España, sus gobiernos, sus políticos y sus ciudadanos llevan años presumiendo de una transición modélica y de una Constitución que ha anclado la democracia en nuestro país. La verdad es que, si la democracia se ha anclado, no creo haya sido por la solemnidad y el respeto mostrado hacia nuestra norma fundamental. Recordemos que ese respeto solemne es el respeto a la clara mayoría de los ciudadanos que son la única base de nuestra democracia, la única fuente de soberanía. El Reglamento del Congreso de los Diputados requiere que el acatamiento de la Constitución se realice mediante promesa o juramento presencial; llevamos años viéndolo en las retransmisiones de sus sesiones constitutiva, cada nueva legislatura. También me afectó a mí que, como europarlamentario, tuve que prometer la CE ante la reunión en pleno de la Junta Electoral Central. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) exige ese acatamiento. Evidentemente, no especifica cómo hacerlo, confiando en la ética y el sentido común de los reguladores, lo que en España es mucho suponer...
El Reglamento del Parlamento de Cataluña ha optado por reproducir esa fórmula y NO especifica formalidad alguna para realizar esa promesa o juramento. Pero esa falta de formalidad a desarrollar NO puede permitir una prostitución de la solemnidad NI, sobre todo, un incumplimiento del requisito.
El pasado miércoles los diputados electos en Cataluña -salvo presos, fugados y algún que otro indispuesto- asistieron a la sesión constitutiva de su Parlamento. La fórmula elegida por muchos de ellos para cumplir con el requisito de acatar la Constitución fue prometer por imperativo legal y recordar que lo que les movía era actuar con plena fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña, y no otra cosa. Obsérvese ya el “fraude de Ley” que suponen esas afirmaciones grotescas. En primer lugar, se basan en la apelación a un tal “pueblo” de Cataluña, concepto por precisar (supongo que por abolengo le pertenezco) con algunas acepciones de evocación racisto/vigésima que conviene despejar.
Pero en caso de que existiera ese “pueblo” catalán español, lo que es seguro es que se encuentra englobado en el colectivo que sustancia nuestra Constitución. La Constitución ampara y protege a todos los derecho habientes a un DNI español, luego al servirlos, seguro que se sirve al “pueblo catalán español (dejemos en paz al Rosellón en nuestras solemnidades patrias). Luego no hace falta ser redundante. Y cuando más redundante y estúpido se demuestra ser es el momento en el que se apostilla aquello de “por imperativo legal”. Claro… ¿Por qué va a ser sino? Por la misma razón que Ud. circula por la derecha. Pero el derecho no puede ser ingenuo ni ir contra el sentido común, y permitir esas payasadas supone aceptar la intencionalidad de prostituir el requisito solemne. No conozco democracia europea donde eso se permita, y es difícil mantener la objetividad y la templanza ante tal aberración para cualquier demócrata que ha de defender su circunscripción por Europa.
Pero mucho más me preocupa que se esté, sencillamente, incumpliendo netamente el requisito indispensable de manifestar pleno y leal respeto a la soberanía popular a la hora de poder acceder a un cargo público. No es concebible, porque está implícito y es inherente a la solemnidad y a la validez del acatamiento a la Constitución que el compromiso solemne ante el pueblo soberano no se efectúe ante testigos cualificados que lo representen. La Constitución se debe jurar públicamente ante representantes electos o elegidos, o ante fedatarios públicos habilitados para ello. Si eso no se da, no es sólo una rebaja inaceptable de la solemnidad y una falta de respeto a los ciudadanos. Es, sencillamente, que no puede ser válido. Yo no sé quién ha firmado el escrito de acatamiento del fugado Puigdemont, quien le vende los cucuruchos de frites en la Place Jourdan. Nunca lo sabremos porque ni siquiera se pide autentificación de firma.
Discutir sobre la delegación de los votos de los fugados en Bélgica es secundario, carne de memes. El verdadero problema es que quieren delegar un voto adherido a un cargo que no han aceptado desempeñar. Alguien debe reparar en que el fugado Puigdemont no ha cumplido para poder recoger el acta.
Desde luego, la dejadez de quienes han gobernado este país durante decenios, combinada con la permisividad de las oposiciones rotatorias y los valiosos escaños chantajistas de partidos nacionalistas y secesionistas sobrerrepresentados en el Congreso ha ayudado a que todo esto pase. La Constitución de todos los españoles está a día de hoy degradada y desposeída de toda solemnidad. Ya fue su articulado moneda de cambio en su momento, y ahora lo está siendo su necesaria reforma. Lo que más me preocupa es que terminará por venderse la dignidad de los españoles demócratas. No digamos su prosperidad, a intereses de poltrona, en primer lugar. Después se venderá su libertad, y al final desaparecerá cualquier atisbo de democracia.
Es hora de reaccionar en todos los frentes, pero también en el jurídico. La sociedad civil, es decir, la soberanía popular inmensamente mayoritaria, debe exigir los cambios elementales. La solemnidad arrebatada, o aún peor, nunca otorgada a la forma de acatar la Constitución por parte de los diputados electos puede recuperarse fácilmente. Basta con modificar el artículo 108.8 de la LOREG y listo. Está claro que introducir un cambio en una ley orgánica como esta requiere unas sólidas mayorías, difícil de alcanzar hasta que la izquierda española resurja como tal y se preocupe de la libertad e igualdad de la mayoría de los españoles. Ahora bien, luchando desde la sociedad civil se puede conseguir.
Es el momento de dar un golpe de timón y abordar estos problemas y sus consecuencias, incluso en la pedagogía de un espíritu democrático fuera de toda confusión felona. Emplazo a los legisladores y reguladores a hacerlo ya. Las formas importan. La solemnidad importa. Lo que no debe importar es lo que una cuadrilla de golpistas, etnicistas y supremacistas nos quieran imponer para destruir nuestra democracia.
Si (
No(
A favor (
En contra (
