Una de las ventajas del confinamiento que vivimos es que tienes muchas horas para pensar y leer, pero sobre todo para pensar. El último año he tenido que leerme la Constitución Española y como dice Pablo Iglesias nuestro flamante y mujeriego vicepresidente “si hablas de la Constitución es para aplicarla”, y si un personaje como éste ( que hubiera durado media hora en el viejo Partido Comunista, y que desde su aparición en la vida pública en aquellos programas de “Intereconomía” solo ha hecho mas que despreciarla y mostrar su voluntad de echarla abajo) diga que “si sacas la Constitución es para aplicarla” he dirigido mis reflexiones hacia ese interés de Iglesias en que “hay que aplicarla”.
El socialismo y con él, el comunismo más ordinario y casposo como es el comunismo chavista, han llegado al gobierno de España por la puerta de atrás, pero ahí están, gobernando junto a lo menos constitucionalista y democrático de nuestro país.
El socialismo y con él el comunismo chavista llegaron por la puerta de atrás al gobierno de nuestra nación porque partiendo de la mentira (causas de la moción de censura), la estupidez (papel de Rajoy en la crisis de Cataluña y en la propia moción de censura) lo han permitido
Las elecciones posteriores a la moción de censura, y que fueron “arrancadas” al señor Sánchez y que fueron un ejemplo para la posteridad de lo que, en qué se han convertido nuestra clase política, nunca mejor definida como “La Casta”, y junto a la gran mentira de Sánchez sobre cómo iba a ser su gobierno “nunca pactaría con separatistas ni con Podemos”, y presentando a las 24 horas de ganar las elecciones un gobierno de coalición con quien “no iba a pactar”, engañando el “doctor” Sánchez a seis millones de votantes, esas elecciones fueron el último empujón a la puerta trasera, de nuevo impulsado por la mentira, para que un gobierno social comunista se instalara en el Gobierno de España después de que el anterior se instalara hace 85 años con las consecuencias que ya todos los españoles deberían conocer pero que desgraciadamente solo conocen parcialmente y de manera deformada.
Si falsear la contabilidad de una empresa puede acarrear hasta la prisión, ¿qué no debería de acarrear el mentir en periodos electorales, en incumplir sistemáticamente programas electorales que luego se falsean de forma sistemática (por todos los partidos) ?, ¿por qué no hay un sistema punitivo que haga pagar a los falsarios la estafa a millones de votantes que confiaron en discursos y programas?
Pero como este punto se ha “colado” en el tema que me ocupa en estas líneas, vamos a dejarlo para otro momento.
En mi análisis de la Constitución dividí el articulado en dos partes, los artículos que eran “agradables” al votante de derechas, llamémosles “azules” y aquellos otros artículos que deberían de ser considerados como más “agradables” a los votantes de izquierdas a los que podemos llamar “rojos”.
De este análisis se pude concluir que, de ese articulado, llamemos “rojos”, se podía llegar a un país socialista, si, así como lo digo.
El análisis que realicé no estaba ni mucho menos impulsado por el temor de que esa estructura de artículos existiera y pudieran ser la base de medidas de confiscación y de implantación de un socialismo real, todo lo contrario, el estudio estaba enfocado a ver cómo se podían conjugar los dos tipos de artículos de la Constitución con los teóricos fundamentos democráticos de nuestra Carta Magna.
Nuestra Constitución, la cual yo no voté de forma consciente y proponiendo de forma activa la abstención, ha permitido un periodo de convivencia inigualable en la historia de España, por ese motivo y viendo que empezaban a “crujir” partes estructurales de la misma, me planteé analizar si el articulado de esa Constitución era capaz de cumplir los requisitos que la ciencia política exige a la acción política “crear para los ciudadanos una sociedad tranquila y democrática”, por lo que estaba claro que la deriva de la acción política no iba en esa dirección.
La Libertad y la Justicia Social son los dos pilares insustituibles de una auténtica Democracia, cuando uno de ellos falta, no existe dicha democracia.
Pues bien, mi análisis dirigió mi enfoque a la Constitución y a determinar si su articulado recogía los elementos suficientes como para que en nuestro país se pudiese vivir en libertad con la base de una justicia social profunda, y ¡sorpresa!, nuestra Constitución tiene todos los elementos necesarios como para poder vivir en libertad y en justicia social.
