Se trata de una medida legislativa que se ha colado como coda o coletilla a una esotérica Ley de Presupuestos Generales para 2022, sin que tuviera nada que ver con dichos Presupuestos, lo que, siendo inconstitucional en abstracto, permite camuflar perfectamente la introducción de la disposición a la hora de votar. Hemos dicho que es inconstitucional en abstracto, porque sabido es que en el Reino de España es constitucional, o no, lo que diga o silencie el Tribunal Constitucional, así sea de disparatado o lesivo para el bien común, sin que el texto constitucional original sirva para gran cosa en multitud de casos, salvo para crear el esfuerzo de retorcerlo. Se da, además, la singular paradoja de que nadie duda de que las cuentas de los Presupuestos no se cumplirán, ni en sus gastos ni en sus ingresos, pero, en cambio la disposición alienígena introducida se pondrá en marcha inmediatamente.
Nos referimos a una disposición adicional final que impone, ni más ni menos, que los secretarios, interventores y tesoreros municipales, que son un cuerpo nacional centenario al que se llega por oposición nacional desde siempre, a partir de ahora, en Vascongadas, no serán sometidos a las normas de procedimientos del Estado español, sino que su gestión, selección, formación, control, y “orientación” estará en manos del Gobierno regional de la Comunidad vasco-española. En otras palabras, estarán en manos del consorcio separatista Bildu/PNV. Estamos hablando de asesoramiento y control legal, de denuncia de irregularidades fiscales o presupuestarias, de contabilidad “creativa”, de fiscalización del uso de dinero público, de estabilidad presupuestaria, de detección e impedimento de malversación, de trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda, de la defunción de la movilidad de los funcionarios públicos, y de igualdad ante la Ley. Excusamos decirles que, para blindar la dependencia del separatismo opresor, los funcionarios municipales en el País vasco español deberán dominar el vascuence…
En definitiva, estamos hablando de un paso de gigante en la desaparición del Estado de una parte de España. No creemos necesario comentar la gravedad del hecho para nuestra futura convivencia como ciudadanos “españoles”. Sólo recordaremos, por ejemplo, que a alguien, alguna vez, se le ocurrió ceder al Gobierno de Hispano-Cataluña, la competencia de la política penitenciaria. Ya hemos visto el resultado ignominioso e insultante para los que creemos en la igualdad ante la Ley como pilar democrático. Por eso la disposición final de fin de año es de consecuencias estructurales gravísimas para una España de ciudadanos unidos, libres, iguales y solidarios. Así acaba el 2021, ¿Qué quieren que les deseemos, a nivel ético y político, para 2022?...
Si (
No(
