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Según las propias palabras de Ruiz, "es algo que pasará seguro". Es más -dice- "ya hay países dentro de la Unión Europea con programas dirigidos a eliminar el efectivo". Lo cierto es que la eliminación de los billetes y monedas en circulación es algo que lleva tiempo sobre la mesa, pero la pandemia de la Covid-19 ha impulsado todavía más la popularización de métodos de pago digitales como las tarjetas sin contacto. A pesar de esta tendencia creciente, España es uno de los países de la Unión Europea que más se resiste a abandonar el dinero en efectivo para las pequeñas operaciones o pagos del día a día. Según los últimos datos arrojados por el Banco Central Europeo en el 'Estudio sobre el pago y actitudes de los consumidores en la Zona Euro' de diciembre de 2020, los pagos en efectivo supusieron el 82 % de todos los registrados, y el 66 % del volumen de las transacciones en España; unos datos que distan de otros países dentro de la Unión Europea donde el dinero en efectivo casi no tiene peso dentro de la economía. Según se muestra en el siguiente mapa, en Holanda únicamente el 34 % de las operaciones fueron en efectivo, englobando el 22 % del valor total. En esta línea se sitúan países como Finlandia, donde los pagos en efectivo fueron el 35 % de los totales registrados en el país.

Recuerdo cuando de pequeño mi padre me hacía bromas de cuanto son dos más dos y yo le decía que cuatro, él me contestaba que no que según la regla de cálculo de los ingenieros de caminos era 3,99 período. Me costó muchos años entender que la regla de cálculo era como “una computadora analógica, que dispone de varias escalas numéricas que les facilitaba el a los ingenieros una manera fácil y rápida de poder hacer cálculos, pero había que ser ingeniero para saber usarla”. Esto lo utilizo como introducción, porque hoy casi vamos a necesitar la regla de cálculo que los ingenieros de camino usaban en 1960, para poder entender cómo es posible que la deuda siga creciendo en nuestro país. Sabemos, por la Agencia Tributaria, que la recaudación de impuestos acumulada al mes de mayo fue de 97.097 millones de euros, frente a 81.538 que se recaudaron a la misma fecha en el 2021 o los 78.770 millones que se ingresaron en 2019.

Por lo que en este caso vamos a conocer que hacer cuando recibimos una, y lo primero que hay que saber es que no siempre que se recibe una notificación por parte de hacienda es para algún reclamo. Esto último, quiere decir que también puedes recibir una notificación de Hacienda con un carácter meramente informativo. También puedes recibir una notificación de este organismo porque has solicitado que se te dé de alta en algo, como puede ser el IVA intracomunitario. Obviamente en estos casos hay que estar tranquilo, ya que solo se trata de un mero trámite.

Los trabajadores del sector del juego privado agrupados en la Unión de Trabajadores de Salones de Juego (UTSAJU) han recibido con estupor los datos del Plan 2022 de Publicidad y Comunicación Institucional del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. La Administración General del Estado cuenta este año con un presupuesto para campañas de publicidad y comunicación de 158,3 millones de euros, un 28,34% más que en el año anterior. Por consiguiente, la inversión publicitaria total del Estado ascenderá a 286,7 millones, lo que supone un incremento del 17,7%.

Lejos de aflojar, la inflación continúa repuntando y poniendo en jaque a la economía global. Hacer frente a esta escalada de los precios supone un reto mayúsculo para los gobiernos de todo el mundo, pero, sobre todo, para las familias, que tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes. Para conocer cómo percibe la ciudadanía esta situación y cómo se plantean afrontarla, Ipsos ha realizado una encuesta en 28 países, entre el 26 de mayo y el 10 de junio de 2022. Según este informe, de media, un tercio de la ciudadanía en estos países (29%), tiene dificultades económicas, mientras que un 30% dice que vive con “lo justo”. En el caso de España, donde la inflación se sitúa ya en un 10,2% según el último índice de Precios al Consumo (IPC), cifra que no se veía en el país desde hace 37 años, el 23% de la población asegura tener problemas para gestionar sus finanzas, mientras que un 34% dice que tiene “lo justo”. Sólo un 9% afirma que vive cómodamente y 3 de cada 10 (32%) consideran que no les va mal.

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Este tributo es un tema recurrente entre expertos económicos, empresas y políticos ya que supone una excesiva carga para muchas compañías. Esto se debe a que grava de forma directa el beneficio de la renta de todas las sociedades y entidades jurídicas residentes en España. Su ineficacia y aplicación es un tema recurrente entre expertos económicos, empresas y políticos que debaten su solución. Otro de los rechazos que tiene entre las sociedades y empresarios es que supone una excesiva carga económica para las organizaciones. Esto se debe a que suele tener un tipo específico y es un impuesto que varía en función de la situación fiscal de cada empresa. Lo sufren aquellas compañías que carecen de una estrategia financiera y contable para llevar sus cuentas. Al margen de que es uno de los aranceles más complejos a la hora de presentar.

(Por su interés y rigurosidad, reproducimos a continuación con las autorizaciones necesarias este artículo del economista Jose Ramón Riera publicado en El Debate).- Tenía pendiente hacer un análisis de estos años no tanto con respecto al gasto como con respecto a los impuestos y lo que hemos tenido que pagar. Este análisis no contempla a la Seguridad Social, porque será motivo de otro análisis de cuanto han tenido que pagar los empresarios y los trabajadores, aunque antes y en artículos posteriores analizaremos los principales impuestos y cómo han evolucionado a lo largo de estos años. Para que los lectores entiendan qué es lo que hay en cada capítulo de ingresos me permito hacer un breve resumen, que espero y deseo contribuya al entendimiento de estos arduos conceptos.

España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de libre circulación de capitales. Esto es lo que ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con el régimen de la declaración de bienes y derechos situados en el extranjero, modelo 720, en su sentencia del pasado 27 de enero de 2022. La rotundidad de la sentencia es tal que España tiene poco margen para las excusas. Y deberá aplicarla con celeridad. De hecho, la Ministra Montero ya ha anunciado que los cambios se producirán antes del 31 de marzo de 2022, momento en que finaliza el plazo de la declaración del 2021.