Tras casi diez años de instrucción, sin tener en cuenta las diligencias archivadas en dos ocasiones, en los últimos días se ha vuelto a prorrogar la investigación contra Vladimir Kokorev, acusado -en los últimos autos no de forma clara- de ejercer de testaferro de Teodoro Obiang en España y lavar presuntamente veinte millones de euros. El proceso no sólo se dirige contra el empresario jubilado e intervenido del corazón tras treinta meses de prisión preventiva sino también (como en tantos otros casos de presunta corrupción en la vida pública española) contra su esposa, Julia Maleeva, de oficio ama de casa. Desde que se reavivase la investigación hace tres años con el testimonio bajo sospecha de un ex abogado de la familia hispano-rusa, Ismael Gerli, se han realizado numerosas diligencias contra la esposa de Vladimir Kokorev sin que las pesquisas contra ella hayan progresado: “no se han obtenido datos nuevos de carácter inculpatorio al haber estado siempre al margen de los negocios y la operativa de su marido”, de acuerdo con las defensas, y “no hay perspectivas razonables de hacerlo, por lo que debería procederse al archivo de su causa”.
Mientras la UDYCO canaria, dirigida por la jueza del Instrucción nº5 de Canarias, Ana Isabel de Vega, ha avanzado en sucesivos informes policiales para analizar el destino de los veinte millones originalmente percibidos por Kokorev en sus operaciones en el sector naviero y los bienes de equipo en la antigua colonia española, esos mismos oficios acreditarían la falta de participación de Julia en los hechos investigados, y la incapacidad por consiguiente de imputarla penalmente.
Tanto jueza como el fiscal anticorrupción canario, calibran ahora, a raíz de la petición de las defensas, si tras acreditarse que la esposa de Kokorev no tenía ninguna función directiva ni organizativa ni de ninguna otra índole ni en la sociedad inicialmente investigada -Kalunga Company- ni en otras compañías administradas por su marido, archivan su caso.
La propia policía canaria, en documentación presentada ante los tribunales, no ha rebatido ni refutado que Julia Maleeva ignoraba la procedencia de los fondos manejados por su marido y, en consecuencia, nunca podría haber tenido voluntad alguna de participar en la comisión de eventuales delitos, en el caso de que la justicia pudiera en el futuro acreditarlos.
Las simulitudes con el caso Noos
La justicia canaria estudia si en relación a este caso podría aplicarse la doctrina de la Audiencia Provincial de Baleares, en el conocido como ‘caso Noos’, en que se investigaron las actividades de corrrupción de Iñaki Urdangarín, Diego Torres y sus respectivas esposas; doctrina según la que “no basta la mera participación accionarial en una sociedad para la comisión de un delito de blanqueo de capitales (…) debiendo acreditarse no sólo la ilícita procedencia de los fondos sino el conocimiento y voluntad necesario para la comisión del delito”.
La pelota está ahora en el tejado de los tribunales que determinarán si los indicios que hasta ahora se habían manejado sobre la participación de Julia Maleeva en actividades presuntamente delictivas van “más allá de la lógica existencia de un patrimonio conjunto con su marido”; y si supuesta en libertad total significaría algún riesgo para lo que pueda restar de investigación.
Si (
No(
