva. Y sin embargo no es así.

La explicación hay que buscarla en el salario medio de las nuevas contrataciones, muy por debajo de la media de las pensiones a pagar (quiero recordar que el sistema público de pensiones es un sistema redistributivo de las aportaciones) y sin visos, a pesar del incremento del PIB español, de claras mejoras. Es decir, realmente nuestro mercado laboral está redistribuyendo las rentas del trabajo entre un mayor número de personas, no variando sustancialmente la aportación total sobre los ingresos de la seguridad social, lo que hace que el déficit de la misma, pase a ser algo estructural, y por tanto se necesite ver desde que vía se aporta los requerimiento necesarios para atender las necesidades futuras, ya que el fondo, según las previsiones facilitadas por el gobierno, quedara en negativo en diciembre de 2017. A partir de aquí, ya hay que poner un condicionante a la garantía del cobro de las pensiones. Estas se podrán atender a partir de diciembre de 2017 siempre que se busque una línea de financiación extraordinaria para cubrir el déficit estructural del sistema tal y como está concebido en la actualidad.

Pero si tuviéramos que cubrir ese déficit (unos 20.000 millones de euros anuales) desde los presupuestos generales del estado, y teniendo en cuenta las exigencias actuales de cumplimiento de déficit público, necesitaríamos generar una recaudación extraordinaria vía impuestos de la misma cuantía, lo que supondría necesariamente una subida de impuestos. Y aquí es donde viene mi segunda duda razonable; si incrementamos la presión fiscal sobre los ciudadanos y empresas, ¿podemos asegurar los actuales niveles de crecimiento y de consumo interno necesarios para seguir consolidando el crecimiento del empleo? La experiencia nos ha demostrado que el incremento de la presión fiscal actúa como un claro freno del consumo interno y por tanto es contraria al crecimiento de nuestra economía con el actual modelo productivo.

Bien es cierto, que ante el actual déficit de 20.000 millones, podríamos optar por incrementar las bases de cotización a la seguridad social de empresas y contribuyentes en cantidad suficiente como para cubrir dicho déficit, cuadrando así sobre el papel las cuentas, pero esto supondría un mayor sobrecoste para las empresas y tal vez una disminución de los ingresos de los actuales contribuyentes. Y aquí viene otra de mis dudas; ¿Pensamos que esto no tendría un efecto demoledor sobre la productividad de nuestras empresas poniendo así en cuestión el actual crecimiento económico y por tanto la garantía de seguir creando empleo?

Todo lo expuesto anteriormente, lejos de dejarme tranquilo, me inquieta. Realmente, ¿no deberíamos de cuestionarnos solamente como cubrir este déficit estructural, sino replantearnos el modelo laboral actual? Es evidente, que con una tasa de desempleo histórica superior al doble de la media de la unión europea, una tasa actual de desempleo juvenil en torno al 50%, con más de 5 millones de contribuyentes cotizando en base al salario mínimo interprofesional, una temporalidad próxima al 90% de las nuevas contrataciones y un salario medio cada vez más bajo, se hace muy difícil poder remontar esta situación de déficit estructural en la seguridad social. Así que el debate debería de centrarse en un único punto de partida: o nos planteamos una remodelación del actual sistema productivo y retributivo del mercado de trabajo, o deberemos de asumir que nuestras pensiones presentes y futuras se van a ver reducidas en una cuantía considerable. Y desde luego, esto diga lo que diga nuestra ministra, no es nada tranquilizador.