Siete de cada diez pymes españolas aceptan plazos de pago más largos de lo que les gustaría

Estos datos, pese a seguir siendo altos, suponen una leve mejora respecto a 2020, donde el número de pymes que reconocía atravesar esta situación se elevaba 18 puntos porcentuales más (90%).

“Sin embargo”, alerta Solé, “lo que sí que ha ascendido es el último ejercicio anual es el nivel de desconfianza de las empresas respecto a la capacidad de pago de aquellos clientes con cuentas económicas pendientes”.

Es así como 6 de cada 10 empresas españolas no confían en que se cumplan estos pagos, mientras que en 2020 la cifra rondaba el 48%. A su vez, el 65% de las empresas van más allá y tienen la sensación de que el riesgo de impago aumentará todavía más en los próximos meses.

Más trabas para el crecimiento de las pymes

Las soluciones posibles a esta problemática son diversas, pero en general pasan por la colaboración entre empresas y su capacidad para ejercer como fuente de liquidez en el sector.

“Por otro lado”, explica el experto, “existen determinados productos de financiación, cuya contratación sirve, no para proveer liquidez a la empresa que lo contrata, sino para facilitar liquidez a sus proveedores. Este es el caso del confirming. Las grandes empresas, con mayor capacidad de obtener riesgo de sus bancos, deberían contratar estos productos para proveer de liquidez a sus proveedores”.

Por otro lado, también sigue siendo preocupante el número de empresas que “vetan” la utilización de líneas de factoring a sus clientes: “Por todo ello, si las empresas, grandes y pequeñas se apoyan mutuamente y tejen complicidades, podrán acceder a un buen volumen de liquidez que, en otro caso, no obtendrían”.

Más allá de esto, las dificultades de las pymes para conseguir liquidez y crecer no se limitan a los plazos de pago de sus clientes. Sin ir más lejos, el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) identifica más de 100 regulaciones en España que dificultan el crecimiento de las empresas.

“Se trata de una telaraña de normativa que a medida que la empresa va creciendo se la va cargando de nuevas obligaciones de todo tipo. Ello desalienta su crecimiento. De no existir esta regulación limitadora, España podría crear hasta 1,2 millones de empleos, lo cual provocaría un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) del 5,2%”, concluye el experto.