Por tanto, focalizarse principalmente en los efectos de la pandemia sobre la economía española, como interesadamente se está haciendo desde algunas instancias mediáticas y gubernamentales, impide ver el denso y problemático escenario en el que ya nos movíamos con anterioridad a la presente crisis. Analizar el pasado reciente de nuestro país nos da muchas claves de lo que cabe esperar que suceda en los próximos meses y años, salvo que una mayoría social sepa reaccionar a tiempo y actuar con responsabilidad.

Si retrocedemos cuatro años, podemos reparar en un interesante informe redactado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. En dicho informe se comentaba el impacto que había tenido la crisis de 2008 y la consiguiente recesión sobre la situación de las clases medias españolas. En dicho informe se afirmaba que cerca de tres millones de personas se desplazaron de la zona central a la parte baja de la distribución de la renta. La crisis de 2008, con sus efectos en los sucesivos años se llevó por delante el 20% de su renta disponible.

Asimismo, la agencia Eurofound ha afirmado que España a día de hoy se situaría como el tercer país de la UE con menor porcentaje de clase media. Tampoco es casual que España sea actualmente el cuarto país más desigual de la UE y el número de hogares sin ingresos haya subido en 16.500 el año pasado hasta los 617.000. Dicho esto, ¿cabe esperar otro desenlace a la crisis de 2020 que no suponga una aceleración de la dinámica de extinción de la clase media y el progresivo y masivo empobrecimiento de una gran parte de la sociedad española?

Recientemente un informe de Intermón Oxfam plantea un pronóstico -a nuestro juicio ligeramente optimista-, en el que partiendo de que el PIB descienda un 9% (según las estimaciones de diferentes organismos internacionales y españoles) y que el desempleo pase del 13% al 19%, la población en situación de pobreza relativa se elevaría a 10,8 millones de habitantes, 700.000 más que en la etapa anterior a la pandemia. Esto significa que la tasa de pobreza relativa pasaría del 21,5% al 23,1%, porcentaje que en algunas Autonomías se dispararía hasta el 39,19% de Extremadura o el 33,85% de Andalucía. Este cuadro sociológico decimos que es optimista porque conforme a otras estimaciones, el PIB podría descender varios puntos más y el paro aumentar por encima del 20% durante los próximos años, con lo que cabría esperar un mayor deterioro de las condiciones de vida de una gran parte de la sociedad española.

En todo caso, los datos glosados arriba muestran que la crisis de 2020 y su impacto sobre la sociedad española, particularmente sobre su clase media, deben comprenderse sobre la situación causada por la crisis económica de 2008 y ésta a su vez debe ponerse en contexto con la estructura de la economía nacional y con las decisiones políticas que nos condujeron al modelo social actual. Por otra parte, no hace falta recordar que la paulatina erosión de la clase media está suponiendo un fenómeno socialmente regresivo porque es el colectivo que vertebra un país y le proporciona estabilidad sociopolítica. Una sociedad sin clase media, o donde está ha quedado muy laminada, suele sufrir crecientes tensiones y conflictos endógenos, siendo pasto del populismo, del crimen organizado y de la economía sumergida. Sólo la revisión de nuestra historia reciente puede arrojar algo de luz sobre las causas de esta problemática, que es posiblemente el mayor desafío que afronta nuestro país.

El origen de la clase media española hay que situarlo en los procesos desarrollistas y de industrialización realizados por el franquismo. El anterior régimen político, tras superar un periodo autárquico, consiguió establecer las bases sociales para una clase media mayoritaria, que comenzó a gozar del acceso a la propiedad de su vivienda, vehículo particular, empleo estable y un sistema universal de sanidad y educación. La expansión demográfica, signo del vigor social de un país pujante, se plasmó en el fenómeno de las familias numerosas y en una esperanza de vida cada vez más alta. De hecho, la fortaleza y modernización de la clase media en los años 60 y 70 permitió al régimen franquista legitimarse socialmente debido a las cotas de prosperidad material que se iban alcanzando. La estabilidad política fue capaz de crear confianza económica, aunar aperturismo hacia los mercados internacionales con algunas pautas y criterios proteccionistas, respetando la libre iniciativa empresarial, los derechos a la propiedad privada y los derechos laborales.

El comienzo del declive de esta dinámica social lo inició, paradójicamente, la izquierda española, inmediatamente tras tocar el poder, fundamentalmente en la segunda mitad de los 80 y primera mitad de los 90. La izquierda en el gobierno comenzó a distorsionar ese consenso tácito largamente madurado en la sociedad española, promoviendo la privatización y liberalización de los sectores estratégicos a cambio de la supuesta “homologación europea” de España. La derecha liberal simplemente continuó a finales de los 90 y comienzo de los 2000 este proceso iniciado por la izquierda. Lógicamente, la expedición del “carnet democrático” por parte de nuestros socios europeos no fue gratis, porque a cambio hubieron de ejecutarse los planes de convergencia, que a la postre significaron el desmantelamiento (“reconversión”) de la industria española (posicionada como la 9º del mundo a finales de los 60).