Nuestra Constitución es profundamente liberal en lo tocante a los derechos de todos los españoles como ciudadanos, el liberalismo desde su nacimiento no ha podido solucionar los problemas de justicia social para hacer realmente una sociedad de hombres y mujeres libres, el socialismo marxista nació por eso, por culpa de la incapacidad del liberalismo en cuyo seno se había desarrollado el capitalismo conjunción de los intereses económicos del viejo régimen autocrático anterior a la Revolución Francesa y los nuevos patrones de la industria y del comercio nacidos de la revolución industrial, y desarrolló su base teóricas en el corazón del país cuna de Liberalismo, Inglaterra. En Manchester Marx y Engel a la vista de lo que era la sociedad británica en donde la más completa miseria y degradación humana (nunca podremos agradecer bastante a Dickens su descripción de la Inglaterra victoriana),convivía a pocos kilómetros del centro de Londres con la acumulación de riqueza más obscena de la Historia.
Por tanto, había que ver si junto a los preceptos constitucionales basados en el liberalismo político había otros que pudiesen “complementar” en la vertiente social.
Como digo, así es, nuestra Constitución permite poder tener una sociedad profundamente liberal que defienda al ciudadano como destinatario de los derechos como tal poniendo por encima del ciudadano solo la Ley que protege a su vez esos derechos.
Y así es, en nuestra Constitución existen, frecuentemente olvidados, preceptos con los cuales se podría avanzar en corregir del liberalismo en general aquello que el liberalismo económico ha desarrollado desvirtuando esa idea liberal de Igualdad y Fraternidad en una Libertad base del ideario liberal.
Nuestra Constitución reserva, al menos, 17 artículos que firmarían ahora mismo Marx y Engel si vivieran, de forma relevante hay que señalar los artículos 128, 129 y 131.
A estos artículos les dediqué todo un trabajo de 24 páginas para ver como se podrían desarrollar dentro del marco de libertades ciudadanas recogidas en la Constitución un camino hacia nuevos modelos de economía que recogieran las aspiraciones de una sociedad más justa.
Pero por desgracia los artículos de la constitución, como toda Ley, no solo dependen de su redactado, sino también de su desarrollo reglamentario y sobre todo de su gestión por los que detentan el poder, es decir, el Gobierno.
Son en definitiva, como un bisturí, que en manos de un cirujano da la vida y en manos de un asesino la quita.
Pues bien, ahora tenemos unos auténticos sociópatas de la política con acceso al B.O.E. y a los medios de seguridad del Estado y con los recursos económicos necesarios como para comprar todas las voluntades que se requieran.
El señor Iglesias seguramente se duerme todas las noches releyendo los artículos 128, 131 de la Constitución, el 129 la verdad, no es que sea el comunismo y el socialismo marxista muy partidarios de su desarrollo.
Estos artículos, incluido el 129, desarrollados desde los principios constitucionales de libertad podrían ayudar a resolver ese “anarquismo económico” en donde el hombre está al servicio de la economía que es lo mismo que decir al servicio de las minorías que controlan la economía.
Estos artículos puestos en manos de personajes como Sánchez e Iglesias son un arma que asegura un invierno de libertades y de prosperidad social y económica, el cambio de época en nuestra vida social puesto en marcha por Rodriguez Zapatero y que está siendo desarrollado por Sánchez e Iglesias irá contra los que precisamente dicen defender, los humildes, los trabajadores, las mujeres y los jóvenes, pues su ineficacia e ignorancia no distingue a sus perjudicados solamente valoran las cuotas de poder que día a día van conquistando a costa de nuestra, débil, imperfecta y ninguneada democracia, que pese a todos sus errores nos ha permitido alcanzar cotas de prosperidad y convivencia nunca sentidas.
Si los ciudadanos no son conscientes, y la clase política se piensa que esto es un problema que se resolverá simplemente atacando al gobierno y esperando a unas nuevas elecciones generales (que como muy pronto serían dentro de más de tres años), se equivocan, en tres años estos fanáticos de salón, pero fanáticos al fin de al cabo, no van a desperdiciar su oportunidad de transformar a nuestra patria en un país sin libertades y sin esperanza de una vida mejor.
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Nota:
Artículo 128
Función pública de la riqueza
1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general
Artículo 129
Participación en la empresa y en los organismos públicos
1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción
Artículo 131
Planificación de la actividad económica
1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin, se constituirá un consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.