La nueva visión del Presidente Mirzizoyev para una paz sostenible en Afganistán

Al mismo tiempo, Shavkat Mirziyoyev subrayó que Uzbekistán, como vecino más cercano que se enfrentó directamente a las amenazas y desafíos de aquellos años, era muy consciente de todas las posibles consecuencias negativas de una evolución de la situación en Afganistán en ese escenario.

Para ello, se les pidió que se comprometieran de manera efectiva con Afganistán, así como que llevaran a cabo un diálogo concertado y coordinado con las nuevas autoridades de manera acorde con el cumplimiento de sus compromisos.

En primer lugar, se destacó la importancia de lograr una amplia representación política de todos los segmentos de la sociedad afgana en la gobernanza y de garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente los de las mujeres y las minorías étnicas.

Como señaló el Presidente de Uzbekistán, esto determina esencialmente las perspectivas de estabilizar la situación, restaurar la estatalidad afgana y, en general, desarrollar la interacción de la comunidad internacional con Afganistán.

Cabe señalar que Tashkent siempre se ha adherido a la posición de principios respecto a la necesidad de respetar la soberanía y la indispensabilidad de la solución pacífica del conflicto en Afganistán, la importancia de llevar a cabo un diálogo político y un proceso de negociación inclusivo que tenga en cuenta exclusivamente la voluntad de todo el pueblo afgano y la diversidad de la sociedad afgana.

En la actualidad, viven en este país más de 38 millones de personas, de las cuales más del 50% son minorías étnicas: tayikos, uzbekos, turkmenos, hazaros, y del 10 al 15% de la población son musulmanes chiítas, con representantes de otras confesiones. Además, el papel de las mujeres en los procesos sociopolíticos de Afganistán ha aumentado considerablemente en los últimos años. Así, según el Banco Mundial, las mujeres representan el 48% de la población de Afganistán, es decir, unos 18 millones de personas. Hasta hace poco ocupaban altos cargos en el gobierno, incluyendo la dirección de ministerios, trabajaban en educación y sanidad y participaban activamente en la vida social y política del país como parlamentarios, activistas de derechos humanos y periodistas.

En este sentido, sólo la formación de un gobierno representativo, el equilibrio de intereses de los grupos etnopolíticos y la consideración integral de los intereses sociales y socioeconómicos de todos los segmentos de la sociedad en la gobernanza del Estado son requisitos esenciales para una paz sostenible y duradera en Afganistán. Además, el aprovechamiento efectivo del potencial de todos los grupos sociales, políticos, étnicos y religiosos podría contribuir significativamente a la rápida restauración de la estatalidad y la economía afganas, y a devolver al país a la senda de la paz y la prosperidad.

En segundo lugar, es necesario impedir que las autoridades utilicen el territorio del país para llevar a cabo acciones subversivas contra los Estados vecinos y evitar el patrocinio de organizaciones terroristas internacionales. Se ha señalado que contrarrestar el posible crecimiento del extremismo y la exportación de ideología radical, y reprimir la infiltración de militantes a través de las fronteras y su transporte desde los "puntos calientes" debería convertirse en una de las tareas clave de la OCS.

En los últimos 40 años, la guerra y la inestabilidad en Afganistán han convertido al país en un refugio seguro para diversos grupos terroristas. Así, según el Consejo de Seguridad de la ONU, 22 de los 28 grupos terroristas internacionales, incluidos el EI y Al Qaeda, operan actualmente en el país. También cuentan con ciudadanos de Asia Central, China y la CEI en sus filas. Hasta ahora, los esfuerzos conjuntos han sido eficaces para eliminar las amenazas terroristas y extremistas que emanan de Afganistán y para evitar su propagación a los países de Asia Central.

Sin embargo, la prolongada crisis política resultante del complejo proceso de formación de un gobierno legítimo y capaz podría crear un vacío de seguridad en Afganistán. Esto, a su vez, podría provocar la activación de grupos terroristas y extremistas y aumentar el riesgo de que sus acciones se trasladen a los países vecinos.

Además, la crisis humanitaria a la que se enfrenta actualmente Afganistán hace que las perspectivas de estabilizar la situación en el país sean aún más remotas. Como dijo el Secretario General de la ONU, António Guterres, el 13 de septiembre, a Afganistán le podría esperar una catástrofe en un futuro próximo, ya que casi la mitad de la población afgana -18 millones de personas- vive en estado de crisis y emergencia alimentaria. Según la ONU, más de la mitad de los niños afganos menores de cinco años padecen desnutrición aguda y un tercio de sus ciudadanos están desnutridos.