Estar en “Europa” de la forma en que se negoció y aceptó por nuestra partitocracia estatal desde la incorporación de España al club europeo en 1986 significó, en primer lugar, abandonar a su suerte a la industria española: los altos hornos (metalurgia y siderurgia), la minería, el agro, la pesca, las industrias lácteas, las empresas navieras y los armadores, entre otros sectores. Supuso transformar el modelo productivo español que tanto costó construir pocas décadas antes por otro al gusto alemán y francés, es decir, sin competencia real para sus respectivas economías. Bruselas orientó a España por la senda de la “turistificación”, fomentando una economía dependiente de la hostelería, la restauración y el urbanismo desaforado, a cambio de cuantiosos fondos europeos. Dineros que en muchas ocasiones nuestros políticos se pulieron sin apenas generar un desarrollo social efectivo ni duradero. El caso de Andalucía es el fiel reflejo de lo que sabe hacer muy bien la izquierda en el poder: tras 34 años percibiendo fondos europeos por dicha Autonomía (cuantificados en más de 100.000 millones de euros en total), sigue siendo una de las regiones más atrasadas de la UE, con un alto desempleo, una alta tasa de economía sumergida, unas tasas de abandono escolar sin parangón y con la vergonzosa deshonra de contar con el mayor caso de corrupción institucional de toda Europa (que supuso un latrocinio de 700 millones del presupuesto público).

Gracias a la izquierda institucional y a la mansedumbre de sus sindicatos, España se desindustrializó y fue convirtiéndose en un “país de vacaciones”, un país con una economía “terciarizada” y de baja productividad y competitividad, con un modelo social acorde con su nueva estructura económica. Se tuvo que asumir una altísima tasa de desempleo estructural y se potenció el endeudamiento masivo del Estado y del sector privado, así como la descentralización del Estado, con la consecuente duplicidad administrativa, la descoordinación de los organismos autonómicos y el encarecimiento de los servicios públicos. En definitiva, la implementación de este modelo “terciarizado” quedó al desnudo en la crisis económica de 2008. Tras una costosa recuperación, en el que los políticos de todo signo socializaron las pérdidas de sus entidades de crédito mediante las estructuras del SAREB y del FROB, pidiendo dinero a Europa y crujiendo a las clases medias con subidas masivas de impuestos, el mismo modelo ha vuelto a quedar quebrado tras el shock pandémico de 2020, cobrándose nuevamente como víctima a la sufrida y contraída clase media, a la que tocará pagar la fiesta de todas las negligencias y excesos políticos.

En los últimos meses, el gobierno social-populista no ha cejado en agravar la precarización de la sociedad española, y lo que es peor, la erosión de la clase media. El “escudo social” anunciado campanudamente por el gobierno significa que el Estado asume crecientes déficits presupuestarios que deberán ser cubiertos mediante la emisión masiva de deuda pública (adquirida por inversores internacionales a los que se retribuye con intereses) y subidas de impuestos (que impactan sobre todo en el patrimonio de las clases medias, que son en realidad la mayoría de los contribuyentes netos). La pauperización social causada por tantas políticas fallidas ha abocado a millones de personas a la dependencia, a la percepción de subsidios y ayudas públicas.

En este sentido, el ingreso mínimo vital viene a funcionar como una suerte de cartilla de racionamiento con la que los políticos van a tratar de neutralizar el creciente descontento social. De otro modo la situación podría hacer que se prendiera la mecha de un estallido insurreccional. El recién aprobado “ingreso mínimo vital” es sobre todo el reflejo del fracaso del socialismo y del populismo en España, que, debido a su incapacidad para generar riqueza y atraer inversión industrial y tecnológica, no puede producir empleo de calidad, digno, estable y bien remunerado. La propia terciarización de la economía lo impide, máxime si ésta pivota sobre el sector turístico, auténtico motor de la economía, que ha quedado gripado al volatilizarse su demanda durante los próximos meses.

Pero que nadie se equivoque. Esta situación tan dramática para millones de familias puede ser en realidad una coyuntura muy favorable para la propia izquierda en el gobierno, sobre todo para la más demagógica, que puede usar la desgracia social para extender su aspiración de control autoritario e ingeniería social. Los mecanismos de la comunicación institucional están permitiendo propagar los mensajes progubernamentales más fácilmente, regando con dinero público a los maltrechos medios de comunicación privados, entre los que destaca el servil duopolio televisivo. Pero tarde o temprano la producción y consumo de esta propaganda a través de los oligopolios mediáticos se dará de bruces con la dura realidad.

Mientras tanto, la tecnocracia europea y su banca central pueden volver a confiar en la izquierda española para instar y ejecutar sus programas de control y desguace de la economía nacional. Fue el partido socialista el que inicialmente pilotó la privatización y desindustrialización de la economía española en los 80 y todo indica que nuevamente será este partido, junto con sus socios de coalición populistas y comunistas, los que ejecuten las directrices del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. Como sucedió con la Grecia de Syriza, la izquierda española podrá mantenerse en el poder algunos años más, a cambio de realizar los ajustes y recortes sociales que se le exijan, en beneficio de los oligopolios industriales y tecnológicos, principalmente alemanes y franceses. Como ha demostrado en numerosas ocasiones, la izquierda española es maestra en garantizar la docilidad y disciplina de la población, ofreciendo paz social a Bruselas y ejemplaridad en la sumisión.

Otras noticias :::>>>

¿Quién quiere ser empresario?

https://www.elmundofinanciero.com/quien-quiere-ser-empresario-by-didac-sanchez