Además, Afganistán se enfrenta a otra grave sequía, la segunda en cuatro años, que sigue teniendo un grave impacto negativo en la agricultura y la producción de alimentos. Este sector proporciona el 23% del PIB del país y el 43% de la población afgana con puestos de trabajo y medios de subsistencia. Actualmente, 22 de las 34 provincias afganas se han visto gravemente afectadas por la sequía, perdiendo el 40% de las cosechas de este año.

Además, la situación se ve agravada por la creciente pobreza de la población afgana. Según el Programa de Desarrollo de la ONU, la tasa de pobreza de la población es ahora del 72% (27,3 millones de personas de 38 millones), y a mediados de 2022 esta cifra puede alcanzar el 97%.

Es obvio que Afganistán no podrá hacer frente a problemas tan complejos por sí solo. Sobre todo porque el 75% del presupuesto del Estado (11 mil millones de dólares) y el 43% de la economía han sido cubiertos hasta ahora por donaciones internacionales.

La elevada dependencia de las importaciones (importaciones de 5800 millones de dólares, exportaciones de 777 millones de dólares), así como la congelación y el acceso restringido a las reservas de divisas, ya han impulsado considerablemente la inflación y el crecimiento de los precios.

Los expertos prevén que la difícil situación socioeconómica, unida al empeoramiento de la situación político-militar, podría provocar una afluencia de refugiados desde Afganistán. Según las estimaciones de la ONU, su número puede llegar a 515 mil a finales de este año. Los principales receptores de los refugiados afganos serán los países vecinos miembros de la OCS.

A la luz de lo anterior, el Presidente de Uzbekistán señaló la importancia de evitar que Afganistán se aísle y se convierta en un "Estado paria". En este sentido, sugirió descongelar los activos de Afganistán en bancos extranjeros para evitar una crisis humanitaria a gran escala y aumentar el flujo de refugiados, así como para seguir ayudando a Kabul en la recuperación económica y los problemas sociales. De lo contrario, el país no podrá escapar de las garras de la economía ilegal y se enfrentará a un aumento del tráfico de drogas, armas y otras formas de delincuencia organizada transnacional. Por supuesto, todas las consecuencias negativas de esto se dejarán sentir en primer lugar en los países vecinos.

A este respecto, el Presidente de Uzbekistán pidió que se consolidaran los esfuerzos de la comunidad internacional para resolver la situación en Afganistán lo antes posible y sugirió que se celebrara en Tashkent una reunión de alto nivel en el formato OCS-Afganistán con la participación de los Estados observadores y los socios del diálogo.

Sin duda, la OCS puede contribuir de forma importante a estabilizar la situación y garantizar un crecimiento económico sostenible en Afganistán. En la actualidad, todos los vecinos de Afganistán son miembros u observadores de la OCS, respectivamente, interesados en garantizar que el país no vuelva a convertirse en una fuente de amenazas para la seguridad regional. Los Estados miembros de la OCS se encuentran entre los principales socios comerciales de Afganistán. El comercio con ellos representa casi el 80% del comercio total de Afganistán (11 mil millones de dólares) con el extranjero.

Además, los Estados miembros de la OCS cubren más del 80% de las necesidades de Afganistán en electricidad y más del 20% en trigo y harina.

La participación de los socios del diálogo, entre los que se encuentran Armenia, Azerbaiyán, Turquía, Camboya, Nepal y ahora Egipto, Qatar y Arabia Saudí, en el proceso de resolución de la situación en Afganistán permitirá desarrollar enfoques comunes y establecer una coordinación más estrecha de los esfuerzos en materia de seguridad, recuperación económica rápida y resolución de los problemas sociales y económicos más importantes de Afganistán.

En general, los Estados de la OCS pueden desempeñar un papel clave en la reconstrucción post-conflicto de Afganistán, ayudándole a convertirse en un actor internacional responsable. Para ello, los países de la OCS deben coordinar sus esfuerzos para establecer una paz duradera e integrar a Afganistán en las relaciones económicas regionales y mundiales. Esto conducirá, en última instancia, a la aparición de Afganistán como un país pacífico, estable y próspero, libre de terrorismo, guerra y drogas, y a la seguridad y prosperidad económica en toda la región de la OCS.